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El gobierno británico presentó polémica ley de contraterrorismo

La normativa ya fue criticada por organizaciones de defensa de los musulmanes y de las libertades ciudadanas que manifestaron su preocupación.

El gobierno del primer ministro británico, David Cameron, presentó en el Parlamento un controvertido proyecto de ley que le permitirá impedir temporalmente el retorno al Reino Unido de presuntos yihadistas y dará a la policía más competencias para detenerlos.

La llamada Ley de Contraterrorismo y Seguridad ya fue criticada por organizaciones de defensa de los musulmanes y de las libertades ciudadanas que manifestaron su preocupación por toda una serie de medidas que no pueden ser revisadas por tribunales. Sin embargo, al detallar el nuevo proyecto ante la Cámara de los Comunes, la ministra del Interior, Theresa May, aseguró que es "esencial" para hacer frente "a las graves y cambiantes amenazas" que afronta el país, que integra la coalición que está bombardeando al grupo islamista Estado Islámico (EI) en Irak. 

"Estamos en medio de una lucha generacional contra una ideología terrorista", dijo May, en referencia al islamismo radical del EI, Al Qaeda y otros grupos como el nigeriano Boko Haram y el somalí Al Shabab, a los cuales el gobierno de Cameron ha identificado reiteradamente como los más peligrosos para el país. "En una sociedad abierta y plural, nunca se puede eliminar por entero la amenaza del terrorismo. Pero debemos hacer todo lo posible, de acuerdo con nuestros valores compartidos, para reducir los riesgos", agregó, citada por la cadena BBC. 

El proyecto de ley de poderes a la policía para confiscar el pasaporte en los puntos fronterizos de entrada o salida a ciudadanos sospechosos, a fin de impedir que más británicos vayan a combatir a países como Irak y Siria con el Estado Islámico (EI). La ministra tendrá competencias para emitir órdenes temporales de exclusión, por un plazo máximo de dos años, que impedirán el retorno al Reino Unido de británicos sospechosos de haber participado en la yihad o actividades "terroristas" en el extranjero. 

 La ley obligará a las aerolíneas y a las empresas de comunicaciones a facilitar información de sospechosos y a las escuelas, universidades, ayuntamientos y prisiones a tomar medidas para impedir la radicalización de los ciudadanos. Amnistía Internacional (AI) advirtió por su parte de que una legislación de este tipo requiere "un análisis detallado y detenido", informó la agencia de noticias EFE. "Aunque el gobierno debe asegurarse de que se investiga a cualquier sospechoso de actividad delictiva, medidas como invalidar pasaportes o excluir a nacionales británicos de su país empujan los límites de la legislación internacional", afirmó la asesora legal Rachel Logan. 

Telam