El FAL que promete mover US$2.100 millones y cambiar el mercado de capitales argentino

La principal argumentación de lo defensores de la ley es que un despido puede implicar para una pyme un impacto económico difícil de absorber. La necesidad de afrontar indemnizaciones elevadas en un contexto de caída de ventas o falta de liquidez muchas veces termina derivando en endeudamiento o conflictos judiciales. El nuevo sistema busca desactivar ese escenario mediante una acumulación gradual de fondos específicos destinados a cubrir obligaciones laborales.

El costo para el Anses

El principal problema será para la Anses que resignará parte de sus ingresos. El financiamiento del FAL surgiría de una redistribución parcial de las contribuciones patronales que actualmente pagan las empresas. Del 17% destinado hoy a ANSES, una porción sería derivada al nuevo fondo: el 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y el 2,5% para las pymes. Según el esquema previsto, el costo fiscal de esa reasignación sería absorbido por el Estado (en realidad por el Anses, lo que impactará en el pago de jubilaciones), por lo que no implicaría un aumento del gasto para el empleador.

Los fondos acumulados tendrían carácter inembargable y afectación específica, es decir, solo podrían utilizarse para cubrir obligaciones laborales. Además, los rendimientos financieros quedarían exentos de Impuesto a las Ganancias e IVA, un incentivo que también busca potenciar el atractivo del sistema.

La abogada laboralista Silvana Iudkovsky, de MR Consultores, explicó que el mecanismo “transforma el tradicional esquema de pasivo contingente en un costo cierto distribuido en el tiempo”, aportando previsibilidad en la administración de los costos laborales. Según sostuvo, el sistema “no altera la naturaleza de la obligación indemnizatoria”, sino que introduce una herramienta orientada a garantizar su cumplimiento efectivo.

Analistas y operadores coinciden en que el sistema podría reintroducir en Argentina un actor prácticamente desaparecido desde la estatización de las AFJP en 2008: el inversor institucional de largo plazo.

El economista Adrián Moreno señaló que el FAL puede convertir parte del costo laboral en ahorro institucional administrado financieramente. En términos concretos, eso significaría la aparición de un comprador recurrente de instrumentos financieros locales, capaz de aportar mayor profundidad y previsibilidad al mercado de capitales.

Los recursos proyectados podrían dirigirse hacia plazos fijos, cauciones bursátiles, obligaciones negociables, bonos del Tesoro y acciones, generando una masa de ahorro estable en un mercado históricamente pequeño y volátil.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el secretario de prensa Salvador Femenía sostuvo que el sistema implicará “mayor previsibilidad en el pago de indemnizaciones, menor costo financiero y una gestión más simple de las obligaciones laborales”, además de favorecer el retorno de inversores institucionales de largo plazo.

Según datos de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) al 27 de abril de 2026, las gestoras vinculadas a bancos concentran cerca del 67% del mercado total. Dentro de ese universo, Santander y Galicia reúnen por sí solas el 27,7% de los activos administrados.

Sin embargo, el volumen no es el único factor en juego. El tipo de estrategia de inversión aparece como un elemento decisivo para las empresas que deberán elegir dónde colocar sus aportes.

Mientras gran parte de las gestoras bancarias concentra entre el 70% y el 100% de sus carteras en fondos Money Market —instrumentos de muy corto plazo y alta liquidez—, otras firmas comenzaron a diferenciarse mediante productos de mayor rendimiento potencial, como fondos CER, Dollar Linked, obligaciones negociables o acciones.

En el caso de Santander, cerca del 35% de su cartera se encuentra invertida en ese tipo de instrumentos de mayor valor agregado, lo que la ubica entre las administradoras con mayor exposición a estrategias diversificadas dentro del mercado argentino.

La discusión no es menor. El FAL acumulará recursos durante períodos prolongados antes de ser utilizado, por lo que el rendimiento obtenido por la gestión financiera puede generar diferencias significativas entre empresas que hayan realizado exactamente los mismos aportes.

La normativa, además, fijaría un tope máximo de comisión anual del 1%, lo que reduce la competencia vía precio y traslada el foco hacia otros factores: experiencia en administración de carteras, capacidad operativa y calidad del servicio.

Cómo elegir la administradora de los fondos

Especialistas coinciden en que la elección de una gestora no será un trámite administrativo más, sino una decisión financiera estratégica. Entre los principales aspectos a considerar aparecen:

• Experiencia y trayectoria en gestión de activos. No es lo mismo una gestora que lleva décadas administrando carteras diversificadas que otra que siempre ha operado en el segmento más básico del mercado. La historia de rendimientos ajustados por riesgo importa.

• Agilidad operativa. La ley prevé un plazo máximo de 5 días hábiles para ejecutar un pago. Pero en un evento de desvinculación, la velocidad con la que el empleador pueda instruir el pago y el fondo lo ejecute marca una diferencia real. Las plataformas digitales, la integración con los sistemas de sueldos y la disponibilidad de soporte son factores concretos.

• Ecosistema de servicio. Muchas pymes van a enfrentar por primera vez la gestión de un instrumento financiero de este tipo. La capacidad de la gestora de explicar, acompañar y resolver dudas —tanto en canales digitales como en presencia física— puede ser determinante, especialmente en los primeros meses de implementación.

La ley prevé que, una vez instruido el pago por parte del empleador, la gestora deberá transferir los fondos en un plazo máximo de cinco días hábiles. En ese contexto, la integración con sistemas de liquidación de haberes, la atención al cliente y la capacidad de respuesta podrían transformarse en variables determinantes, especialmente para las pymes.

Iudkovsky advirtió además que el sistema puede reducir riesgos de mora e incumplimiento, reforzando la expectativa de los trabajadores de percibir sus créditos laborales en tiempo oportuno.

A menos de un mes de la fecha prevista para su entrada en vigencia, el principal interrogante sigue siendo la reglamentación definitiva. Tanto el Ministerio de Economía como la CNV todavía deben publicar las normas operativas que terminarán de definir el funcionamiento concreto del sistema.