Cuánta plata maneja, cómo la gasta y el entramado fino detrás de Coviar
La llegada de la “motosierra” para podar la vitivinicultura argentina ha encendido la polémica en el sector. Es que la presentación del proyecto de ley para eliminar la ley 25.849, la cual eliminaría la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Plan Estratégico Vitivinícola reavivó una vieja polémica sobre la administración y ejecución de fondos que se obtienen mediante el aporte obligatorio de las bodegas y ha dejado demasiada tela para cortar en el sector.
El pasado lunes, el legislador porteño del PRO, del sector de Bullrich, Damián Arabia, presentó en el Congreso de la Nación un proyecto para derogar la ley 25.849, la cual dio vida a la Coviar, argumentando que “la Argentina necesita ganar competitividad bajando costos y permitiendo la libre asociación entre privados”. Es que la normativa establece un aporte obligatorio por parte de todas las compañía vitivinícolas, lo que ha llevado a poner el foco en los números que maneja la Corporación.
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Cuánto dinero maneja la Coviar
El presupuesto de la Coviar no se define por año calendario, sino por temporadas. Actualmente se encuentra vigente el 2024/2025, mientras se está definiendo el próximo para 2025/2026. El mismo, el cual fue definido de acuerdo a los aportes obligatorios de las bodegas, es de $1.725.381.165 o, de acuerdo a la equivalencia hecha desde la organización, US$ 1.643.220.
De acuerdo a los cálculos propios de la Corporación, si se suman las ventas del productos vitivinícola en el mercado externo (US$ 933.000.000) y las ventas de vino en el mercado interno (US$ 2.531.000.000), el presupuesto de Coviar equivale al 0,047% del total comercializado en la vitivinicultura argentina (US$ 3.464.000.000).
Ese dinero se divide conforme al criterio del Directorio en los diferentes ejes del Plan Estratégico y puede ir variando año a año dependiendo de los objetivos que prioricen los propios miembros de Coviar. Para esta temporada, la mayor porción se la llevan los mercados internacionales (31%) con un presupuesto de US$ 514.032 o $539.733.728. De ese total, como pudo saber este diario, Wines of Argentina (WofA) recibe $391.192.922 en el periodo de 2024/2025, mientras que el resto se divide en otras unidades.
Cómo se gasta y administra esa cifra no depende directamente de la Coviar, sino de por medio de sus unidades ejecutoras, que en el caso de mercado externo es WofA. Otras unidades son: Fondo Vitivinícola de Mendoza; Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto; Cámara Argentina de Vinos a Granel; Investigación, Desarrollo e Innovación; Negocios Internacionales; Observatorio Vitivinícola Argentino; Producción Primaria; Pymes Exportadoras y Turismo del Vino.
El resto del presupuesto, al menos este año, se divide un 27% para el mercado interno ($469.765.662 o US$ 447.396), un 23% para el eje de rentabilidad, productividad y calidad ($ 397.032.640 o US$ 378.126), el 10% se lo llevo el eje social ($172.865.932 o US$ 164.634), mientras que el enoturismo, el eje ambiental y la administración se repartieron cada uno un 3%, con cifras que van desde los $43.427.016 a los $58.565.593.
Cuánto pagan las bodegas a la Coviar
Entre los argumentos que dio Arabia al momento de presentar el proyecto de ley es la necesidad de “terminar con los aportes compulsivos a cámaras, gremios o asociaciones”. En este sentido, la contribución obligatoria a Coviar está prevista en el artículo 10 de la ley 25.849 y es actualizada año a año. La última fue establecida para 2024/2025 en la Resolución Anexa II Acta 170/2024 y es mediante esta cifra que se define el presupuesto y se financian las acciones del Pevi.
Así, durante la última temporada todos los establecimientos vitivinícolas debieron pagar:
- $0,584813 por litro elaborado de vino, mosto sulfitado, mosto virgen, u otro producto vitivinícola sin proceso de concentración.
- $ 0,493062 por litro de producto vitivinícola fraccionado sin indicación de variedades, excepto el mosto concentrado.
- $ 0,807637 por litro de producto vitivinícola fraccionado con indicación de variedades, champagne y vinos especiales, excepto el mosto concentrado.
- $ 3,022086 por litro de mosto concentrado despachado al consumo interno y/o exportado.
- $ 0,484286 por cada kilogramo de uva ingresada a los establecimientos procesadores de uva en fresco y pasas.
Estas cifras son fijas y su incidencia en el valor final del vino varía según el segmento al que se lo destine. Incluso, los vinos de más alto valor en el mercado son los que menos “afectados” se ven por el aporte a Coviar. Por ejemplo, un vino en caja de cartón sin mención varietal con un precio promedio de $2.585 por litro tuvo una incidencia de 0,019% en su precio. En tanto, un Malbec de más $10.000 por litro tuvo una incidencia de 0,005% en su valor sin IVA.
Con esas cifras sobre la mesa, desde Coviar argumentaron que la desregulación de la vitivinicultura argentina debería pasar por la carga impositiva que soporta el sector. En este sentido, un informe de 2022 elaborado por el Centro de Investigación y Vinculación Económica de la Universidad Nacional de Cuyo, la misma era en ese momento del 65,5%.
Los cuestionamientos al Pevi
Pero más allá de los fríos números, el encendido de la motosierra desempolvó un viejo conflicto para la vitivinicultura: la guerra entre Coviar y Bodegas de Argentina (BdA). Para encontrar la génesis del conflicto hay que remontarnos a finales de 2019 y comienzos de 2020, cuando la cámara empresaria quiso abandonar la Corporación por las diferencias sobre su manejo, algo que técnicamente no pudo hacer por estar obligada por la ley, pero que ejecutó de hecho con una sentida ausencia.
