Juicio por YPF: qué bienes y acciones clave para Argentina intenta embargar Buford

Un nuevo capítulo se escribe en la puja internacional entre Argentina y los demandantes encabezados por Burford Capital por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012. Los beneficiarios del fallo presentaron un “discovery” ante la jueza Loretta Preska, que lleva el caso, donde piden que el Gobierno argentino informe los activos que tiene.

El objetivo del documento escrito de 122 páginas es poder detectar acciones y bienes "potencialmente embargables". Entre los que se enumeran acciones de YPF en manos del Estado, en Caja de Valores, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en US$ 1 millón o más, concesiones para la exploración de recursos naturales, activos de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, Enarsa y el Banco Nación, entre otros.

Incluso, también podría entrar en juego el swap con China, es decir, el acuerdo que permite el intercambio de divisas entre el Banco Popular de China y el Banco Central de la República Argentina, a cambio de cierta tasa de interés. Cabe recordar que, en junio del año pasado, el gobierno de Alberto Fernández renovó el swap por 3 años, y amplió a US$ 10.000 millones su uso de libre disponibilidad.

Sebastián Maril, analista de Research for Traders, expuso en su cuenta de X -exTwitter- que "en la madrugada finalmente nos enteramos por qué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando desde el primer pedido de información el pasado 16 de octubre”.

Y agregó: “Anoche se presentaron 122 páginas con pedidos de información de activos y las respuestas de los gobiernos de Fernández y Milei. Se viene conferencia con la jueza Preska".

Juicio YPF: la apelación de Argentina

El viernes pasado, el Gobierno argentino se presentó ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York y reclamó que se reevalúe el fallo con los mismos argumentos que diseñó el kirchnerismo y que ya fueron rechazados en primera instancia por Preska.

Según la estrategia planteada ante la segunda instancia judicial de los Estados Unidos, el país volverá a cuestionar el hecho de haber tomado como jurisprudencia y sede del juicio los tribunales de Nueva York y la justicia de los Estados Unidos, en lugar de acceder al reclamo que sea en los juzgados de Buenos Aires, donde debería haberse llevado a cabo el juicio. Y con leyes y cláusulas locales y no norteamericanas.

Además, el estudio Sullivan & Cromwell (S&C), el mismo contratado desde siempre por el kirchnerismo y mantenido también en este caso durante el gobierno de Mauricio Macri, y la Procuración del Tesoro de la Nación, que conduce Rodolfo Barra, se cuestiona el hecho de haber determinado que el país debe pagar U$S 16.000 millones por haber perdido el caso, dinero que había sido calculado también por Preska.

Por lo demás, la presentación de la Argentina ante la Cámara casi reconoce que el país perdió el juicio y que, si queda firme la sentencia, la necesidad implica que se recurrirá a la Corte Suprema para solucionar definitivamente el caso.