Fragilidad financiera y la usura: las familias en un callejón sin salida que desemboca en delincuencia
Las complicaciones crediticias de millones de argentinos se corresponden directamente con un incremento en delitos de usura, o a raíz de ella.
La usura se vuelve cada vez más común en las familias con fragilidad económica, lo que muchas veces desencadena graves delitos.
Los alarmantes datos revelados por la consultora 1816 a partir de las cifras de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), que marcan un importante porcentaje de créditos familiares con atrasos superiores a 90 días en ascenso, lo que bloqueó el crédito para millones de familias argentinas. Esto significa un peligroso escenario donde gran parte de los afectados se ven empujados a acudir a préstamos irregulares, es decir, a usureros, que en muchos casos termina llevando a delitos más graves.
Así, el fenómeno económico denunciado estos días, que encadena 19 meses consecutivos de alza, revela una fragilidad financiera que no se veía desde la salida de la convertibilidad y que está funcionando como el principal combustible para esta actividad delictiva.
La magnitud de la crisis se traduce en una cifra alarmante: casi 7 millones de argentinos (un 27% de quienes tomaron financiamiento) dejaron de ser considerados "sujetos de crédito" por los bancos, al acumular atrasos de más de 90 días.
No obstante, aunque las puertas de la banca se cierren, las necesidades de consumo —muchas veces para subsistencia y alimentación— persisten. Es en este marco que el vacío dejado por las entidades reguladas está siendo llenado por prestamistas informales que ofrecen "dinero en el acto" sin requisitos, pero con condiciones asfixiantes.
La usura: los detalles de su modalidad y cómo es penada
La actividad de usura es descrita como el aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia ajena para obtener ventajas desproporcionadas, un delito penado con hasta 6 años de prisión. Este delito está penado por el Código Penal de la Nación Argentina, con una pena de prisión de tres a seis años, más una multa económica, "si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual".
Este delito suele verse principalmente en los barrios populares, donde el financiamiento formal es casi inexistente. Ahí, los usureros aplican tasas exorbitantes, con intereses que pueden superar el 500% anual, quintuplicando la tasa oficial. Además, se aplica la modalidad de préstamo "gota a gota", que se corresponde con cuotas diarias o semanales arbitrarias.
Pero el punto más alarmante de estos préstamos ilegales es que, ante el incumplimiento, la cobranza no se realiza mediante juicios, sino a través de amenazas, balaceras y extorsión, poniendo en riesgo la integridad física de las familias.
Tres casos de usura, mora y delincuencia
El fenómeno creciente en Argentina de la morosidad extrema está estrechamente vinculado con delitos graves. Ya sea como deudores o usureros, los casos recientes sirven para enmarcar el paradigma actual, del cual no escapan ni siquiera las fuerzas de seguridad.
Uno de los casos más ejemplificativos ocurrió en Villa Melo. Ahí, una organización criminal fue desarticulada en la zona norte del conurbano por operar un esquema de usura barrial que derivó en secuestro. La banda operaba en villas de San Martín y Munro, entregando préstamos pequeños a personas desesperadas que habían sido rechazadas por el sistema financiero formal. Los intereses eran asfixiantes: por un préstamo de 200 mil pesos, los deudores debían devolver el doble en 15 días y hasta 700 mil pesos en un mes.
La situación escaló cuando una mujer de 34 años, quien ya debía dinero a otros sitios de préstamos y era considerada una "paria" crediticia, no pudo pagar la deuda con esta banda. Bajo engaños, fue citada a una reunión donde fue secuestrada y mantenida cautiva en una vivienda de Villa Melo. Los captores exigieron a su familia un rescate de 1,5 millones de pesos, utilizando gritos de la víctima como prueba de vida durante las negociaciones.
Aunque la familia dejó el dinero del rescate en el lugar pactado, los delincuentes no se presentaron a cobrarlo, posiblemente por temor a la presencia policial, y liberaron a la mujer poco después. Tras la investigación, la PFA detuvo a dos mujeres y un hombre, quienes también resultaron ser deudores morosos en el sistema bancario y cobradores de planes sociales, evidenciando un círculo vicioso donde el acreedor violento es, a su vez, un deudor insolvente.
Malversación y delitos cometidos por policías y funcionarios públicos con deudas
El caso de María Celeste Nellen, tesorera de una sucursal del Banco Nación, representa el delito de "guante blanco" vinculado a la insolvencia. La mujer está acusada de malversar 40 millones de pesos del banco donde trabajaba. Sin embargo, sus deudas personales son incluso superiores al monto del robo: su perfil crediticio revela una deuda de más de 90 millones de pesos repartidos entre 14 bancos, financieras y billeteras virtuales.
En paralelo, se detectaron múltiples casos de efectivos de la Policía Bonaerense involucrados en crímenes mientras atravesaban crisis financieras. Maximiliano Gorosito fue detenido por robar un kiosco en Lanús teniendo una deuda de 1,4 millones de pesos, mientras que Ángel Espinoza, miembro de la tropa UTOI, fue arrestado por asaltar un supermercado chino con una deuda acumulada de 20 millones de pesos, marcada con riesgo de insolvencia.
El ejemplo más grave es el del oficial Matías Alejandro Vizgarra, acusado del asesinato del docente Cristian Pereyra durante un asalto. Pereyra trabajaba como conductor de una aplicación para complementar sus ingresos cuando recibió un disparo en el pecho. En el mes previo al crimen, Vizgarra había acumulado deudas por 1,7 millones de pesos con diversas financieras y billeteras virtuales, una cifra que superaba ampliamente su salario como policía.