La súbita respuesta que dio el juez Walter Bento para zafar de la cárcel

Esta semana el juez Walter Bento -principal acusado por la causa de las coimas en la Justicia Federal- decidió no apelar su procesamiento explicando que desconfiaba de la Cámara Federal de Mendoza y que recurriría a tribunales internacionales. Ante esta situación, el vocal del Consejo de la Magistratura Pablo Tonelli (PRO) presentó hoy un escrito para que se avance con el desafuero de magistrado y se lo saque de su puesto de forma temporaria, dado que técnicamente está procesado. Pero en la tarde de este miércoles otra melodía se metió en el vertiginoso contrapunto: el propio Bento salió a responder.  

Quienes leyeron el texto de Tonelli interpretaron que Bento está al borde de perder su inmunidad de juez e ir preso, como ha ocurrido con buena parte de los otros 22 imputados que figuran en el expediente. De hecho, ya le han dictado la prisión preventiva y la única razón por la que no permanece tras las rejas es la protección de la que goza por su cargo.

Así las cosas -con una celeridad que es fruto, tal vez, de la preocupación-, el acusado elevó este mismo miércoles un escrito a la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo. Y allí subrayó que en realidad él nunca consintió la efectivización de la orden de detención que le dictó el juez Eduardo Puigdéngolas en base a la pesquisa que lidera el fiscal Dante Vega.

Bento, sindicado como presunto líder de una banda que cobraba coimas en Tribunales, continuó: "Que haya desistido del recurso de apelación interpuesto contra la resolución del juez (...) no significa que haya renunciado, expresa o tácitamente, a las garantías establecidas en la ley 25.230 en materia de inmunidad de arresto".

Está procesado y quiere mantener la inmunidad

Como se explicó más arriba, esta semana Bento optó por desistir de la apelación al procesamiento, prisión preventiva y millonario embargo que se le dictó recientemente.

Pero "ello no significa que hubiera consentido o renunciado a la inmunidad de arresto que me reconoce la Constitución y la Ley", se atajó en el texto que se conoció esta tarde. O sea que no apela la orden de detención contra él; simplemente dice que no lo afecta porque tiene fueros. Para el lego, la disputa adquiere visos bizantinos. 

Si le quitan los fueros y lo suspenden, Bento podría ir preso

Más adelante, Bento añadió: "De modo que no es correcto, como señaló el Consejero Tonelli, que hubiera 'consentido' los hechos y mucho menos la ejecución de mi detención y/o prisión preventiva. Antes bien, cuestioné enérgicamente la legalidad del proceso sustanciado en mi contra. El procedimiento disciplinario -en el Consejo-, por lo demás, se encuentra en curso, estando pendiente la producción de las pruebas ofrecidas por mi parte, de las que resultará que no realicé ninguna irregularidad o conducta ilícita que amerite la promoción de un juicio político".

El acusado detalló que su objetivo es "que el proceso avance rápidamente a la etapa de juicio, y en esta instancia que se resuelva de modo definitivo la imputación. Solo así se respeta el principio de inocencia y podré demostrar la verdad, que se verá ante un tribunal imparcial (...)".

Por lo tanto, siguió Bento, "la pretensión del Consejero Instructor -Tonelli lidera la pesquisa en el Consejo- es antinormativa y obedece a un error conceptual sobre el alcance del auto de prisión preventiva". Desde ese criterio, el acusado pide que se desestime el pedido del vocal y deja "expresas reservas para recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Si en el Consejo no atienden sus argumentos, el polémico juez podría ser detenido. Ya cerca del final, el supuesto jefe de la asociación ilícita que operaba en la Justicia volvió sobre la tesis del lawfare. "Siempre lo dije, existe un plan concertado para enjuiciarme, y como reseñé en mi descargo los integrantes de la Cámara Federal no son ajenos a esa maniobra".

La dura acusación

Tal como viene describiendo MDZ desde hace casi un año, hay fuertes sospechas de que en algunas oficinas de la Justicia Federal de Mendoza funciona un sistema de coimas tan aceitado como efectivo. El 5 de mayo, en efecto, la provincia despertó con la sorpresa de que un numeroso grupo de personas, incluido el juez Bento, habían sido imputadas por haber participado de un presunto circuito de pagos en el que se beneficiaba a narcotraficantes y contrabandistas. 

Se supone que existía un mecanismo de relojería. Las piezas, especializadas en cada función, eran seres humanos. Algunos más cercanos al mundo de la aduana y las exportaciones, otros con un perfil más tribunalicio y otros más “pesados”. Pero todos -sospecha el fiscal- bajo el paraguas del mismo jefe, que para el Ministerio Público sería nada menos que el juez con competencia electoral de la provincia. 

En las últimas semanas, se superpuso con esas preocupantes conjeturas la imagen del principal acusado en el escándalo -Bento- tomando decisiones acerca de los comicios; resolviendo conflictos entre partidos y explicando qué dice la legislación alrededor de las controversias que se planteaban entre las diversas fuerzas políticas.

Quienes decidirán

La presentación de Tonelli no registra precedentes en la Argentina: nunca antes se había pedido de esa forma que se retiren los fueros de un juez. Lo que sigue es que el Consejo deberá convocar a un plenario en el que los 13 integrantes, que pertenecen a diversas extracciones, deberán definir la situación del magistrado. 

¿Quiénes son los que tendrán la responsabilidad de esa decisión? Aquí, la lista completa de los que participarán del complicado ajedrez político:

• El presidente del Consejo, Diego Molea.
• El vice, Alberto Lugones -a quien Bento trata de "hermano" en sus chats de Telegram-. 
• Graciela Camaño, Vanesa Siley y Pablo Tonelli como representantes de la Cámara de Diputados de la Nación.
• María Inés Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Silvia del Rosario Giacoppo por el Senado. 
• Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo por los jueces del Poder Judicial de la Nación.
• Diego Marías por los abogados de matrícula federal de Capital. 
• Carlos Matterson por los letrados que tienen matrícula federal en el interior. 
• Gerónimo Ustarroz por el Poder Ejecutivo Nacional. 

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