Pese a la desregulación y las reformas, Argentina está entre los países más complejos para invertir
Argentina se ubica entre los 10 países más complejos para invertir, trepando al puesto 9 según el Global Business Complexity Index.
Argentina en un ranking que dificulta las inversiones locales e internacionales.
Juan Mateo Aberastain/MDZArgentina quedó en la mira de los inversores internacionales, y no precisamente por motivos positivos. Según la 13.ª edición del Global Business Complexity Index (GBCI), el reporte anual que elabora la consultora TMF Group, el país trepó al noveno puesto entre las jurisdicciones más complejas del mundo para operar comercialmente.
La medición anterior, que corresponde al 2025, lo ubicaba en el puesto 11. El informe abarca 81 jurisdicciones que representan más del 90% del PBI mundial.
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El objetivo es evaluar las condiciones bajo las cuales empresas locales y capitales extranjeros tienen que desarrollar su actividad.
Cómo se mide la complejidad: 292 indicadores por país
Para llegar al ranking, TMF Group analiza 292 indicadores distintos en cada jurisdicción. La metodología contempla tres áreas: cuestiones contables e impositivas, gestión legal de las entidades comerciales y normativa laboral.
Lo que el índice intenta cuantificar es, en concreto, cuánto cuesta operativamente cumplir con las normas que rigen la actividad económica en cada lugar del mundo.
En el otro extremo del ranking, países como Dinamarca, Hong Kong y los Países Bajos figuran entre los diez destinos más sencillos para hacer negocios.
En Latinoamérica, de los 18 países relevados, seis se ubican entre los diez más complejos del planeta. Esa lista la integran México, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y la propia Argentina.
El factor geopolítico: proteccionismo y aranceles
El reporte también pone el foco en cómo el contexto internacional está alterando las reglas del juego.
La inestabilidad geopolítica, el regreso del proteccionismo y la suba de aranceles están desandando muchos de los avances que la globalización había generado en términos de simplificación comercial.
Mark Weil, CEO de TMF Group, lo planteó con claridad: "La fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria".
El ejecutivo agregó que "los inversionistas buscan simplicidad, pero, sobre todo, certeza en las reglas bajo las cuales operan. Por ello, alentamos a los gobiernos a mejorar su posicionamiento actuando en ambos frentes, y a las empresas a simplificar sus operaciones para ser más eficientes y ágiles frente a marcos regulatorios complejos e inciertos".
Frente a este panorama, las empresas vienen tomando decisiones defensivas para sostener sus operaciones.
Según el relevamiento, el 69% recurrió a la subcontratación de servicios, el 59% redujo personal, el 55% cerró oficinas o sucursales y el 51% congeló nuevas contrataciones.
Los cambios regulatorios constantes obligan a las organizaciones a reconfigurar de manera permanente sus estructuras internas.
El diagnóstico sobre Argentina
El salto del puesto 11 al 9 subraya que las empresas que buscan operar en el país siguen encontrando barreras estructurales difíciles de sortear, en un entorno marcado por cambios regulatorios poco previsibles y una carga administrativa que, según las proyecciones, podría incrementarse durante el próximo año.
Jorge Sodano, Country Head de TMF Group para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, planteó una lectura más optimista del momento.
"El posicionamiento de Argentina en este ranking coincide con un momento de transformación profunda. Las reformas impulsadas por el gobierno —en materia de desregulación, apertura cambiaria y simplificación administrativa— están sentando las bases para un entorno de negocios mucho más predecible y competitivo", señaló.
Y agregó: "Para las empresas internacionales que sepan leer este momento, Argentina representa hoy una oportunidad de entrada privilegiada antes de que la mejora del clima de inversión se refleje plenamente en los rankings".
Qué podría cambiar la foto: el escenario post-electoral
El informe identifica algunos elementos que podrían modificar la tendencia argentina en el mediano plazo. Tras las elecciones legislativas de 2025, los analistas detectan voluntad política para flexibilizar parte del entramado regulatorio.
Si esa intención se concreta y se mantiene la desaceleración de la inflación verificada durante 2024 y 2025, el país podría recuperar atractivo como destino de inversiones.
Sodano profundizó en esa línea: "Argentina está viviendo un punto de inflexión. El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural".
El ejecutivo de TMF Group cerró con una proyección: "Esto, combinado con la disminución de los niveles de inflación, está generando condiciones que no veíamos hace años.
Las empresas que ingresen o amplíen su presencia ahora estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables".
La paradoja digital: la modernización que suma trámites
Otro de los puntos llamativos del informe se vincula con la digitalización. En la mayor parte del mundo, la transformación digital está aceitando los procesos burocráticos.
Pero en mercados complejos como el argentino, el avance tecnológico convive con prácticas administrativas heredadas —exigencia de presencia física, certificaciones manuales, trámites presenciales—, lo que termina sumando una capa adicional de complejidad, al menos en el corto plazo.
Los datos respaldan esa tendencia. En 2026, el 58% de las jurisdicciones relevadas exige a algunas empresas emitir factura electrónica. Esa proporción era del 54% un año atrás y apenas del 38% en 2020. El avance de la contabilidad electrónica apunta, según el informe, hacia un modelo de mayor control fiscal y supervisión estatal, lo que se traduce en exigencias adicionales de cumplimiento para las compañías.
