El crimen de Diego Fernández Lima se convirtió en uno de los casos más impactantes de 2025, no solo por la brutalidad del homicidio, sino porque la verdad salió a la luz 41 años después de su desaparición. El hallazgo de sus restos en el jardín de una vivienda del barrio porteño de Coghlan reabrió una causa que parecía condenada al olvido.
Diego tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. Ese día salió de su casa con la excusa de visitar a un amigo y nunca regresó. Durante décadas, su familia lo buscó sin respuestas. La causa quedó archivada, sin imputados ni certezas.
El hallazgo en Coghlan que reactivó la investigación
El 20 de mayo de 2025, obreros que realizaban una obra en una vivienda de la calle Congreso al 3700 comenzaron a demoler una medianera y hallaron restos óseos en una fosa improvisada.
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En el lugar se recuperaron 151 fragmentos óseos, enterrados a apenas 60 centímetros de profundidad, junto con objetos personales que resultaron clave para la identificación: un reloj Casio con calculadora, un llavero naranja, una moneda japonesa y un corbatín escolar.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que los restos correspondían a un varón de entre 16 y 19 años y de aproximadamente 1,72 metros de altura. Además, presentaba una herida punzocortante en la cuarta costilla derecha y marcas compatibles con un intento de desmembramiento.
La difusión del caso conectó inesperadamente con un sobrino de Diego, quien reconoció los objetos hallados. Ante esa señal, la Justicia tomó una muestra de sangre de la madre y, mediante ADN, confirmó que los restos correspondían a Diego Fernández Lima.
El principal señalado y las sospechas
Con el correr de los días, se supo que el terreno donde fueron hallados los restos de Diego pertenece a la familia Graf. Un excompañero del colegio puso en la mira a Cristian Graf (56). Según trascendió, Cristian y Diego eran compañeros del ENET N° 36 y compartían el fanatismo por las motos.
De acuerdo a la investigación, no solo se analiza su posible responsabilidad en el homicidio ocurrido en 1984, sino también maniobras recientes que podrían configurar delitos actuales. Testimonios incorporados al expediente indican que, cuando comenzaron las obras en mayo de 2025, Graf habría intentado impedir excavaciones en una zona específica del jardín y luego dio versiones contradictorias sobre lo ocurrido, lo que despertó sospechas de encubrimiento y supresión de pruebas.
El primer fallo y la reacción social
En una primera instancia, el juez Alejandro Litvack, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, dictó el sobreseimiento de Graf, al considerar que el delito de homicidio se encontraba prescripto por el paso del tiempo. La decisión generó una fuerte reacción social y el rechazo de la familia de Diego, que entendía que el hallazgo reciente y las maniobras posteriores debían ser investigadas.
El giro judicial que cambió el rumbo del caso
El 28 de noviembre de 2025, tras la apelación de la fiscalía y la querella, la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional anuló por unanimidad el fallo del juez Litvack y ordenó que la investigación continúe. En su resolución, los jueces señalaron la “evidente necesidad de una investigación” para esclarecer lo ocurrido y asignar responsabilidades, no solo por el homicidio, sino también por posibles delitos que no estarían alcanzados por la prescripción.
La Cámara sostuvo que solo de ese modo podría avanzarse en la determinación de la calificación legal correspondiente, más allá de su mutabilidad, y proteger los derechos de las víctimas.
“Lo de la Cámara de Apelación fue extraordinario. Me devolvió la fe en la Justicia de este hermoso país. No podía quedar así como si nada y que la familia Graf siguiera su vida como si nada hubiese pasado”, expresó Javier Fernández, hermano de Diego, en diálogo con MDZ.
La causa vuelve a foja cero
Con esta decisión, la investigación volvió a foja cero. Graf declaró en octubre y negó las acusaciones, pero continúa formalmente bajo investigación. Además, se ordenó ampliar las medidas probatorias y analizar la eventual participación de otras personas.
“Tengo esperanza de que vengan cosas buenas, ya que la Cámara pidió investigar a toda la familia Graf de punta a punta”, afirmó Javier.
El cierre de una herida
A mediados de noviembre, los restos de Diego pudieron ser despedidos. “Fue muy emotivo. Muchos amigos, familiares y gente que tomó el caso como propio se acercaron a saludar. También fue necesario para mi madre, para cerrar un ciclo de 41 años de dolor y tristeza”, contó Javier.
Una lucha que aún no termina
La familia impulsa la Ley Diego, inspirada en la Ley Piazza, para que los casos de desaparición o asesinato de menores no prescriban con el tiempo. Aunque el delito de homicidio prescribió, el objetivo ahora es reconstruir las circunstancias del crimen, determinar responsabilidades y esclarecer lo que ocurrió.
“Seguimos, y lo digo en plural porque siempre decimos que todos juntos somos la voz de Diego, con este proyecto para que ningún argentino pase nunca más por el calvario que estoy viviendo”, explicó Javier.
Un crimen que se negó a quedar enterrado
Hoy, a más de cuatro décadas del crimen, la investigación volvió a ponerse en marcha empujada por el reclamo de una familia que nunca dejó de buscar a su ser querido, a su hijo, a su hermano, a Diego Fernández Lima.