Argentina en alerta por el gas tras la escalada en Medio Oriente

La estrategia energética diseñada por el Gobierno Javier Milei enfrenta su primera gran prueba de fuego. En un giro respecto a la gestión anterior, la administración decidió que la importación de Gas Natural Licuado (GNL), que antes ejecutaba la empresa estatal ENARSA con fondos del Tesoro, ahora sea realizada por una empresa privada a su propio costo, para luego volcar el fluido al mercado interno.

Este plan, trazado antes de que estallara el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, se encuentra hoy en una "zona de turbulencia". La volatilidad del mercado global, impulsada por el cierre de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, ha disparado los valores del gas, complicando la previsibilidad de las empresas que deben garantizar el suministro para los meses de mayor demanda.

Vaca Muerta y la dependencia de los barcos regasificadores

A pesar del potencial exportador de Vaca Muerta, la falta de infraestructura terminada para el transporte troncal obliga a la Argentina a seguir dependiendo de la importación. Según fuentes del sector consultadas por Agencia Noticias Argentinas, se estima que para este invierno el país necesitará adquirir poco más de 20 barcos de GNL para compensar el faltante de producción local que no llega a los centros de consumo.

El cronograma oficial establece fechas críticas para el sistema energético:

• 6 de abril: ENARSA recibirá las ofertas de las empresas interesadas.

• 21 de abril: Se adjudicará la operación.

• Responsabilidad privada: El ganador de la licitación deberá garantizar la llegada de los buques y absorber el precio internacional, el cual podrá trasladar posteriormente a sus clientes finales.

Impacto en el bolsillo: Tarifas más caras y cambios en el calendario

El costo adicional por la suba del gas se estima en unos 500 millones de dólares. Si bien a nivel macroeconómico este gasto podría compensarse con los mayores ingresos por las exportaciones de petróleo argentino (que también subió de precio), el alivio para las cuentas públicas no llegará al consumidor. Los usuarios residenciales e industriales deberán afrontar facturas más elevadas tanto en gas como en electricidad.