La herencia judicial de la reestatización de Aerolíneas Argentinas: un nuevo golpe para el Estado

El punto más conflictivo apareció con la devaluación y el estallido de la convertibilidad. Mientras Marsans sostenía que la empresa tenía un importante valor económico, el Tribunal de Tasaciones de la Nación concluyó que el patrimonio era negativo debido al elevado endeudamiento acumulado. En la práctica, el Estado terminó pagando un monto simbólico por el paquete accionario.

Marsans recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo arbitral del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre estados e inversores extranjeros. Después de años de trámite, el tribunal arbitral concluyó que la Argentina había incumplido obligaciones previstas en el tratado bilateral de inversiones con España y ordenó el pago de una indemnización cercana a los US$320 millones.

Como suele ocurrir en este tipo de procesos, la deuda continuó creciendo por la acumulación de intereses. Con el paso del tiempo, la obligación superó los US$390 millones.

Uno de los aspectos más interesantes del expediente es que quien hoy reclama el cobro ya no es Marsans, empresa que, de todas maneras, quebró en Madrid. Como sucede con frecuencia en el mercado internacional de litigios, los derechos derivados del laudo arbitral fueron comprados por un fondo especializado en los tribunales españoles. Un esquema similar al experimentado por el fondo buitre que también compró la causa en la Justicia de España.

Ese fondo es Titan Consortium, un vehículo de inversión cuya actividad consiste en adquirir créditos litigiosos, financiar su ejecución y luego intentar recuperar el capital mediante acuerdos o embargos judiciales. La Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia favorable a Titan Consortium y rechazó los argumentos presentados por la defensa argentina.

Aunque todavía al país le queda la alternativa de intentar una revisión extraordinaria ante la Corte Suprema de Estados Unidos, las posibilidades de que ese tribunal acepte intervenir son estadísticamente muy reducidas. En términos prácticos, Titan quedó habilitado para avanzar con la etapa más importante del proceso: intentar cobrar.

La experiencia argentina demuestra que perder un juicio internacional no implica necesariamente pagar inmediatamente; pero sí abre la puerta para que los acreedores inicien una larga búsqueda de activos embargables. Ese es precisamente el escenario que ahora vuelve a enfrentar el país.

Titan Consortium podrá solicitar información sobre bienes argentinos en distintas jurisdicciones e intentar identificar activos comerciales que puedan ser ejecutados para satisfacer el crédito.

Se sabe la causa Aerolíneas Argentinas fue adquirida por Titan a Burford el 15 de marzo de 2018, al redefinir su estrategia contra Argentina y concentrarse en la causa por la renacionalización de YPF en 2012. Juicio que, luego, Burford perdió en segunda instancia este año y que ahora tendría destino de CIADI. Burford había adquirido la causa al tribunal español donde se cursaba la causa por la quiebra del grupo español Marsans en unos 17 millones en 2015 (y en consecuencia las acciones que detentaba de la demanda contra Argentina por la renacionalización del 2008), con lo que obtuvo una ganancia de casi 740%. El fondo Titan Consortium, original en las demandas contra la Argentina, obtuvo dividendos por más de 2.270%.

Según la interpretación del especialista Sebastian Maril, el fallo muestra que "Argentina continúa pagando caro la incorrecta interpretación de las leyes internacionales y el incumplimiento de contratos firmados con empresas que apostaron por invertir en el país mediante concesiones de servicios públicos y similares". Según Maril, "los contribuyentes ya han abonado US$17.000 millones en fallos adversos y en compensación por la expropiación de empresas. Y aún falta".

La historia del caso Aerolíneas Argentinas es ejemplar sobre lo mal que se puede llevar adelante un caso de nacionalización de una empresa, más allá de la convicción ideológica que se tenga de llevar adelante una cruzada de este tipo. El 15 de marzo de 2018, a tres días de haber ganado el juicio ante el CIADI, Burford Capital anunció a la Bolsa de Comercio de Londres (donde cotiza) que vendía el juicio a "inversores privados" en unos 107 millones de dólares, y que se concentraría en la causa por la renacionalización de YPF.

La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Burford explicaba en la comunicación que, habiendo ganado suficiente dinero, y ante la necesidad de derivar capitales a esa otra causa que sería más rentable, elegía desprenderse del caso Aerolíneas Argentinas al no tener la certeza sobre los tiempos en que el tribunal del Banco Mundial resolvería la negativa de Argentina a reconocer la derrota judicial. Burford había sido quien inició la causa ante el tribunal del Banco Mundial en 2009, y había obtenido en julio de 2017 un fallo favorable por unos US$140 millones originales. El litigante le había adquirido en US$13 millones los derechos de litigar contra Argentina por este caso al grupo Marsans, a través de la sociedad Teinver.

Marsans no podía concentrarse en avanzar en el litigio por un detalle particular: Gerardo Díaz Ferrán, dueño del grupo, había sido condenado en septiembre de 2015 a cinco años y medio de prisión y al pago de una multa de 1,2 millón de euros por el vaciamiento de su compañía y lavado de activos.

