El gobierno de Kicillof advirtió que el nuevo régimen fiscal "carece de seguridad jurídica" y confirmó que ARBA mantiene sus controles

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó la continuidad de sus mecanismos de control y fiscalización tributaria, luego de que el Gobierno nacional anunciara una serie de modificaciones fiscales que, según sus autoridades, no presentan un sustento legal concreto ni alteran las obligaciones tributarias vigentes.

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, expresó que las medidas difundidas por el Ejecutivo nacional en el marco de un presunto “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” no implican cambios normativos efectivos. En ese sentido, remarcó que la provincia de Buenos Aires seguirá aplicando las herramientas fiscales en uso hasta el momento.

“El nuevo régimen carece de seguridad jurídica”, advirtió Girard, y aseguró que los anuncios no representan una política tributaria clara, sino una maniobra sin respaldo legal definido. Según explicó, las únicas acciones instrumentadas hasta ahora consisten en la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información fiscal, así como la creación de un sistema simplificado para el impuesto a las Ganancias.

Este nuevo régimen elimina la obligación de declarar variaciones patrimoniales, permitiendo que los contribuyentes informen únicamente ingresos y gastos deducibles. Para el funcionario, este mecanismo opera como un blanqueo encubierto de fondos no declarados, sin que existan precisiones sobre su alcance, límites o posible retroactividad.

“La normativa penal tributaria y la legislación contra el lavado de dinero siguen vigentes. Sin un marco normativo específico aprobado por el Congreso, quienes adhieran al régimen y sean luego investigados por el origen de sus fondos estarán sujetos a las leyes actuales”, señaló Girard. A su juicio, esto deja a los contribuyentes en una situación de incertidumbre legal.

En cuanto al impacto directo en la provincia de Buenos Aires, desde ARBA se indicó que los tributos locales, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto Inmobiliario, no se ven afectados por los anuncios del Gobierno nacional. La agencia continuará fiscalizando con los criterios habituales, sin modificar su esquema de control.

Girard también se refirió a las implicancias institucionales de este tipo de medidas. Afirmó que presentar un blanqueo como reparación histórica, sin respaldo legal, puede derivar en interpretaciones erróneas sobre la vigencia de las normas y sobre la responsabilidad del Estado frente a los evasores fiscales.

Finalmente, destacó que la función de ARBA seguirá siendo garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en función de la capacidad contributiva de cada ciudadano, como parte de una política fiscal orientada a sostener servicios públicos esenciales en la provincia de Buenos Aires.