Duro diagnóstico de la seguridad desde el sector de Del Caño
La proliferación de crímenes violentos ha desatado una crisis en torno al problema de seguridad en la provincia, no obstante cuando se habla de inseguridad en una provincia o ciudad donde en los despachos oficiales se decomisan paquetes de cocaína, se cierran prostíbulo VIP clandestinos en pleno centro o es vox populi la complicidad de los jefes políticos y policiales en las redes de distribución de drogas, trata y otros delitos, no podemos dejar de afirmar que la inseguridad ciudadana es un problema causado por la descomposición del aparato estatal, por lo tanto que es una Política de Estado.
Luego del asesinato del médico Sebastián Prado, un sinnúmero de voces se levantaron para pedir medidas que tiendan a combatir la inseguridad, no obstante quienes son los responsables de la inseguridad no pueden ofrecer medidas al respecto, por lo cual solo se hicieron anuncios mediáticos, como la creación de la Policía Judicial, que significa el traspaso de agentes de la policía científica a la órbita del poder judicial. ¿Por qué es necesario desligar a estos agentes de la institución policial? ¿Se considera que sus funciones se ven limitadas por estar bajo el mando y la jerarquía de los jefes policiales? Si es así. ¿Por qué motivos? Se trata a las claras del reconocimiento de la descomposición de la institución policial más allá de sus elementos individuales. Frente a esto, una medida meramente administrativa no puede ser catalogada más que como un vulgar maquillaje.
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En segundo lugar se anunció la creación de nuevas dependencias policiales, centralmente en barrios humildes, con lo cual estamos en presencia de una suerte de criminalización de la pobreza. Si se le pregunta a cualquier oficial de policía cuál es la política de seguridad en Mendoza, éste puede responder "en los barrios que se maten entre ellos, pero que no salgan de ahí".
Así la "política de seguridad" empalma con el impulso gubernamental a la "Mendoza Turística", con el impedimento a la libre circulación por “portación de rostro” (para lo que cuentan con el aberrante amparo legal de la ley 6722 de requisas y privación de la libertad por averiguación de antecedentes), con el desalojo violento de vendedores ambulantes, cartoneros, artistas callejeros y limpiavidrios. Es la Mendoza de los casinos y la timba, los hoteles cinco estrellas y su lavado de dinero, las redes de trata VIP, y la de la explotación de los jóvenes empleados en el rubro hotelero, gastronómico y comercio bajo contratos precarios, salarios de miseria o directamente en negro.
De los más de los 100 crímenes violentos que se cometen anualmente en Mendoza, son tres o cuatro los que tienen como víctimas a individuos de "clase media o media alta" y que son los que se mediatizan para que los políticos tradicionales salgan desesperados a competir entre ellos para ver quien pide la mano más dura.
El impulso a medidas que tienden a acentuar la criminalización de la pobreza y la juventud, como limitar más aún las excarcelaciones, bajar la edad de imputabilidad a los menores, aumentar la cantidad de efectivos policiales, más cámaras de seguridad para el "gran hermano" mendocino, se han revelado como un fracaso total, ya que no son otra cosa que una cortina de humo.
Ni Abraham ni Cobos pueden explicar cómo el aumento de la cantidad de efectivos policiales de 5.000 a casi 10.000 en la última década no sólo no hizo bajar la inseguridad sino que, por el contrario, la aumentó con creces.
Se pretende responsabilizar a los jóvenes de los sectores populares para tapar la responsabilidad del poder político implicado hasta los tuétanos en toda la podredumbre.
Nosotros, la izquierda, proponemos desarticular la ligazón mafiosa entre las fuerzas de seguridad, los punteros políticos, los jueces y empresarios con las bandas delictivas.
Apoyamos las iniciativas de los vecinos que tiendan a garantizar la seguridad en los barrios a partir del control popular. Proponemos el libre acceso de asambleas de vecinos a los libros de entrada y salida de las comisarías, y la facultad para echar a comisarios y policías corruptos.
Es necesaria la creación de una nueva fuerza de seguridad ciudadana que reemplace a la actual Policía, que tenga como objetivo el cuidado de las vidas y los bienes de la población trabajadora. Esta nueva fuerza de seguridad debe ser reclutada por los trabajadores y pobladores de los barrios con jefes electos y revocables, y debe estar sometida al permanente control de los organismos de derechos humanos.
No hay ninguna garantía de justicia con los actuales jueces nombrados por el poder político que hundió a la provincia durante 30 años. Sólo jueces electos por voto popular y posibilidad de revocatoria, que rindan cuentas al pueblo por sus fallos, podrán merecer el respeto que hoy no tienen los jueces de la Provincia.
Rechazamos la discusión en los términos de "mano dura" versus "garantismo". La seguridad no es un problema ajeno al resto de los problemas, y todos tienen un eje de disputa en común: qué intereses sociales se defiende. Se está con el pueblo trabajador y la perspectiva de una profunda transformación social que Mendoza necesita; o se está con los grandes capitalistas y su descompuesto aparato estatal (y sus propias fuerzas de seguridad).
El Frente de Izquierda toma partido a favor de la seguridad, contra el delito organizado y protegido por el Estado y sus instituciones.