PASO en Santa Fe: la arriesgada jugada del Gobierno que precipitó la derrota

Resultados electorales tan contundentes como los que arrojaron las PASO en Santa Fe, siempre tienen explicaciones múltiples. Sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de una zona donde el principal problema local es la inseguridad. Sin embargo, el análisis puntual territorial en las regiones más productivas de la provincia, denominada "Zona Núcleo", cruzando además estos datos electorales con los resultados de Córdoba, permiten una conclusión: el campo y el kirchnerismo están divorciados.

Y, según pasan los años, sin posibilidades de reconciliación. Dado que se trata de un análisis sobre lo que sucedió en Santa Fe, la reflexión se redirige a uno de los hitos históricos en los que quedará en la memoria la gestión de Alberto Fernández: la intención de avanzar sobre Vicentin; algo que para muchos fue el primer traspié importante del oficialismo.

Representó, además, el primer reflejo que tanto interna como externamente algo no funcionaba bien en la relación entre el albertismo, el kirchnerismo y el peronismo ortodoxo. Y que determinó algo que política y económicamente parecía dormido: el nulo maridaje que existía y existe (hoy exacerbado) entre las entidades del campo productivo y el kirchnerismo.

Teniendo en cuenta que se trata del sector con mejor perfil exportador, es el sector que más dólares aporta al país y, en consecuencia, el primer aliado que cualquier oficialismo que se pretenda exitoso debería tener. Pensar en un gobierno peleado con un socio de este tipo a poco de comenzar una gestión, explica parte del fracaso posterior.

De la nacionalización al salvataje

¿Qué pasó con Vicentin? Actualizando la información, el oficialismo está de hecho abandonando la pelea. La empresa está a punto de llegar a un acuerdo con sus principales acreedores, con lo que la posibilidad de ser nacionalizada, alternativa de máxima, o del ingreso del sector público a través de un proceso de cramdown (salvataje), alternativa de mínima, quedarán en el recuerdo y reduciéndose a una aventura política más para el recuerdo y la anécdota.

Según anunció hace días, el juzgado de Reconquista, a cargo del juez Fabián Lorenzini, aceptó, con el aval de la mayoría requerida de los acreedores, la propuesta formulada por la empresa para negociar un plan de pagos, paso previo e indispensable para una salida formal del concurso preventivo, en el que permanece la empresa desde hace cuatro años.

Si bien la decisión no implica el cierre del concurso, ya que el resto de los acreedores podrían no aceptar la propuesta, pone la decisión final en el escritorio de Lorenzini, quien debería tomar la decisión definitiva, algo que, según la jurisprudencia presente, avalaría el magistrado.

Luego vendrá la decisión final, la que, siguiendo casos anteriores, siempre tendría en cuenta la continuidad de la empresa en manos de los dueños originales. Esto es, los actuales dueños de Vicentin. Se alejaría así la posibilidad de la nacionalización presentada en sociedad por el presidente Alberto Fernández el 8 de junio de 2020, una decisión planteada por el kirchnerismo, que el jefe de Estado asumió como responsabilidad de toda la coalición gobernante.

La propuesta generó una especie de asonada (la primera) contra el Ejecutivo, encabezada por el sector agrícola en casi unanimidad, la oposición (en medio de la necesidad de apoyo en tiempos de pandemia), parte de la Justicia y, fundamentalmente, el gobernador de la provincia de Sante Fe, Omar Perotti, temeroso de una levantada popular.

Manos amigas

El proyecto original impulsado por el kirchnerismo mutó en una propuesta más light desde el albertismo: el cramdown. El Presidente habló de avanzar el 21 de junio de 2022 en un proceso de este tipo a partir de los U$S400 millones que Vicentin le debe al Banco Nación, entidad financiera que, por otro lado, había rechazado en primera instancia la oferta de la compañía de una quita del capital adeudado por un 80% del total, porcentaje que había sido avalado por el juez de Reconquista.

Alberto Fernández insistió hasta hace pocas semanas en el desembarque para tomar el control de la compañía, ya no como un gobierno nacional interventor directo, sino como acreedor privilegiado. La idea era la misma: iniciar así la nacionalización de Vicentin, algo que desde el mismo momento del lanzamiento de la idea en 2020, generó que un puñado de privados, también acreedores, pasaran a la acción para impedir el avance del Estado sobre el control de la compañía.

Los impulsores primarios de la contraofensiva fueron Bunge, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra, los que operaron sobre la compañía en lo que más necesitaba, dinero en efectivo. Se supone que aportaron desde el 2020 unos U$S 300 millones para mantener los giros de fujo y que Vicentin siguiera con vida los últimos años.

Luego, este año, el grupo de acreedores logró sumar a la cruzada de presentación de un cramdown (salvataje) a los bancos privados, los que en los hechos tendrían deudas más importantes que el Banco Nación (en total Vicentin debe unos U$S 1.500 millones), pero se encuentraban divididos en grupos según tamaño, importancia y capacidad de acción.

Entre otros acreedores figuran, dentro de los dispuestos a aceptar la nueva propuesta, Cargill, Cofco, Bayer, BASF, Molinos Río de La Plata, Los Grobo y Monsanto. También firmarían los bancos y fondos de inversión privados acreedores de capital internacional FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y el Credit Agricole.

Punta de lanza

Lentamente, se fueron sumando otros acreedores como el Banco de Córdoba y el Bradesco. Además de KPMG y Swiss Medical como acreedores en el rubro servicios. Enfrente se mantuvieron el BICE y el Credicoop, los que trabajarán con el Banco Nación, lo mismo que la AFIP. Esto es, el oficialismo.

Estos últimos suman acreencias por unos U$S500 millones, ante los U$S800 millones de los privados unidos, con lo que se impuso la aceptación de su propuesta. Ahora, muchos dentro del oficialismo esperan que ahora haya en realidad una negociación con los acreedores públicos, y que la salida sea negociada. Eventualmente, con la presencia minoritaria del Estado en el directorio, algo que la familia propietaria rechaza.

Pensar que al comienzo de la embestida la amenaza del Ejecutivo era tomar control de la compañía e ir más allá con ideas que llegaban hasta la posibilidad de dominar a través de Vicentin el comercio exterior de productos primarios, bajo el dominio de una especie de cámara compensadora, suena hoy a una utopía.

Pero lo cierto, mirando atrás en el tiempo, es que la idea de un avance sobre la compañía santafesina fue tomada por el campo, sin mayores vueltas, como un nuevo intento de una Resolución 125. Y el recuerdo del principal conflicto económico y político de toda la era kirchnerista. Hasta el ahora perdidoso Omar Perotti entendió rápidamente, al convertirse en el primer rebelde a la idea kirchnerista sobre Vicentin.

Hacia delante, después de ese junio de 2020, nunca hubo reconciliación. Tampoco explicaciones. El campo, no sólo el de Santa Fe, continuó su pelea contra el kirchnerismo. Y con ese clima se votó ayer en las PASO santafesina, como en Córdoba.