Otro triunfo argentino en Estados Unidos: por qué la Justicia le cerró la puerta al fondo buitre Aurelius

Son tiempos dulces para la Argentina en los tribunales de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. La misma Justicia, de la segunda instancia de los Estados Unidos, que falló hace 10 días a favor del país para no entregar las acciones de YPF al fondo Burford Capital, confirmó la decisión de primera instancia de Loretta Preska en la causa por el Cupón PBI de 2013.

Este caso se basa en una denuncia del fondo buitre Aurelius ante la posible manipulación de estadísticas del Indec para la medición del crecimiento de economía de ese año, cuando Cristina Fernández de Kirchner estaba al frente del Poder Ejecutivo y Axel Kicillof comandaba el Ministerio de Economía.

El rol de la jueza Preska y la discrepancia con el fallo de Londres

Loretta Preska había determinado, en enero de este año, que Argentina tenía el derecho de modificar esa medición, desestimando la demanda. Por eso, el fondo buitre recurrió entonces a la Cámara de Apelaciones reclamando en contra de la decisión de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, pidiendo, además, que se tome en la segunda instancia el fallo espejo por la misma causa, pero en Londres, donde el Tribunal Superior de esa ciudad correspondiente a la City, falló a favor de Aurelius y otros demandantes que reclamaban por tenencias de esos títulos públicos por unos 643 millones de euros y US$794 millones, dinero que suma algo más de US$1.460 millones, a los que habrá que agregarle intereses y gastos del juicio.

Los fondos demandantes en Inglaterra son Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group y Virtual Emerald International Limited, los que comenzaron en 2019 una demanda por considerar que se habían alterado a propósito los datos estadísticos de crecimiento del PBI de ese año.

La historia del Cupón PBI

Según lo pactado en el canje de deuda de 2005, organizado durante el gobierno de Néstor Kirchner para regularizar la deuda caída en default de 2001, esos cupones debían pagar dividendos si el país hubiera crecido en 2013 más de 3,22%, algo que se descartaba sucedería. Así, Argentina logró cerrar el canje de deuda que fijó el Cupón PBI como "zanahoria" para que ingresen los bonistas.

Sin embargo, la gestión de Axel Kicillof, entonces al timón del Ministerio de Economía, anunció en marzo de 2014 que Argentina había crecido 2,4%, con lo que no se pagó el mencionado cupón. Los tenedores de esa deuda consideraron que hubo una alteración en la forma en que el Indec medía el producto bruto nacional, lo que luego fue confirmado por los jueces ingleses en la causa de Londres.

Por su parte, la causa de Nueva York fue iniciada por el fondo buitre Aurelius por la supuesta "mala fe" del país al alterar la medición del PBI del Indec para el ejercicio 2013. El juez Thomas Griesa abrió el proceso en febrero del 2014, que se terminó resolviendo en marzo de 2021 ya con Loretta Preska al frente del tribunal, avanzando con la causa.

La cifra en dólares del eventual reclamo de Nueva York provoca escalofríos: ante un fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de US$5.000 millones.

Las claves de la defensa argentina y la trayectoria del fondo Aurelius

De acuerdo a lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, "según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI de 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,8%, menor al 3,22% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente 'desprolijo', que el mercado tomó como otra manipulación de datos, con tal de no pagar a los acreedores".

El ahora gobernador Axel Kicillof fue clave en determinar el supuesto cambio de las reglas de juego para los bonistas en 2014. Para la Argentina, la causa puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Loretta Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo.

Según Aurelius, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El Indec calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue "adrede" para perjudicar a los tenedores de este bono, en lo que representa "mal desempeño de sus funciones". Para el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su defensa el 3 de julio de 2021, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, ya había defendido durante el 2016 la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner modificar el cálculo.

Con esto defendió la decisión de cambiar el cálculo del pago del bono, a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el Indec, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril de 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la Procuración del Tesoro, aseguraron ante la Justicia norteamericana que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014.

En 2021 la jueza Loretta Preska, al fallar en contra del país, publicó una resolución de 38 páginas donde aclaraba explícitamente que "Argentina no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI", con lo cual a los abogados que representan al país sólo les quedaba, en primera instancia, demostrar su capacidad de liquidación.

Para Preska, Argentina actuó de "mala fe" al alterar la medición del Cupón PBI de ese año y "causó la falta de disponibilidad de datos para evitar el compromiso".

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina, y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado del fondo Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre.

Si bien su mayor, y más beneficioso, negocio lo hizo con la Argentina y el "Juicio del Siglo", se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por la Lava Jato.