Juicio del siglo: cómo operan los fondos buitre que mantuvieron viva la pelea por la deuda argentina
Con un perfil mucho más bajo que otros acreedores históricos, se convirtieron en los últimos fondos que sostuvieron litigios contra la Argentina por la deuda en cesación de pagos de 2001.
Los fondos buitre litigaron hasta poder cobrar la deuda.
Durante más de dos décadas, la Argentina enfrentó una larga batalla judicial con distintos acreedores que rechazaron los canjes de deuda posteriores al default de 2001. Algunos de esos litigios alcanzaron notoriedad mundial, como los encabezados por NML Capital de Paul Singer. Sin embargo, cuando esa etapa parecía cerrada, dos nombres continuaron activos en los tribunales estadounidenses: Attestor Master Value Fund LP y Bainbridge Fund Ltd.
Ambos fondos, catalogados en la Argentina como "fondos buitre", mantuvieron reclamos millonarios contra el Estado nacional y recién durante el gobierno de Javier Milei comenzaron a cerrarse mediante acuerdos de conciliación.
Attestor: un especialista en activos en crisis
Detrás de Attestor Master Value Fund LP se encuentra Attestor Capital, una firma de inversión con sede en Londres fundada en 2002 y especializada en la compra de activos considerados "distressed", es decir, deuda de empresas o países que atraviesan dificultades financieras.
Su modelo de negocios consiste en adquirir bonos o créditos a precios muy inferiores a su valor nominal cuando el mercado considera improbable su recuperación. Luego apuesta a obtener rentabilidad mediante procesos de reestructuración, negociaciones o litigios judiciales.
En el caso argentino, Attestor adquirió títulos públicos que quedaron fuera de los distintos canjes de deuda realizados tras el default de 2001 y optó por reclamar el pago íntegro de esos bonos en los tribunales de Nueva York.
A diferencia de otros grandes fondos que protagonizaron la disputa durante la década pasada, Attestor mantuvo un perfil mucho más bajo desde el punto de vista mediático, aunque su estrategia judicial fue igualmente persistente.
El fondo terminó integrando el grupo de acreedores favorecidos por resoluciones dictadas por la jueza federal Loretta Preska, quien heredó buena parte de las causas vinculadas a la deuda argentina.
Bainbridge: una historia ligada a los embargos
El otro protagonista es Bainbridge Fund Ltd., otro fondo especializado en deuda soberana en default. Su nombre apareció en distintos expedientes judiciales durante los últimos años debido a los intentos de localizar y eventualmente embargar activos argentinos en el exterior como mecanismo para garantizar el cobro de sus acreencias.
Al igual que Attestor, Bainbridge rechazó los canjes de deuda impulsados por la Argentina y continuó litigando para reclamar el pago completo de los bonos adquiridos.
Si bien nunca alcanzó la exposición internacional de otros fondos como NML Capital o Aurelius, su estrategia fue similar: adquirir deuda depreciada y recurrir a los tribunales estadounidenses para obtener una sentencia favorable.
Nueve presidentes después del default
Desde la declaración del default de la deuda externa, anunciada por Adolfo Rodríguez Saá a fines de 2001, la Argentina atravesó distintos ciclos políticos y económicos bajo la conducción de nueve presidentes, entre mandatarios interinos y constitucionales.
La crisis institucional de diciembre de 2001 dio lugar a una rápida sucesión presidencial. Tras la renuncia de Fernando de la Rúa, asumió de manera interina Ramón Puerta durante 24 horas. Luego fue designado Adolfo Rodríguez Saá, quien el 23 de diciembre de 2001 anunció el cese de pagos de la deuda pública, en lo que se convirtió en el mayor default soberano de la historia hasta ese momento.
Después de la renuncia de Rodríguez Saá, la presidencia quedó transitoriamente en manos de Eduardo Camaño, quien convocó a la Asamblea Legislativa que designó a Eduardo Duhalde el 1 de enero de 2002 para completar la transición hasta las elecciones de 2003.
Desde entonces se sucedieron los gobiernos constitucionales de Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), Mauricio Macri (2015-2019), Alberto Fernández (2019-2023) y Javier Milei, quien asumió el 10 de diciembre de 2023.
A lo largo de más de dos décadas, todos esos gobiernos debieron afrontar, con distintas estrategias, las consecuencias financieras, judiciales y políticas derivadas del default de 2001, un proceso que recién comenzó a cerrarse con los acuerdos alcanzados con los últimos acreedores que mantenían litigios abiertos en los tribunales de Estados Unidos.
¿Por qué se los conoce como "fondos buitre"?
La expresión "fondos buitre" comenzó a popularizarse durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner para describir a los fondos de inversión que compraban deuda argentina en cesación de pagos a valores muy bajos y luego reclamaban judicialmente el cobro total del capital más los intereses.
Desde la perspectiva de esos fondos, su posición es diferente: sostienen que simplemente ejercen los derechos establecidos en los contratos de los bonos adquiridos y que los Estados deben cumplir las obligaciones asumidas al momento de emitir deuda.
Por esa razón, el término "fondo buitre" no constituye una categoría jurídica, sino una denominación política y periodística que terminó instalándose para identificar este tipo de estrategias de inversión.
Los últimos litigios abiertos
Con el cambio de administración en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei decidió avanzar en una negociación para cerrar las causas que permanecían abiertas.
Los acuerdos alcanzados con Attestor y Bainbridge buscaron poner fin a algunos de los últimos litigios remanentes vinculados al default de 2001, una deuda que marcó durante más de veinte años la relación de la Argentina con los mercados financieros internacionales.
El cierre de estos procesos representa el final de un capítulo iniciado hace más de dos décadas, cuando el país declaró el mayor default soberano de la historia hasta ese momento. Aunque los protagonistas cambiaron con el paso del tiempo, Attestor y Bainbridge quedaron como los últimos exponentes de una generación de acreedores que eligió los tribunales antes que las reestructuraciones de deuda.