La batería de medidas que le realizarán al acusado del doble parricidio

Los fiscales que investigan a Martín del Río como aparente autor del crimen de sus padres en Vicente López ordenaron para los próximos días una batería de medidas y testimoniales que buscarán cerrar el círculo sobre el imputado. Se trata de una serie de pericias, cotejos balísticos y de ADN, búsquedas en sus celulares y hasta una nueva declaración indagatoria para la primera detenida de la causa.

Fuentes judiciales revelaron que los fiscales de Vicente López a cargo de la causa, Martín Gómez, Alejandro Musso y Marcela Semería, firmaron en las últimas horas un dictamen en el que ordenaron la realización de toda una serie de nuevas diligencias. Según las fuentes, representantes del Ministerio Púbico dispusieron que Del Río hijo (47) sea sometido a "un exhaustivo peritaje psicológico y psiquiátrico por parte de un equipo interdisciplinario de expertos en salud mental".

En lo formal, los fiscales quieren saber si el comerciante es imputable, es decir, si comprende la criminalidad de sus actos y si es capaz de ser sometido a proceso y estar en juicio. Pero, en particular, ya preguntaron como punto de pericia si tiene algún tipo de "rasgo psicopático, de mendacidad o de fabulación".

Para ello, le facilitarán a los expertos de la Asesoría Pericial San Isidro todas las piezas del expediente que resulten de interés para su tarea, como su declaración indagatoria de 43 fojas, las testimoniales de su entorno, los videos que lo captaron en momentos clave vinculados al caso, los chats con mensajes de audio y texto hacia sus padres y otras personas mencionadas en la causa. También, la llamada al 911 que realizó cuando le informaron que sus papás estaban muertos y una carta donde clama inocencia que escribió de puño y letra desde su lugar de detención.

Otra diligencia ordenada por la fiscalía es la apertura del teléfono celular que en forma voluntaria entregó la agente inmobiliaria con la que Del Río mantenía una relación extramatrimonial. En base a su testimonio, la mujer reveló que el 18 de agosto, seis días antes del crimen, Del Río la llevó caminando desde Núñez a Vicente López por el mismo camino en el que el 24 de agosto quedó filmado el "caminante encapuchado" que entró y salió de la casa de las víctimas.

Por este motivo,  los fiscales le pidieron al Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires todas las imágenes que encuentren de la pareja, del lado de Capital Federal, en el rango horario que va desde las 15 a las 22. Otro pedido al Gobierno porteño apunta a que aporte con el Anillo Digital, todas las entradas y salidas que pudieron haber tenido el día del crimen los automóviles a nombre de la esposa y los hijos del imputado Del Río.

Más cotejos

A nivel pericial, los fiscales ordenaron a Policía Científica remitir el "acta LEF" (Levantamiento de Evidencia Física) de los rastros recolectados en el automóvil Mercedes Benz donde fueron hallados asesinadas las víctimas José Enrique Del Río (74) y María Mercedes Alonso (72), para disponer distintos análisis ADN. Por ello, también dispusieron que el imputado sea sometido a una extracción de sangre para los eventuales cotejos genéticos con los rastros hallados y los elementos secuestrados.

También se envió para su análisis en Policía Científica y la búsqueda de rastros hemáticos, todo el calzado que le secuestraron al menor del hijos del matrimonio asesinado, en sus múltiples domicilios allanados.

Si bien los fiscales creen que el arma homicida sería otra que el imputado hizo desaparecer, también mandaron a hacer un peritaje balístico con las dos pistolas calibre 9 milímetros secuestradas en la causa: la Glock hallada en la baulera del departamento que Del Río había alquilado en el edificio "Forum Alcorta" del barrio porteño de Belgrano y otra marca Bersa que fue entregada en una inspección que se hizo de la casa del country San Diego de Moreno donde las víctimas pasaban los fines de semana.

Los fiscales también sorprendieron al citar para ampliar su declaración indagatoria a María Ninfa "Nina" Aquino (64), la empleada de nacionalidad paraguaya que trabajaba hace 12 años en la casa de las víctimas. La mujer encontró los cadáveres de sus patrones y fue la primera detenida del caso, como presunta "entregadora", hasta que 13 días después, cuando la investigación se centró en Del Río, recuperó su libertad por falta de pruebas.