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Tregua minera: qué acordó el gigante de los US$ 18.000 millones para reactivar rutas clave

Tras los conflictos con La Rioja, Vicuña Corp. ratificó un presupuesto de US$ 800 millones para este año y apunta a tomar la decisión final de inversión antes de que termine 2026.


El mapa de las grandes inversiones mineras en la Argentina suele chocar contra fronteras políticas que no entienden de límites geológicos. El caso del megaproyecto Vicuña -el coloso de cobre, oro y plata operado en partes iguales por BHP y Lundin Mining- es el ejemplo más nítido de esta complejidad.

Tras semanas de extrema tensión judicial e incertidumbre logística, la reactivación de los canales de diálogo político al más alto nivel en La Rioja promete encauzar el desarrollo del yacimiento más ambicioso del país, que prevé desembolsar la cifra de US$ 18.000 millones a lo largo de una década.

Un gigante condicionado por la geografía

Para dimensionar el conflicto hay que mirar el terreno. El bloque Vicuña, integrado por los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, se asienta sobre la cordillera de San Juan. Sin embargo, su principal corredor logístico -una traza de más de 200 kilómetros crucial para el movimiento de suministros- atraviesa el territorio riojano por la zona de Guandacol.

Esta particularidad geográfica otorgó históricamente a La Rioja un poder de veto virtual sobre el día a día del proyecto, que aspira a consolidarse como una de las cinco minas de cobre más grandes del planeta, con exportaciones anuales estimadas en US$ 6.000 millones.

El delicado equilibrio territorial estalló el pasado 14 de abril de 2026. La jueza riojana María Greta Decker (con asiento en Chilecito) ordenó la suspensión de actividades de la empresa en suelo provincial por 30 días y prohibió de cuajo la circulación de maquinaria pesada por el corredor Guandacol.

¿El motivo? La falta de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) integral presentada ante las autoridades riojanas, un reclamo formalizado por la administración de Ricardo Quintela que contrastaba con las aprobaciones ambientales ya otorgadas e instrumentadas por la provincia de San Juan.

La respuesta de Vicuña Corp fue inmediata y dual: por un lado, recurrió a la justicia sanjuanina para obtener una medida cautelar que resguardara la continuidad del proyecto; por el otro, desvió de urgencia su logística hacia el denominado Corredor Norte, una ruta alternativa netamente sanjuanina, aunque notablemente más compleja, costosa y desafiante desde el punto de vista operativo.

Diálogo con La Rioja y entendimiento clave

A pesar de la virulencia inicial del freno judicial, la diplomacia corporativa y la necesidad política abrieron nuevos caminos. Una presentación conjunta entre el Gobierno riojano y la empresa ante la magistrada permitió levantar de forma preliminar el bloqueo vehicular y pavimentó el camino para una cumbre crucial entre el gobernador Ricardo Quintela y José Morea, Country Director de Vicuña Corp.

El encuentro cara a cara derivó en un entendimiento preliminar estructurado en siete ejes centrales que redefinirán la relación bilateral. “Son los canales de diálogo que siempre estuvieron abiertos, que reforzamos recientemente y que nos llevaron a visitar La Rioja al más alto nivel del gobierno provincial”, había dicho José Morea al respecto, al ser consultado en el marco de la pasada Expo San Juan Minera.

El directivo remarcó la importancia de consolidar una agenda ejecutiva: “Buscamos tener un diálogo muy abierto que avance rápidamente hacia hechos concretos y que hable con mucha claridad del compromiso que Vicuña tiene con todas sus comunidades, muchas de las cuales están, precisamente, del lado de La Rioja”.

Inversiones en marcha y el fantasma de las expectativas

Ajenos a los tironeos de frontera, los plazos de la compañía siguen su curso de cara a un año clave. Durante su paso por la última feria sectorial, Morea ratificó que el plan macro de la minera no ha sufrido alteraciones sustanciales y que los equipos técnicos están plenamente enfocados en un hito institucional: la Decisión Final de Inversión (FID, por sus siglas en inglés) para la Fase 1 de Vicuña, prevista para el último trimestre de este año calendarizado.

“Es inevitable que se generen expectativas, porque más allá de los anuncios estamos invirtiendo fuerte. Este año tenemos un presupuesto previsto de más de US$ 800 millones desembolsados directamente aquí en la región”, detalló el ejecutivo. Sin embargo, reconoció que el manejo del entorno social obliga a la prudencia: “Eso genera empleo y actividad, pero basados en la realidad. Lo importante es comunicar con transparencia y responsabilidad para que las expectativas que se construyen tengan correspondencia con lo real”.

La solución definitiva al transporte pesado de la mina también podría acelerar obras estructurales largamente reclamadas por la región. Ante la consulta sobre posibles acuerdos para pavimentar tramos clave de la Ruta 40 hacia el norte, Morea anticipó que la infraestructura vial está en el centro de la estrategia.

“Las obras que Vicuña está pensando abarcan muchos corredores y la Ruta 40 probablemente reciba inversiones, ya sea de forma directa o indirecta, para mejorar la transitabilidad en esos sectores. Esto impactará positivamente en nuestras comunidades y en el proyecto mismo”, completó.