Así funcionaba el boliche de Recoleta donde explotaban sexualmente a 50 mujeres
La investigación reveló un sistema de “copas” y encuentros pagos en hoteles. Nueve hombres fueron procesados.
El local, identificado como “D’Lirio”, funcionaba frente al cementerio de la Recoleta.
MPFDetrás de la fachada de un boliche en el barrio porteño de Recoleta funcionaba un sistema organizado de explotación sexual. Nueve hombres fueron procesados por haber captado y explotado a al menos 50 mujeres, dos de ellas menores de edad, en un establecimiento que operaba bajo la apariencia de un local bailable.
La medida fue dictada por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de una investigación de la Fiscalía Federal N°12, a cargo de Alejandra Mángano, con intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas.
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Cómo era el reclutamiento
El local, identificado como “D’Lirio”, funcionaba frente al cementerio de la Recoleta. Según la investigación, las mujeres eran captadas principalmente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante ofertas laborales bajo el término “presencias”.
Una vez contactadas, se les solicitaban fotos o perfiles para evaluar si cumplían con determinados “estándares” y eran incorporadas al circuito del boliche.
El sistema de “copas” y el control interno
El trabajo consistía en acompañar a los clientes en sus mesas, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo de bebidas. Sin embargo, no percibían porcentaje por esas ventas y recibían pagos fijos de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche.
Debían presentarse a las 22 y permanecer hasta las 6 de la mañana. Si llegaban tarde o se retiraban antes, no cobraban. El sistema incluía registros de ingreso, pagos en efectivo y control mediante cámaras de seguridad y personal del lugar. Además, el acceso estaba restringido a clientes varones que debían pagar consumiciones mínimas o contar con reserva.
Los “pases” y la explotación
Según la causa, los encuentros sexuales, denominados “pases”, se acordaban dentro del boliche y luego se concretaban en hoteles o albergues transitorios cercanos.
Los montos oscilaban entre 150 y 500 dólares, pero debían ser autorizados por los organizadores, que retenían al menos 100 dólares por cada operación. Debido a que los ingresos por “presencias” eran bajos, muchas de las mujeres se veían forzadas a aceptar estos encuentros para incrementar sus ganancias.
Una estructura organizada
La investigación determinó que el boliche operaba bajo la cobertura de la empresa Gran Recoleta S.A., utilizada como pantalla para encubrir la actividad ilegal.
Dentro de la organización había roles definidos: algunos imputados se encargaban de reclutar mujeres, otros de entrevistarlas y asignarles clientes, mientras que otros administraban el local, registraban ingresos y coordinaban el funcionamiento diario. Otros cuatro acusados fueron considerados partícipes necesarios en tareas operativas vinculadas a la logística y el manejo del dinero.
El origen de la causa
La investigación se inició en abril de 2022 a partir de una denuncia anónima realizada a la línea 145, que alertó sobre la existencia de un prostíbulo encubierto en el lugar. A partir de tareas investigativas, el 9 de julio de 2024 se realizó un allanamiento en el local, donde fueron identificadas 50 mujeres, de las cuales 43 cumplían funciones de “presencias”.
El juez Casanello dictó el procesamiento de los nueve imputados, sin prisión preventiva, y ordenó embargos por un total de 7.800 millones de pesos. También, dispuso la inhibición de bienes de la empresa, la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con las víctimas.
Un modelo que se repite
En su resolución, el magistrado concluyó que el lugar “funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina”, y señaló que la estructura empresarial servía como fachada para encubrir el negocio. Además, vinculó el caso con el prostíbulo “Madaho’s”, al considerar que el esquema de funcionamiento y los actores involucrados evidencian la continuidad de un mismo modelo de explotación.
La causa continúa en etapa de instrucción mientras la Justicia avanza sobre las responsabilidades penales dentro de una estructura que, según la investigación, operaba como un sistema organizado de trata de personas.