Los números del FAL: fondos para inversiones, costo fiscal e impacto en jubilaciones
La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) puede movilizar hasta US$ 2.100 millones por año. Qué pasará con las jubilaciones y cuál será el costo fiscal.
La puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) es uno de los temas centrales de la ley de reforma laboral que entra en vigencia a partir de la reglamentación que realizó el Gobierno. La clave será la canalización de los fondos destinados a cubrir futuras indemnizaciones laborales hacia el mercado de capitales que podría recibir entre US$ 1.500 millones y US$ 2.100 millones anuales, en una especie de remake de los que fueron las AFJP en los 90, aunque con montos significativamente menores.
Sin embargo, ese no es el único número a tener en cuenta. Existen otros puntos relevantes en términos de dinero. El primer es el costo fiscal que implicará para el Estado. El segundo es el impacto que tendrá en las jubilaciones debido a que buena parte del dinero que se reorientará hacia los distintos fondos de inversión saldrá del financiamiento de las empresas al Anses.
Un costo fiscal de hasta 0,46 puntos del PBI
Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo anual del FAL oscilará entre 0,37 y 0,46 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), dependiendo del nivel de contribuciones que finalmente se derive al nuevo sistema. Traducido a valores corrientes, el costo supera los US$ 2.500 millones anuales.
Sin embargo, no será el fisco como tal el que sufrirá el recorte, sino el Anses. La ley establece que las grandes empresas destinarán al FAL el equivalente al 1% de la masa salarial, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas aportarán el 2,5%, dinero que estaba destinado al Anses como contribuciones patronales.
De acuerdo con el informe del IARAF, la versión original de la reforma contemplaba una reducción uniforme de 3 puntos porcentuales en las contribuciones patronales, lo que implicaba un costo fiscal equivalente a 0,57 puntos del PBI. El texto finalmente aprobado redujo ese impacto a entre 0,37 y 0,46 puntos del producto. Aun así, el organismo calculó que el costo fiscal total de la reforma laboral asciende a 0,47 puntos del PBI por año, de los cuales 0,41 puntos recaerán sobre el Gobierno nacional.
La principal controversia, por lo tanto, gira en torno al financiamiento del sistema previsional. Actualmente, una parte sustancial de las contribuciones patronales se destina al financiamiento de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y prestaciones de salud administradas por el Estado. Con la entrada en vigencia del FAL, una fracción de esos recursos dejará de ingresar al sistema de seguridad social para alimentar los fondos destinados a cubrir futuras indemnizaciones. En términos prácticos, esto implica una menor recaudación para la ANSES.
Si bien los impulsores de la reforma sostienen que la reducción podría compensarse parcialmente mediante una mayor formalización laboral y un incremento de la actividad económica, los críticos advierten que el efecto inicial será una disminución directa de los recursos disponibles para financiar prestaciones previsionales.
El desafío para el Gobierno será absorber ese costo sin comprometer las metas fiscales acordadas con organismos internacionales ni afectar el pago de jubilaciones y otros beneficios sociales.
El regreso del inversor institucional
Más allá de la discusión previsional, el sistema financiero observa en el FAL una oportunidad inédita para expandir el mercado de capitales local.
Analistas del sector consideran que los nuevos fondos podrían recrear parcialmente el rol que desempeñaban las antiguas AFJP antes de su estatización en 2008: actuar como inversores institucionales con horizontes de largo plazo.
Actualmente, gran parte del ahorro argentino permanece concentrado en instrumentos de muy corto plazo. La creación de un flujo permanente de aportes permitiría financiar activos de mayor duración, desde bonos públicos ajustados por inflación hasta obligaciones negociables, proyectos de infraestructura e incluso crédito hipotecario.
Javier Casabal, Estratega de Renta Fija de Adcap Grupo Financiero, sostuvo que la desaparición de las AFJP dejó al mercado argentino sin compradores estructurales de activos de largo plazo, generando una fuerte dependencia de instrumentos líquidos y de corto vencimiento. Según sus estimaciones, los fondos FAL podrían convertirse en ese actor ausente, aportando estabilidad y profundidad al mercado financiero.
El analista señala que el FAL podrá "canalizar esos recursos hacia vehículos de inversión administrados por entidades financieras" y generar "una masa de capital estable, creciente y con vocación de largo plazo". “Estos fondos tienen el potencial de convertirse en ese inversor que hoy falta: uno capaz de financiar proyectos de largo plazo, desde infraestructura hasta crédito hipotecario", explicó.
Las proyecciones privadas muestran la magnitud potencial del nuevo esquema. Tomando como referencia unos seis millones de trabajadores formales con salarios promedio cercanos a los $2 millones mensuales, la masa salarial alcanzaría aproximadamente los $12 billones por mes.
Aplicando una tasa conservadora del 1%, los aportes destinados al FAL generarían un flujo mensual de alrededor de $120.000 millones. Ese monto equivale a aproximadamente el 5% del patrimonio actual de los fondos comunes de inversión especializados en instrumentos ajustados por CER, que administran cerca de $2,5 billones.
Desde Adcap Grupo Financiero estiman que, si la implementación avanza según lo previsto, los fondos FAL podrían alcanzar durante 2027 un volumen equivalente al de toda la industria de fondos CER y representar cerca de un tercio del patrimonio administrado por los fondos de renta fija en pesos.
La expectativa por la llegada de estos recursos ya generó movimientos dentro de la industria financiera. Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), las administradoras vinculadas a bancos concentran actualmente alrededor del 67% del mercado, aunque gestores independientes también buscan posicionarse para captar parte de los nuevos fondos.
La competencia se centrará menos en las comisiones —la normativa prevé un tope máximo del 1% anual— y más en la capacidad de generar rendimientos, administrar riesgos y ofrecer soluciones operativas eficientes para las empresas.
La elección de la administradora será especialmente relevante porque los recursos permanecerán invertidos durante largos períodos y pequeñas diferencias de rentabilidad podrían traducirse en montos significativos al momento de afrontar las indemnizaciones.