Juicios laborales: crece la preocupación de empresarios por "trampas" en demandas
Un aspecto crítico es la capitalización de intereses que fijó en 2022 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, multiplicando montos de juicios laborales.
Empresarios pymes advierten que los juicios laborales millonarios pueden llevarlas a la quiebra.
Mientras el Gobierno intenta encontrar el mejor momento para avanzar, a través del Congreso, en la sanción de una ley de reforma laboral que le quite rigidez al sistema y favorezca la contratación de personal, en las últimas semanas entre los empresarios viene creciendo el temor a un incremento de los juicios laborales.
Los últimos datos oficiales de litigiosidad laboral, que llevan a muchos a hablar de una verdadera "industria del juicio", fueron difundidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y destacan que en abril se contabilizaron 303.734 juicios con y sin sentencia, iniciados por personas trabajadoras en unidades productivas y en casas particulares. En ese número está incluido el stock acumulado de juicios sin resolver.
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Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), aseguran que industria del juicio representó en el último año demandas por un valor equivalente a 6.891.653 salarios mínimos. Esto generó un costo mayor a los $2 billones en el período que va de junio de 2024 a mayo de 2025.
Riesgo de quiebra
Pero los juicios por accidentes de trabajo son apenas una parte del total de las demandas. En este contexto, crece la preocupación entre las empresas por el impacto que tiene, en especial en el segmento pyme, la eventualidad de afrontar uno o varios juicios laborales.
La semana pasada un empresario publicó en su cuenta de X un posteo en el que pide soluciones a un tema acuciante, arrobando a los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
"Tengo una sentencia de segunda instancia en el fuero laboral de un tipo que JAMÁS TRABAJÓ EN MI EMPRESA por U$D160.000. Dice que trabajó dos años y medio entre 2018 y 2020. Todo falso!!! Argentina aún inviable", publicó @StereoHodler, abogado y empresario.
Otro empresario del sector servicios destacó que un empleado había entablado una demanda por $900.000 en 2019, pero que terminaron siendo $140 millones en 2025.
Base de datos
En esta lógica y ante el creciente malestar empresarial por el riesgo de ser alcanzado por la industria del juicio, comenzó a circular una propuesta del sitio web www.antecedenteslaborales.com, que ofrece información oficial que permite buscar personas por nombre, DNI, CUIT o CUIL y de estas conocer las demandas laborales que realizó.
Se propone como un servicio a empresas que están en proceso de incorporación de personal, para incluir esa información al momento de la búsqueda y evitar sorpresas a futuro. Toma datos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y el Poder Judicial Nacional.
Un abogado laboralista consultado por MDZ señaló que esto sólo no podría hacerse "sin corrupción", dado que "el acceso a las bases de datos del Poder Judicial es solo por expediente".
"Ilegal por donde se lo mire, no se puede hacer bases de datos de este tipo", señaló otro abogado laboralista, interrogado sobre este tema.
Industria del juicio
La llamada industria del juicio viene desde hace años, pero se exacerbó a partir de la implementación del Acta 2764 de 2022 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, el cual modifica de manera relevante la forma de aplicación de las tasas de interés que se aplican a los juicios laborales.
El nuevo cálculo se utiliza tanto para accidentes de trabajo como a despidos, multas y demás créditos laborales, lo que multiplica varias veces los valores reclamados.
Entidades empresarias como CAME y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios oportunamente hicieron presentaciones ante la Justicia para desestimar el acta, pero hasta donde pudo saber MDZ la norma sigue vigente.
Pese a ello, en diversos casos la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la capitalización anual de intereses. El primero fue el llamado caso Oliva, en septiembre de 2022, afirmando que “la capitalización periódica y sucesiva ordenada con base en el acta 2764/2022 de la CNAT no encuentra sustento en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación que el a quo (juez) dijo aplicar”.
Y en otra instancia, el 13 de agosto de 2024 la misma Corte Suprema de Justicia consideró "irrazonables" los intereses de los créditos laborales que surgieron de aplicar el acta 2764/22 de la CNAT.
“El método de reajuste instituido por la cámara en el acta 2783/2024 implica apartarse sin fundamento de las facultades acordadas a los jueces por el inciso c del artículo citado ya que comporta la aplicación de un coeficiente para la actualización del capital y no de una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central, indicó en su fallo la CSJ y remitió nuevamente el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para una nueva sentencia.