La estrategia de Burford fue separar los problemas legales de Marsans en España y concentrar la causa en una acción de una nacionalización de un país a una empresa de capitales extranjeros, sin negociar y liquidar una retribución por ese capital expropiado. La estrategia fue exitosa y Burford logró fallo positivo en 2017. Argentina apeló y el tribunal del Banco Mundial definió que la sentencia quedaba firme.

Con el fallo de 2018, Burford había obtenido un récord mundial: una ganancia de casi 980% por haber invertido unos 13 millones de dólares en adquirir el juicio de Marsans. Lograba así superar en porcentaje y tiempo de espera la ganancia que había obtenido Paul Singer y su fondo Elliott contra la Argentina, luego de haber vencido en el "juicio del siglo" en los tribunales de Thomas Griesa.

Si bien Singer cobró US$2.426 millones en abril del año pasado con una ganancia global de 1.180%, lo hizo luego de litigar casi ocho años. Singer, además, tuvo que enfrentar él mismo las altísimas costas de sus abogados, algo que Burford tiene dentro de sus propios honorarios.

La reestatización de Aerolíneas Argentinas fue reglamentada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner el 17 de diciembre de 2008, luego que la Cámara de Diputados convirtiera en ley el pedido de la exjefa de Estado de avanzar en esta operación bajo la figura de tratarse de empresas "de interés público nacional". Abarcaba Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, Jet Pack, Optar y Aerohanding.

El 9 de enero de 2009 la por entonces presidenta habilitó al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido a que inicie la toma de la compañía, en ese entonces en manos del Grupo Marsans. El 5 de febrero de ese año el gobierno de entonces nombró a Julio Alak como presidente del directorio, dando forma a la renacionalización.

En paralelo, el Grupo Marsans, que había iniciado desde 2008 una notable desinversión en Aerolíneas Argentinas, que la dejaba al borde de la inactividad, comenzaba a mostrar en diciembre de 2009 evidentes problemas de continuidad en España. El 22 de diciembre se le retiraba el permiso para operar a Air Comet, la compañía bajo la cual operaba Aerolíneas, y el 20 de abril de 2010 la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos.

El Grupo Marsans presentó en junio de 2010 su solicitud de concurso de acreedores voluntario para todas sus sociedades y el 25 de junio la Justicia española le habilitó el proceso de quiebra. El 2 de julio la Justicia española comenzó un proceso contra el presidente del grupo, Gerardo Díaz Ferrán, por vaciamiento y lavado de activos, en una investigación que incluía la liquidación de los últimos ejercicios de Aerolíneas Argentinas.

La causa comenzó a progresar, y el 3 de diciembre de 2012 Díaz Ferrán fue detenido, acusado de blanqueo de dinero, declarándose culpable el 2 de julio de 2015 por la causa Marsans. El fallo incluyó cinco años de prisión efectiva, que se cumplirían en 2020. Al estar procesado, no podía comenzar la causa por la manera en que se reestatizó Aerolíneas Argentinas por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, operación por la que no se le pagó un solo dólar.

La situación fue detectada por los abogados de Burford, quienes contactaron a Díaz Ferrán ya en prisión y le compraron los derechos para avanzar con el juicio ante el CIADI.

El caso Aerolíneas Argentinas se suma a una lista de controversias internacionales que comenzaron tras la crisis de 2001 y se ampliaron durante los años siguientes. Entre ellas aparecen la expropiación de YPF; demandas por pesificación de tarifas; conflictos con empresas de servicios públicos; reclamos de compañías energéticas y los arbitrajes derivados de cambios regulatorios.

Argentina continúa siendo uno de los países con mayor cantidad de causas tramitadas ante el CIADI. Cada uno de esos expedientes implica potenciales obligaciones fiscales que muchas veces permanecen fuera del debate presupuestario cotidiano.

El caso Aerolíneas Argentinas reabre además un debate económico de fondo. Las estatizaciones pueden responder a objetivos legítimos de política pública. Sin embargo, cuando los procedimientos de valuación o compensación no son aceptados por los inversores afectados, el costo final suele terminar definiéndose muchos años después en tribunales internacionales. Precisamente esto es lo que ocurrió con Aerolíneas Argentinas, además que con diversas empresas de servicios públicos luego de la salida de la convertibilidad. En muchos casos, el costo final para el Estado terminó siendo muy superior al que originalmente se estimaba.

La pregunta ahora es cuánto terminará costando esa decisión para las finanzas públicas. Entre subsidios destinados durante años para sostener la operación de la compañía y ahora una condena internacional superior a los US$390 millones, el costo económico continúa aumentando. La sentencia conocida esta semana vuelve a demostrar una característica recurrente de la historia económica argentina: muchas decisiones de política pública producen efectos mucho más allá del gobierno que las adoptó.