Confirmaron la condena del exjefe de la Policía Federal de Mendoza por proteger cuevas financieras

Por unanimidad, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas dictadas contra el exjefe de la Policía Federal en Mendoza, Dino Enzo Rossignoli, y la contadora María José Degregorio, en un expediente que expuso el funcionamiento de una estructura criminal dedicada al cambio ilegal de divisas, lavado de activos y pago de sobornos para garantizar protección policial.

La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, ratificó la validez de la investigación y rechazó los planteos de las defensas, tras analizar la reconstrucción de la operatoria de la organización encabezada por Nicolás Bazán y Renzo González entre 2020 y 2022.

Según el fallo, la banda utilizaba cuevas financieras, joyerías, bares y sociedades comerciales para mover dinero proveniente de maniobras ilícitas y darle apariencia legal mediante facturación falsa y operaciones simuladas.

El rol de Dino Rossignoli

Rossignoli ya había sido condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo. El excomisario fue acusado de cobrar coimas para garantizar el funcionamiento de cuevas financieras instaladas en el microcentro mendocino.

La investigación determinó que el entonces jefe policial adelantaba información de allanamientos, controles e inspecciones para evitar que las maniobras fueran detectadas. De acuerdo a la resolución a la que accedió MDZ, su rol dentro de la estructura “era clave, sistemático y permanente”, ya que alertaba a los integrantes de la banda sobre movimientos policiales y operativos en zonas donde funcionaban los locales investigados.

Las pruebas clave del expediente

Entre las pruebas incorporadas aparecen escuchas telefónicas en las que empresarios y financistas consultaban directamente a Rossignoli por controles policiales en las inmediaciones de oficinas vinculadas al circuito ilegal de dólares. En uno de los diálogos, el exjefe policial prometía “moverlos” al ser advertido sobre la presencia de efectivos en la zona donde operaban las cuevas.

La causa se inició en 2022 y derivó en una serie de allanamientos y detenciones que pusieron bajo la lupa a operadores financieros, comerciantes y funcionarios policiales. Durante la pesquisa se realizaron 22 procedimientos simultáneos y se detectó un entramado que también habría utilizado negocios gastronómicos y sociedades comerciales para blanquear dinero obtenido mediante actividades ilegales.

La contadora María José Degregorio fue condenada a dos años y tres meses de prisión condicional y al pago de una multa millonaria por lavado de activos agravado. Para el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza, su rol fue clave, pues colaboró con el diseño de sociedades y maniobras contables destinadas a ocultar el origen del dinero. Sin embargo, fue absuelta por el delito de asociación ilícita, ya que los jueces entendieron que no se probó que integrara de manera estable la organización criminal.

La defensa de Rossignoli sostuvo durante el proceso que el ex comisario no formaba parte de ninguna banda y que sólo mantuvo “relaciones aisladas” con algunas de las personas investigadas. También denunció una supuesta violación al principio de congruencia y cuestionó la valoración de la prueba y la determinación de la pena.

Casación rechazó esos argumentos y sostuvo que el antiguo jefe policial conocía perfectamente los hechos y pudo ejercer su defensa durante todo el juicio. Los camaristas remarcaron que la organización no solo realizaba operaciones ilegales de cambio de divisas, sino que además necesitaba protección estatal para sostenerse en el tiempo.