Vicentin: privados contraatacan con proyecto de Cramdown propio

Los acreedores privados de Vicentin están en alerta. Ante las novedades expresadas por el propio Alberto Fernández el fin de semana, sobre la intención de retomar el proyecto de nacionalización de la fallida cerealera santafesina. El Presidente habló de avanzar en un proceso de Cramdown a partir de los U$S 400 millones que Vicentin le debe al Banco Nación; entidad financiera que, por otro lado, rechazó en primera instancia la oferta de la compañía de una quita del capital adeudado por un 80% del total, porcentaje que había sido avalado por el juez de Reconquista Fabián Lorenzini.

La presentación en contra del magistrado fue lo que derivó en la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, la que ahora mantiene intervenida la causa y debe tomar la decisión final sobre la forma en que continúa el proceso de quebranto. Ante esto, la decisión del gobierno nacional decidió ya avanzar en el desembarque sobre el control de la compañía como acreedor privilegiado, para iniciar así la nacionalización de Vicentin.

Ante esta realidad, un puñado de privados, también acreedores, decidieron pasar también a la acción, para impedir el avance del estado sobre el control de la compañía. Los impulsores primarios son Bunge, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y Viterra; quienes en los hechos están operando mensualmente la compañía, aportando un giro mensual de unos U$S 300 millones (que genera ya la propia Vicentin en actividad).

Este grupo intentará sumar a la cruzada de presentación de un Cramdown pero administrado por los acreedores privados; lo que en los hechos tendrían deudas más importantes que el Banco Nación (en total Vicentin debe unos U$S 1.500 millones), pero se encuentran divididos en grupos según tamaño, importancia y capacidad de acción.

A los primeros que llamará el trío que hoy opera Vicentín es a Cargill, Cofco, Bayer, BASF, Molinos Río de la Plata, Grobocopatel Hermanos, Los Grobo y Monsanto. Luego avanzará sobre los bancos y fondos de inversión privados acreedores de capital internacional FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y el Credit Agricole.

También están en la lista las entidades nacionales el Macro, el Banco de Córdoba y el Bradesco. Además de KPMG y Swiss Medical como acreedores en el rubro servicios. Se supone que el BICE y el Credicoop trabajarán con el Banco Nación, lo mismo que la AFIP. Sin embargo, estos últimos no sumarían más de unos U$S 500 millones; pero el grupo privado superaría largamente los 800 millones de dólares, y, en consecuencia, la mayoría acreedora para imponer una salida por fuera del Cramdown que lleve a la nacionalización.

Como contó ayer este medio, para las dos partes, lo más inminente es tomar contacto con la corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quien hace dos semanas intervino directamente en el proceso, quitándole la causa a Fabián Lorenzini. El Máximo Tribunal provincial tomó la decisión de quitarle el concurso al juez de primera instancia, suspendiendo la decisión local todos los plazos y trámites de de la causa, bajo el argumento de la "gravedad institucional" de la causa ante el peligro de no avanzar una solución dentro del concurso de la compañía.

El texto de la decisión fue la siguiente: "Santa Fe, 16 de junio de 2022. Por recibido. Del pedido de avocación, traslado al Sr. Juez del concurso. Una vez evacuado el mismo se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte puede expedirse con los autos principales a la vista. Suspéndase los términos que estuvieran corriendo".

Lo último que había avalado Lorenzini, fue el acuerdo entre el 51% de los acreedores para acelerar la resolución del concurso, pero sin garantizar que ese nivel de aceptación alcance además al 66% del capital concursado. En este caso, la mayoría bancos. De antemano, desde el Banco Nación se le hizo saber al juez que no se aceptaría la quita del 80%, afirmando que "la evaluamos como una propuesta abusiva que deja a los acreedores en una mala situación.

El Banco Nación va a rechazar inequivocamente esta propuesta, en la fase concursal y después", según declaró el presidente de la entidad Eduardo Hecker durante su presencia en la edición 2022 de Expoagro. "Como administradores de un patrimonio público no vamos a aceptar una quita del 80% de la deuda que Vicentin tiene con el Banco Nación. Se proponen 12 años de fazones y mantener una situación de escasa vitalidad productiva sin mucha agregación de valor. Es posible en una solución como esta se estén dando los pasos para el desguace", completó Hecker.