Caso Visa: una mirada crítica al presente y futuro del ecosistema de pagos en la Argentina y la región
El modelo que llevó a la desinversión en Prisma reaparece con la estrategia regional de Visa, ahora con foco en infraestructura clave.
Visa refuerza su control en América Latina con la compra de Pismo
VisaLa adquisición de Pismo por parte de Visa reactivó en Argentina y la región las preocupaciones sobre concentración en el sistema de pagos. La operación refuerza la posición dominante de Visa en América Latina, al incorporar a una empresa especializada en procesamiento e infraestructura bancaria.
El modus operandi recuerda al caso PRISMA: una integración vertical que terminó consolidando el poder de mercado en pocas manos y generando distorsiones estructurales difíciles de revertir. Con Pismo, Visa no solo refuerza su control sobre el procesamiento en América Latina, sino que reproduce una lógica excluyente que amenaza la pluralidad del sistema de pagos, limita el acceso de nuevos actores y debilita el desarrollo de soluciones locales.
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En un contexto de apertura económica que vive la Argentina, el sistema de pagos debería atravesar un proceso de democratización, expansión y modernización. Sin embargo, lo que se observa es una preocupante consolidación de poder en manos de un actor, con estrategias que, lejos de fomentar la competencia, la debilitan. Lo que está ocurriendo no es solo concentración: es una práctica clara de dumping por parte de b, donde la posición dominante se utiliza para distorsionar precios, condicionar el acceso a infraestructura clave y bloquear el desarrollo de nuevos competidores. Esta estrategia, aunque pueda parecer beneficiosa en el corto plazo por sus precios atractivos, termina debilitando el ecosistema al reducir la diversidad de ofertas y frenar la innovación.
Así, la reciente compra de Pismo por parte de Visa refuerza aún más el control sobre múltiples capas de la cadena de pagos. Desde la emisión hasta el procesamiento, se configura un esquema donde el mismo actor puede establecer condiciones, dictar precios y limitar alternativas. Este tipo de maniobra, replicada en distintos mercados, busca sofocar el surgimiento de nuevas soluciones, incluso cuando estas podrían mejorar el acceso, reducir los costos y acelerar la innovación.
No estamos ante una amenaza hipotética. Ya enfrentamos un escenario similar con PRISMA —antes Visa Argentina—, actor dominante y procesador histórico de la marca, propiedad de un consorcio de los principales bancos del país. Su control sobre la adquirencia y el procesamiento de pagos con tarjeta le permitió consolidar un poder desproporcionado que durante años perjudicó a los comercios y limitó el crecimiento de nuevas alternativas. La investigación realizada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) concluyó que la estructura integrada y la propiedad cruzada de PRISMA generaban prácticas coordinadas, barreras de entrada y una competencia artificialmente restringida. Como consecuencia, se exigió la desinversión de los bancos accionistas y la reducción progresiva de los aranceles que afectaban directamente a los comercios.
Durante ese período, miles de negocios debieron enfrentar comisiones elevadas, plazos de acreditación extensos y escasa capacidad de negociación frente a un proveedor cuasi-monopólico. Esta experiencia dejó enseñanzas que no pueden ser ignoradas.
Más recientemente, en 2024, Visa fue objeto de una nueva investigación por parte de la CNDC debido a prácticas anticompetitivas vinculadas a transacciones transfronterizas. A raíz de una denuncia formal presentada por la Cámara Argentina de Fintech, se iniciaron actuaciones que derivaron en una medida cautelar dictada por los tribunales locales. El foco estuvo en dos programas específicos: el Payment Intermediary Foreign Exchange Operators (PIFO) y el Expanded Merchant Location Pilot Program (EMLP), implementados por Visa y Mastercard respectivamente. Ambos esquemas generaron preocupaciones serias sobre competencia, principalmente por cláusulas de exclusividad territorial y el aumento injustificado de tarifas para ciertos operadores, restringiendo aún más el juego limpio en el ecosistema.
De esta manera, el dumping en este contexto no se da sólo a través de campañas evidentes de precios bajos, sino mediante el uso de ventajas estructurales que ningún jugador nuevo puede igualar: acuerdos exclusivos, control de infraestructura crítica y posicionamientos de marca que inhiben la entrada de competidores. Es por eso que esta estrategia pone en riesgo el equilibrio competitivo, y es una amenaza directa para el desarrollo de un ecosistema de pagos transparente, resiliente y plural.
Lo ocurrido con PRISMA y la posterior intervención de las autoridades de competencia demostró que los abusos de posición dominante no solo frenan el avance del mercado, sino que generan pérdidas colectivas. Hoy, nos enfrentamos a una versión más sofisticada de ese fenómeno, donde el dumping opera de forma silenciosa, pero profundamente eficaz.
Frente a este escenario, es urgente que el sector dialogue, se alerte y actúe. La modernización del sistema financiero en la región sólo será posible si se garantiza un entorno regulatorio que impida estas prácticas, promueva la interoperabilidad y habilite condiciones equitativas para todos los actores. La diversidad de ideas y propuestas no puede quedar supeditada al poder previamente consolidado. Construir un sistema abierto, justo e innovador requiere frenar el dumping antes de que sus efectos se conviertan en estructuras difíciles de desarmar.
