Burford va por todo: la millonaria disputa por YPF que todavía no terminó y puede terminar en la Corte de Estados Unidos
Burford prepara una nueva ofensiva judicial por la expropiación de YPF, en una disputa que involucra miles de millones de dólares y todavía tiene capítulos pendientes en Estados Unidos.
Burford va por todo. Y extenderá el juicio por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012 hasta las últimas consecuencias. Cueste lo que cueste. Aunque sea a los accionistas del fondo cotizante en Londres. Aun con la cancha inclinada y en contra, recurrirá a la quimera de que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revise el fallo en contra definitivo que sufrió en la Cámara de Apelaciones de Nueva York, donde el país ganó 2 a 1 la causa y dio vuelta el fallo negativo de primera instancia en el juzgado de Loretta Preska.
Fracasado el “en banc” ante la segunda instancia, solo le queda este último y casi utópico recurso. Pero, como se prevé que no tendría buena suerte judicial, Burford se presentó el viernes pasado en el otro ámbito adonde llevará la causa: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde cree que su fortuna cambiará.
Los antecedentes con Repsol y los argumentos de la defensa argentina
La decisión del tribunal del Banco Mundial es una opción que en su momento habían rechazado los españoles de Repsol cuando se avanzó sobre el 51% de las acciones en 2012. Finalmente, hubo fumata entre los españoles y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y, previo pago de unos US$6.000 millones, la petrolera europea dio por cerrado el asunto.
El argumento de Burford para reclamar ante el CIADI es la violación del contrato luego de la renacionalización de YPF, alterando la letra firmada por el país durante el gobierno de Carlos Menem, en tratados bilaterales de respeto de las inversiones entre Argentina y España y Argentina y los Estados Unidos. Sabiendo que esto era una posibilidad, los abogados argentinos avanzaron en los primeros lineamientos de la defensa del país.
La argumentación fundamental es que Burford ya eligió litigar en otro ámbito, al llevar la causa a los tribunales de los Estados Unidos, con lo que la alternativa de un segundo ámbito jurídico debería quedar descartada. La segunda argumentación es que la nacionalización sobre capitales españoles (Repsol) ya fue saldada y, en todo caso, los litigantes representan a las acciones del grupo Petersen, que tienen orígenes argentinos. Este punto es cuestionable, ya que Petersen Energía y Petersen Inversora están radicadas en Madrid, de donde Burford fue a comprar este caso vía licitación.
Así, la historia de YPF y Burford continuará durante todo este año y probablemente el 2027, pero ahora, con perspectivas favorables para el país, al menos en los tribunales norteamericanos. Ante el CIADI, la historia es diferente.
Las millonarias ganancias parciales de Burford y el golpe para sus inversores
Burford igualmente ya ganó algunos millones de dólares, en tres momentos diferentes y claves del juicio, cuando todo parecía verde para su demanda. Fue en 2016, cuando vendió a fondos de inversión el 1% del éxito final de la demanda por unos US$4 millones. Otra, en 2017, cuando se realiza otra venta parcial por unos US$40 millones, y otra en 2024, cuando coloca un total del 35% de las acciones. En total, consiguió en estas subastas unos 236 millones de dólares, mientras que hasta el momento había pagado solo los US$15 millones del costo de compra de los derechos de la causa al síndico del tribunal 3 de Madrid, donde se transitaba el concurso de Petersen Inversora y Petersen Energía, las empresas que se presentaron en concurso por no poder pagar las cuotas luego de la prohibición del kirchnerismo de distribuir dividendos.
La diferencia entre el pago al tribunal español y la venta de estas acciones indica una ganancia de aproximadamente 221 millones de dólares, un monto nada despreciable. Obviamente, migajas en comparación con los 20.000 millones que podría haber conseguido si no se interponía la Cámara de Apelaciones. Pero, en términos canyengues, salvaron la ropa. El problema es para los inversores del caso que compraron esas acciones, que ahora deberán llevar esos dólares directamente a pérdida. Puede suceder. Así es el mercado. Y el de altísima volatilidad, casi buitre, aún más.
El origen del litigio bursátil y el modelo de negocio del gigante financiero
La causa de fondo se basaba en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí, el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado. Burford era hasta aquí un especialista mundial en este tipo de batallas.
El tipo de maniobra en que se especializa es ofrecer a tribunales de todo el mundo dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Se trata de un gigante financiero con espaldas amplias que luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales, con toda la paciencia del mundo, para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013, con lo que pudo esperar una definición de casi 13 años. El problema ahora es que la espera podría extenderse muchos años hasta que defina la Corte Suprema, pero con bajísimas (casi nulas) probabilidades de éxito. Y con un gasoducto de dólares de pérdida imposible de presentar ante el NYSE, donde cotiza la acción de Burford, con pérdidas de hasta 60% en su cotización desde que perdió la causa en la segunda instancia de Nueva York a comienzos de abril.
El contexto de la reestatización de 2012 y la caída del Grupo Petersen
El reclamo original del fondo es por los supuestos daños que había generado al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde que se presentó en concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Para muchos, la necesidad de una reestatización de la petrolera era necesaria. Repsol estaba haciendo un desastre, invirtiendo más en Libia que en Argentina. Se razona, además, que, ante la aparición de Vaca Muerta, el proyecto de desarrollo de ese yacimiento debía tener como principal operador a una empresa argentina, en lo posible estatal.
En la decisión de reestatización de 2012 se decidió pagar unos US$6.000 millones a Repsol, pero no aplicar la OPA. Con esa decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se decidió, además, dejar de distribuir dividendos a los accionistas. El Grupo Petersen había acordado con Repsol pagar parte del 25,46% de las acciones a través del giro de esos dividendos. Como ya no se giraba el dinero, Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Inversora, se presenta en concurso (y posterior quiebra) en los tribunales comerciales de Madrid. Desde ese momento, el Grupo Petersen deja de tener que ver con esta causa y, en consecuencia, probablemente no reciba un solo dólar de este caso (crean o no, es así). El síndico de la causa radicada en Madrid le vendió la causa —esto es habitual— el 4 de mayo de 2015. La adquirió por licitación Burford en 15 millones de dólares. Lo hace a través de Prospect Capital (una subsidiaria semisecreta, para que no se sepa que Burford estaba detrás). Luego ampliaría “la inversión” en 70 millones.