Alerta por la crisis del campo: el Gobierno pone trabas a las operaciones bursátiles
La grave situación económica que atraviesan tres empresas agropecuarias encendió las alertas dentro de la gestión de Javier Milei. Luego de que estas sociedades informaran a sus acreedores la cesación de pagos, la Comisión Nacional de Valores (CNV) endureció las condiciones para la reestructuración de instrumentos financieros de deuda.
La medida se oficializó este martes por medio de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución General 1041/2024. La norma emitida por la Comisión Nacional de Valores se hizo pública luego del anuncio de estas compañías aseguraran que no están en condiciones de saldar lo que adeudan en concepto de pagarés y obligaciones negociables.
“Se advierte conveniente realizar ciertas adecuaciones a la normativa aplicable a los instrumentos referidos con la finalidad de garantizar la transparencia en los procesos de canje y, asimismo, que los inversores cuenten con información plena, completa y necesaria para la toma de decisiones de inversión, introduciéndose pautas mínimas que deberán ser reglamentadas por los Mercados”, afirma el ejecutivo en los considerandos de la disposición.
En ese mismo sentido, el organismo publicó en sus redes sociales los fundamentos de la decisión: “La RG N°1041 realiza ciertas adecuaciones a la normativa, sumando requerimientos a los emisores, a las ALyCs y los mercados involucrados en los procesos de canje de dichos instrumentos, con la finalidad de garantizar la transparencia en dichos procesos y proteger a los inversores”.
El endurecimiento de las condiciones de reestructuración de estos títulos es una iniciativa en la que el Gobierno nacional viene trabajando desde hace semanas y no guarda relación con los anuncios que hicieron ante el Mercado las empresas Agrofina y Los Grobo. Aunque el punto de partida si tiene que ver con el default reconocido por la firma Surcos. Así lo aseguraron fuentes oficiales a Infobae.
La grave situación de las empresas del agro
Luego de la compañía Surcos comunicara su situación particular, el Gobierno nacional decidió presentar una denuncia judicial, ya que consideró un delito la emisión de obligaciones negociables sin informar las circunstancias financieras que atravesaba. A partir de allí, se determinó la suspensión provisoria y un embargo en razón de la financiación obtenida a través del mercado y la falta de pago posterior.
El marco legal de esta demanda se encuentra establecido en el artículo 309 apartado 1 inciso B, del Código Penal de la Nación Argentina. La sanción que establece esta norma es de entre 1 y 4 años de prisión, una multa equivalente al valor de la operación y la inhabilitación para operar a aquella empresa que ofrezca estos instrumentos “disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas”.
Es válido recordar que la firma Surcos comunicó a principios de diciembre que no podría afrontar el pago de 3,5 millones de dólares y $9.364 millones de pesos que debe a sus acreedores.
A la situación de gravedad expresada por esta compañía, se sumaron dos empresas del grupo Los Grobo (Agrofina y Los Grobo Agropecuaria). Ambas sociedades le informaron a la CNV que estaban imposibilitadas, de forma temporal, para saldar un monto de 10 millones de dólares. Estas firmas adujeron tener serios problemas de liquidez que persistirán hasta marzo de 2025.
“Estamos trabajando para resolver esta situación y se están analizando todas las alternativas que permitan cumplir con las obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, afirmaron desde Los Grobo.
En este contexto, el Gobierno de Javier Milei se encuentra en plena negociación con las entidades agropecuarias la continuidad de los derechos de exportación. En cuanto a la cesación de pagos de estas tres empresas, una de las principales entidades de la Mesa de Enlace afirma que las complicaciones vienen una mala gestión financiera de estas sociedades.
Sin embargo, desde la asociación reclaman que el equipo económico libertario defina de forma clara los pasos a seguir para reducir la carga impositiva que sufre el sector agropecuario. Por su parte, desde el Ejecutivo niegan la existencia de la crisis e insisten en afirmar que los problemas económicos tienen su origen en “malas decisiones” adoptadas por las involucradas.