Congelan cuentas de los represores prófugos
El Gobierno pidió hoy que se congelen cuentas bancarias de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, al tiempo que investiga un fideicomiso vinculado a uno de los prófugos del Hospital Militar.
Así lo informaron en conferencia de prensa los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y de Defensa, Agustín Rossi, quienes también indicaron que el Gobierno instó a que la AFIP informe sobre el estado financiero de ambos exmilitares.
Rossi no descartó que el fideicomiso detectado haya permitido "financiar alguna estructura de estas características que permita una fuga de esta manera".
El funcionario destacó que cuando el represor Olivera estaba "cumpliendo prisión, el fideicomiso cambia de titularidad, aparece una tercera titularidad controlante del mismo" y señaló que eso "llamó la atención".
Rossi y Alak destacaron que los CUIT vinculados a los represores fugados así como a las sociedades de las que participan "han quedado inmovilizados", como parte de una "acción que tomó el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, bloqueando las cuentas que corresponden".
Puntualmente, los funcionarios expresaron sospechas de que un fideicomiso armado por Olivera, uno de los dos sanjuaninos condenados por delitos de lesa humanidad que se fugaron la semana pasada del Hospital Militar, financia a otros represores prófugos.
Los ministros confirmaron que el Gobierno se presentará en la Justicia Federal para ampliar la denuncia que el viernes pasado radicó el director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, para que se investigue la maniobra que permitió la fuga de Olivera y de De Marchi, condenados a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Los funcionarios confirmaron que en la actualidad son sesenta los represores que se encuentran prófugos de la Justicia, aunque Alak advirtió que "a nadie escapa que una persona no puede permanecer más de dos días evadida sin apoyo financiero".
Rossi señaló que la "Dirección de Asuntos Jurídicos" de su cartera encontró un expediente por el cual Olivera" actuaba como abogado "representando a otros, a terceros y accionaban contra el Ministerio de Defensa".
Según sostuvo el ministro, Olivera transfería sus "honorarios a ese fideicomiso", que está conformado por Olivera y el capitán auditor Jorge Appiani, actualmente detenido por delitos de lesa humanidad.
"Olivera y Appiani en su carácter de abogados defendían a represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad y patrocinaban además acciones administrativas y judiciales contra el Ministerio de Defensa por actualización de haberes de personal de las Fuerzas Armadas", subrayó Rossi.
En ese marco, Sbatella especificó: "Con esa información aportada por Defensa corresponde a la UIF aplicar el artículo 306 del Código Penal. A todo terrorista de Estado prófugo le cabe el congelamiento de fondos, lo que implica: cuentas bancarias, tarjetas de crédito, fondos fiduciarios, además de las viviendas y vehículos".