Vicentin: el plan del Gobierno para tomar control de la empresa

Vicentin: el plan del Gobierno para tomar control de la empresa

Como es el proceso de Cramdown que se pondrá en marcha ante la Justicia de Santa Fe, con el Banco Nación como bandera. Requiere un complicado apoyo de cerealeras privadas y bancos acreedores.

Carlos Burgueño

Carlos Burgueño

El Gobierno está decidido. En las próximas horas terminará de organizar la estrategia legal para que la posibilidad de que, ahora sí, el Estado pueda ingresar en la agroexportadora Vicentin; y luego pasará a la acción. La estrategia es organizar un proceso denominado Cramdown, y a través de las acreencias del Banco Nación sobre la empresa, reclamarle a la Justicia santafesina entrar en el directorio y, luego, el manejo de la compañía. Para esto el sector público debería avanzar en una alianza o acuerdo con los acreedores privados de Vicentin, para que aprueben la estrategia del Gobierno.

La promesa para convencer a los privados a los que la compañía les debe dinero (mayormente bancos privados internacionales, fondos de inversión, cerealeras de todo tamaño y entidades financieras locales); es que el Gobierno nacional organizará como principal accionista una nueva estructura. Y que el modelo al que se quiere imitar es el de YPF. Se le prometerá a los privados seriedad y capacidad organizativa del sector público dentro de Vicentin. Pero esto será en realidad un segundo momento de la embestida reloaded del oficialismo en la empresa.

Lo inminente es tomar contacto con la corte Suprema de Justicia de Santa Fe, quién hace dos semanas intervino directamente en el proceso, quitándole la causa al juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini. Este magistrado llevaba adelante el proceso desde la presentación en concurso de Vicentin, limitando al máximo cualquier posibilidad de ingreso del Estado como interesado potencial; y delegando al Banco Nación y el resto de los acreedores del proceso al mismo listado que todos los demandantes a la compañía.

Esto es, uno más en una larga lista que integran también el Banco Provincia, el Macro, el Banco de Córdoba, el BICE y el Credicoop entre los locales; el Bradesco, FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole entre los extranjeros. Además figuran en el listado empresas del rubro de Vicentin como Bunge Argentina, Bunge Argitrade; Cargill,; Cofco International Argentina, Cofco International Resources, Cofco Resources, Bayer, BASF, Molinos Río de la Plata, Grobocopatel Hermanos, Los Grobo, Maxiconsumo, y Monsanto; además de KPMG, Swiss Medical, $6,7 millones; AFIP y la DGI.

En total el pasivo suma unos US$1.500 millones, de los cuales unos 500 perteneces a organismos públicos varios, con lo cual, un acuerdo con los privados es imprescindible para que el Gobierno pueda avanzar sobre Vicentin en un proceso de Cramdown.

El primer paso no es negociar con los privados, sino acelera sobre la Corte Suprema de Santa Fe, quién ahora tiene el dominio de la causa.

El Máximo Tribunal provincial tomó la decisión de quitarle el concurso a Lorenzino, suspendiendo en la decisión local todos los plazos y trámites de de la causa, bajo el argumento de la "gravedad institucional" de la causa ante el peligro de no avanzar una solución dentro del concurso de la compañía. El texto de la decisión fue la siguiente: "Santa Fe, 16 de junio de 2022. Por recibido. Del pedido de avocación, traslado al Sr juez del concurso. Una vez evacuado el mismo se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte puede expedirse con los autos principales a la vista. Suspéndase los términos que estuvieran corriendo".

Lo último que había avalado Lorenzini, fue el acuerdo entre el 51% de los acreedores para acelerar la resolución del concurso, pero sin garantizar que ese nivel de aceptación alcance además al 66% del capital concursado. En este caso, la mayoría bancos. De antemano, desde el Banco Nación se le hizo saber al juez que no se aceptaría la quita del 80%, afirmando que "la evaluamos como una propuesta abusiva que deja a los acreedores en una mala situación.

El Banco Nación va a rechazar inequivocamente esta propuesta, en la fase concursal y después", según declaró el presidente de la entidad Eduardo Hecker durante su presencia en la edición 2022 de Expoagro. "Como administradores de un patrimonio público no vamos a aceptar una quita del 80% de la deuda que Vicentin tiene con el Banco Nación. Se proponen 12 años de fazones y mantener una situación de escasa vitalidad productiva sin mucha agregación de valor. Es posible en una solución como esta se estén dando los pasos para el desguace", completó Hecker.

El avance del Gobierno sobre Vicentin terminará de cerrarse esta semana. Y la próxima podría confirmarse la presentación del Banco Nación sobre la Corte, para pedirle que se habilite el proceso de Cramdown. Según la ley de quiebras, podría aceptarse desde la Justicia la aplicación del salvataje frente al fracaso de un proceso de acuerdo entre la dirección de una empresa concursada y los acreedores, "al solo efecto de superar la crisis, terceros interesados tengan acceso a asumir el riesgo empresario, afrontando un precio real por su valor". La única manera que un proceso de este tipo funcione en el caso Vicentin, es que el Nación convenza al resto de los bancos acreedores y alguna que otra cerealera, que se sumen a la cruzada.  

Difícil. Más si la propaganda oficial apunta a una Vicentin nacionalizada, con mayoría accionaria del Estado y destinada a una compañía que regule el mercado de alimentos y las exportaciones de cereales, oleaginosas y aceites al exterior. Y que un proceso semejante cuente con el aval de los privados del sector acreedores de Vicentin, pero que son ideológicamente por definición, enemigos de la cruzada oficial para controlar los mercados locales de alimentos y exportaciones primarias. Casi casi una utopía. Salvo un milagro.

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