Ajuste político: el reclamo que Alberto Fernández no quiere escuchar

Ajuste político: el reclamo que Alberto Fernández no quiere escuchar

El presidente dijo que no está de acuerdo con bajar el sueldo de funcionarios en señal de ajuste, sin embargo lo que se pide es algo mucho más profundo. En tiempos de crisis es necesario revisar los vicios políticos que se sostienen desde hace años con el esfuerzo de los contribuyentes.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

Nadie discute que después de la pandemia ya nada volverá a ser lo mismo. Los vínculos cambiarán, las formas de relacionarse serán distintas, el cuidado del ambiente será otro, mutarán los negocios y se reconfigurará la concepción del Estado. Pero el sufrimiento no debe ser en vano. Estamos obligados a salir mejores y por eso es lógico que se hagan escuchar voces que le reclamen a la política que comprenda la situación. Y no solo en lo que respecta a salarios, sino al aparato político en sí y el germen parasitario que a lo largo de décadas ha sembrado.

La Legislatura de Mendoza sesionó de forma virtual e hizo historia. Demostró que es posible evolucionar y sentó un precedente que luego se imitó en distintos puntos del país. Pero además de eso, dejó en evidencia la cantidad innecesaria de empleados a los cuales se les paga el sueldo todos los meses. Reveló la estructura superlativa que esconde acomodos políticos, amigos, familiares e incluso a exlegisladores que de una u otra forma siguen conservando un lugar en la Casa de las Leyes.

Es entendible que desde el sector privado salgan a exigirle a los dirigentes que ajusten el cinturón. Al fin de cuentas sus impuestos sirven, por ejemplo, para pagar los sueldos a exlegisladores que tras cumplir su mandato siguen enganchados al techo de la Legislatura. Carlos Aguinaga, José Fernando Barrigón, Carlos Bianchinelli, Sonia Carmona, Oscar Demuru, Marina Femenía, José Muñoz, Pablo Narváez, Omar Parisi, Víctor Scatareggia, Beatriz Varela, Aldo Vinci, Roberto Blanco, todos son exlegisladores que de una u otra forma siguen asesorando o figurando en la nómina de personal de la Cámara de Diputados de Mendoza.

Entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores superan los 1100 empleados en la Casa de las Leyes, algunos de los cuales nunca han ido a trabajar. Los nombres de los amigos del poder, familiares, parejas y militantes se mezclan en la nómina con otros tantos que con verdadero esfuerzo cotidiano hacen funcionar el Poder Legislativo. ¿Acaso no es comprensible que el sector privado le reclame cambios a la política?

En los últimos días hubo críticas a los cacerolazos y se quiso vincular la protesta con algún sector puntual de la sociedad. Muchos intentaron descalificar un reclamo legítimo que no apunta contra un partido en especial sino contra un sistema perverso que se ha institucionalizado sin distinguir entre radicales, peronistas o macristas. Todos son parte.

En el Congreso de la Nación nos enteramos que entre los tres senadores por Mendoza tenían más de 70 asesores A todos ellos se les paga el sueldo con los impuestos de empresarios, empleados en relación de dependencia y monotributistas. Con el sueldo de los mismos trabajadores a los que se les pide hacer un esfuerzo económico en esta crisis y aceptar ganar un poco menos. Y lo aceptan.

¿No es lógico que al menos pidan ver reflejado ese esfuerzo en el otro lado de la balanza? Personalmente creo que es injusto que un empleado de una cadena de comidas acepte una reducción del 50% de su salario o un comerciante tenga que contar chirolas para poder pasar el mes, mientras que la secretaria privada del presidente de la Corte tiene depositados 406 mil pesos en su cuenta el último día hábil del mes. Por eso se aplaude el gesto de que haya donado parte de su salario y que el gobernador Rodolfo Suarez le haya un puesto un tope al sueldo de sus funcionarios en marzo.

Es un gesto que sirve para demostrar que el esfuerzo es compartido. Que todos le estamos poniendo el hombro a esta situación angustiante. Y son varios los gobernadores, legisladores, magistrados y funcionarios que así lo entendieron. Otros -entre los que se destaca el presidente Alberto Fernández- no.

Es necesario decirle basta al Estado bobo que compra a precios exorbitantes con plata de los contribuyentes como lo vimos en el Ministerio de Desarrollo Social. Necesitamos un Estado fuerte, que contenga a los sectores vulnerables, pero en serio. Prolijo. Eficiente.

¿O acaso no es posible? Quienes sostienen que no, solo buscan mantener la situación actual para seguir sacando ventaja de ella. 

No hay que buscar fantasmas en el sonido de las cacerolas, hay que escuchar su mensaje. Es genuino y apolítico, que no es lo mismo que antipolítica.

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