Desde Menem hasta los tribunales de Nueva York: la saga judicial que atravesó YPF durante 30 años
Desde la privatización en los años 90 hasta el reciente giro judicial en Estados Unidos, los hitos que marcaron el conflicto por YPF.
Dromi encabeza en 1990 la apertura de sobres de los oferentes para la privatización de YPF, acompañado por José Estenssoro, por entonces titular de la compañía, y el secretario de Energía, Julio César Aráoz.
TélamEl origen de la causa judicial por la nacionalización de la petrolera YPF tiene origen en la redacción del estatuto de la empresa cuando en 1993, bajo el gobierno de Carlos Menem, se dispuso su privatización.
En aquel momento, se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios, que establecía que cualquier entidad o persona que adquiriera el control de la compañía (más del 51% de las acciones) debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a todos los socios restantes, pagando un precio predeterminado por fórmula.
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En 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.741, que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes en su mayoría a la española Repsol.
El argumento de la defensa argentina en aquel momento, liderada por Axel Kicillof fue que la ley de expropiación, al ser una norma de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados de la empresa. En consecuencia, los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna por sus papeles.
En 2015, el fondo Burford Capital adquirió por 15 millones de euros los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen (Petersen Energía y Petersen Inversora), que habían quebrado en España tras la nacionalización al no poder afrontar los créditos con los que habían comprado su 25% de YPF.
Burford Capital, junto con el fondo Eton Park, demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado actuó como un inversor privado y no cumplió con las reglas de mercado de la propia compañía.
Tras años de idas y vueltas sobre la jurisdicción (Argentina pretendía que el juicio se hiciera en Buenos Aires), la jueza Loretta Preska determinó en marzo de 2023 que el país era responsable por incumplimiento de contrato.
En septiembre de ese mismo año, la magistrada fijó el monto de la sentencia en US$16.100 millones de dólares, basándose en la fecha en que Argentina tomó el control de la empresa (16 de abril de 2012) y aplicando una tasa de interés retroactiva del 8% anual: daños principales: US$8.400 millones e intereses devengados: US$7.600 millones.
La jueza eximió de responsabilidad a la empresa YPF S.A., cargando la totalidad de la deuda sobre el Estado Nacional. Argentina apeló esta decisión ante el Segundo Circuito, argumentando que la jueza interpretó erróneamente el derecho local y violó la inmunidad soberana.
Tras el primer fallo de Loretta Preska, Burford inició un proceso de Discovery, por el cual pretendía detectar activos de la Argentina que fueron sujetos a embargos para cobrar el fallo.
Hace dos semanas la misma Cámara de Apelaciones ordenó frenar estos procesos y ahora anuló el fallo de la jueza.
Cronología del conflicto
1993 - Privatización
- Se incluye la cláusula OPA en el estatuto social de la compañía para proteger a los accionistas minoritarios ante cambios de control.
2008-2011 - Entrada de Petersen
- El Grupo Petersen adquiere el 25% de las acciones de YPF mediante préstamos otorgados por Repsol y un consorcio de bancos.
Abril 2012- Nacionalización
- El Congreso argentino expropia el 51% a Repsol. Las empresas Petersen entran en default al no recibir dividendos para pagar sus deudas.
2015 - Inicio de la demanda
- Burford Capital compra los derechos de quiebra de Petersen e inicia el juicio en Nueva York contra el Estado e YPF.
2023 - Condena inicial
- La jueza Loretta Preska dicta sentencia por US$ 16.100 millones contra Argentina, eximiendo de responsabilidad a la petrolera.
Marzo 2026 — Anulación
- La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revoca la condena principal y ordena la revisión total del proceso judicial.