Ante la novedad del proyecto, BdA dejó en claro en redes sociales su postura contra Coviar alegando “falta de transparencia, modos de proceder y eficacia en su gestión”. Del otro lado entienden que esa opinión no responde a la totalidad de las más de 200 bodegas que representan, muchas de las cuales también forman parte de la Corporación también, sino que se trata de la opinión de algunas de las bodegas que aportan mayor financiamiento para la cámara.
Desde el lado de BdA, en declaraciones en off, uno de los grandes cuestionamientos que se le hace a Coviar es sobre la discrecionalidad con la que administran los fondos del Pevi y los proyectos que se priorizan. Incluso, remarcaron el fracaso del Plan Estratégico de 2020 y reprocharon que se haya insistido en una renovación a 2030, obligando a las bodegas a seguir financiándolo.
Incluso en esto coincidió Rodolfo Vargas Arizu en una entrevista con MDZ Radio FM 105.5, donde aseguró que cuando nació hace 20 años, había premisas importantes como mantener la ruralidad del productor primario para aumentar las exportaciones y para aumentar el consumo en el mercado interno, “pero el consumo en el mercado interno y las exportaciones cayeron”.
Vargas Arizu planteó que los objetivos de Coviar “no se cumplieron”, aunque no adjudicó toda la responsabilidad a la institución. “No es culpa de la Coviar. Es culpa de la macroeconomía de los últimos 30 años que tuvo un sesgo absolutamente anti exportador”, expresó.
Desde Coviar, Carlos Fiochetta, gerente general de la entidad, no desestimó las críticas y reconoció que hubo cosas del Pevi que no lograron cumplirse. Más allá de eso, planteó que no debe olvidarse que fue ideado a comienzos de los 2000, cuando la realidad de la vitivinicultura y del país era muy diferente.
“Quienes lo armaron hicieron un plan que tenía mucho de nuevo, con todo lo que eso implica, y mucho de aspiracional. Uno de los objetivos era llegar al 10% de participación en el mercado externo, pero con suerte hemos llegado al 3% y nos hemos quedado ahí. Pero, ¿ha sido culpa de Coviar? ¿A quién se debe responsabilizar? La realidad es que el plan es de la vitivinicultura como actividad”, planteó.
Cómo funciona la estructura de Coviar
Tal como lo establece la ley 25.849 en su artículo 4º, la Corporación Vitivinícola Argentina está comandada por el Directorio de Representantes integrado por 17 miembros titulares, cuyas funciones no son remuneradas. Doce de ellos corresponden al sector privado y son: Fabián Ruggeri (Asociación Cooperativas Vitivinícolas Argentinas); Eduardo Córdoba (Asociación de Viñateros de Mendoza); Walter Bressia (Bodegas de Argentina); Fernando Morales (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto); Mauricio Colomé (Cámara de Bodegueros de San Juan); José Molina (Cámara de Productores Vitícolas de San Juan); Mario González (Cámara Riojana de Productores Agropecuarios); Gustavo Samper (Cámara Vitivinícola de San Juan); Pablo Asens (Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina); Mario Pulenta (Productores de Uva en fresco y Pasas de uva de San Juan); José Alberto Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina) y Mariana Bellia (Sector Privado, correspondiente a las demás provincias productoras).
Los restantes cinco corresponden al sector público: Carlos Tizio (Instituto Nacional de Vitivinicultura); Claudio Galmarini (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria);
Rodolfo Vargas Arizu (Gobierno de Mendoza); Gustavo Fernández (Gobierno de San Juan) y un representante de los ministerios de Producción de las restantes provincias vitivinícolas.
En el primero de los casos, todos cumplen un mandato de tres años y todos cuentan con un suplente. Asimismo, los 17 miembros son quienes deben votar a las autoridades que se renuevan también cada tres años. Actualmente, el presidente es el riojano Mario González y sus tres vicepresidentes son José Zuccardi, Pablo Asens y Gustavo Samper.
Sin embargo, no todos los miembros del Directorio participan activamente de las reuniones de la Coviar. Incluso, desde la organización aseguraron que el propio Vargas Arizu, quien ocupa un lugar desde que asumió su rol como Ministro de Producción de Mendoza, ha asistido en contadas ocasiones.
Futuro incierto
Si bien en principio lo presentado por el legislador Damián Arabia es solo un proyecto de ley que debería ser tratado en ambas cámaras del Congreso de la Nación, en caso de aprobarse la derogación de la ley 25.849 implicaría la disolución total de la Coviar, marcando “la eliminación de una política de Estado en la vitivinicultura”, como lo fijo Fiochetta.
“En caso de que se apruebe el proyecto no queda nada. Se desarma todo un andamiaje que se construyó durante 20 años. Las oficinas de WofA en el exterior, las campañas del Fondo, la Fiesta de la Cosecha, las acciones del Observatorio, las actividades relacionadas al enoturismo… todo eso queda sin financiamiento. Con falencias y cosas por corregir, entendemos que el trabajo que se ha hecho ha sido beneficioso”, argumentó.
Por último, Carlos Fiochetta apuntó contra los intereses que puede tener ocultos la presentación de Arabia: “Esto está operado por alguien que quiere que la representación y el poder político e institucional de la vitivinicultura justamente esté en Buenos Aires y no esté acá en Mendoza”, completó.