Paralelismos entre las facturas truchas de Scioli y Mendoza
Mientras en el país se habla de las facturas truchas detectadas en la gestión de Daniel Scioli como gobernador de Buenos Aires, en Mendoza existe un escándalo de similares características. Se trata del fraude millonario detectado en la Dirección de Ganadería en durante año 2015 y que es investigado por Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas y la Justicia Penal. El hecho ocurrió durante la gobernación de Francisco Pérez y aún no se resuelve.
Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el fallo 16.644 del Tribunal de Cuentas, en el que se observan las irregularidades cometidas por funcionarios mendocinos durante los periodos 2013 y 2014. Durante los mismos, se encontraron facturas irregulares y cobros indebidos por parte de los directivos de la Dirección de Ganadería.
La maniobra fue detectada por Fiscalía de Estado en febrero del 2015 y en septiembre de ese año la justicia Penal imputó a cinco empleados de la Dirección: Juan Manuel Tejada (director), Graciela Segura (contadora), Daniel Narváez (secretario), Andrea Lois (imputaciones contables y emisión de cheques) y Javier Romo (responsable de compras).

Juan Manuel Tejada era director de Ganadería.
A esos nombres, en el fallo del Tribunal de Cuentas suma el del por entonces subdirector Darío López. Todos ellos están bajo la lupa del órgano de control por distintas irregularidades: 1)Compra de bienes y servicios respaldadas con comprobantes ilegítimos 2) Omisión del registro contable de cheques emitidos, cobrados y conciliados en la Dirección Provincial de Ganadería.
En concreto, se trata de maniobras fraudulentas detectadas por el fiscal de Investigaciones de la Fiscalía de Estado, Javier Fernández, y que hoy son observadas por el Tribunal de Cuentas. En su momento se habló de una estafa que supera los 5 millones de pesos, pero el monto podría ser superior. A priori, se detectaron empresas fantasmas que se desempeñaban en todos los casos en idéntica prestación de servicio y por montos similares.
A raíz de ello, se pidió la cesantía de los implicados, algo que aún no se ha hecho efectivo. Según explican las actuales autoridades de la Dirección de Ganadería, los principales involucrados en la estafa son Romo y Narváez, mientras que al resto sólo se les puede criticar por negligencia en los controles.
En concreto, el Tribunal de Cuentas ha formado una pieza separada para que los involucrados se expidan respecto de varios casos en los que se constató que los domicilios consignados en la factura corresponden a domicilios particulares y el titular no realizaba los servicios detallados en las facturas, otro en el que habían tres proveedores con domicilio de no más de 60 metros de distancia y que según registros prestaron los mismos servicios. Además, al órgano de control le llamó la atención que entre varias facturas de proveedores con domicilios comerciales distantes, tenían registradas las mismas imprentas y la falta de correlación entre los números de factura de un mismo proveedor con las fechas de emisión de los comprobantes.
Entre los servicios facturados y que hoy están bajo análisis aparecen reparaciones de vehículos, servicios de impresión, reparaciones, lavaderos de automotores, servicios de albañilería y compras sucesivas de materiales en una ferretería de San Rafael.En base a ello, es inevitable el paralelismo con la investigación del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, que investiga una presunta maniobra destinada a "encubrir gastos" e irregularidades por aproximadamente 17 millones de pesos. En las últimas horas ordenó allanar una ferretería en Ensenada, donde se detectaron centenares de facturas apócrifas que eran abonadas por organismos estatales.

