Se acortan los tiempos

El "dólar soja" y la batalla final entre el kirchnerismo y el albertismo

Ante la suposición de que existen U$S 20.000 millones sin liquidar, el oficialismo se debate entre dos posiciones antagónicas: convencer con medidas de mejora del tipo de cambio para conseguir U$S 5.000 millones o avanzar en otra "guerra contra el campo".

Carlos Burgueño
Carlos Burgueño domingo, 24 de julio de 2022 · 10:20 hs
El "dólar soja" y la batalla final entre el kirchnerismo y el albertismo
Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron el sábado en la quinta de Olivos.

Nuevamente, la batalla es entre "halcones y palomas" dentro del Gobierno. La suposición de que existen unos U$S 20.000 millones en exportaciones de commodities (no sólo soja) sin declarar, y en posesión de productores primarios, cerealeras y brokers varios genera por estas horas una nueva y durísima batalla política dentro de la coalición gobernante. Y, de escalar, podría convertirse en el próximo (y quizá definitivo) conflicto entre el Ejecutivo y sus variantes y el kirchnerismo.

Los primeros, especialmente los funcionarios y funcionarias que están en el día a día de la gestión económica, saben que el principal problema no es ideológico (al menos en sentido estricto) sino de una urgencia extrema: faltan dólares. Muchos. Y que si esta escasez no se soluciona rápido y con decisiones concretas, la corrida cambiaria continuará y la crisis seguirá corroyendo la estabilidad económica y financiera como una lluvia ácida.

Ante esta situación, y sabiendo que la única forma de lograr divisas de manera más o menos urgente es "convencer" a los exportadores varios de la oportunidad de liquidar su propiedad privada, muchos funcionarios de la rama racional del Ejecutivo se dedicaron todo el fin de semana nublado a estudiar medidas para incentivar estas liquidaciones.

Según las cuentas básicas elaboradas con la rapidez del caso, el número que el "albertismo" considera necesario para "pasar el invierno" y llegar con ciertas posibilidades de estabilización cambiaria a la próxima tormenta de septiembre (donde habrá vencimientos por más de un billón de pesos y otra vez el ministerio de Economía se jugará el descenso o la permanencia en primera división), es de U$S 5.000 millones.

Esto es sólo el 25% de lo que las cuentas básicas del oficialismo consideran que los exportadores están acumulando a la espera de una mejora concreta del tipo de cambio. Con ese dinero, aseguran en Economía y el Banco Central, habrá fondos suficientes como para mostrar al mercado cierta fortaleza de acción, poder financiar importaciones básicas para sostener el ritmo de crecimiento (algo lánguido desde mayo) de la industria y la obra pública y, fundamentalmente, pagar los aproximadamente U$S 1.400 millones que aún resta liquidar para importar energía. Sobre este último punto, se asegura que para cuando llegue agosto el dinero necesario para garantizar la llegada de los barcos gasificadores comenzará a bajar hasta llegar a cero. Y que para fin de año habrá exportación de gas para generar algo de divisas.

Los cálculos del Gobierno

Para lograr estos U$S 5.000 millones, este fin de semana se volcaron sobre la mesa tres medidas alternativas, todas de alto contenido técnico y baja densidad ideológica:

  • Aplicar un dólar preferencial con un cupón de 5% a cambio del adelantamiento de unos U$S 5.000 millones de manera inmediata; y con garantía del BCRA;
  • Abrir una ventana de tiempo de entre 30 y 60 días (no más) con una baja sensible de retenciones (20% total o menos), más descuentos de ganancias para el ejercicio fiscal 2023.
  • Dólar diferenciado mitad oficial/ mitad MEP. Implicaría hoy un tipo de cambio real de 180 a 200 pesos por dólar (cierres del viernes: $ 136 el oficial y $ 315 el MEP).

Cualquiera de estas medidas mejoraría sustancialmente el tipo de cambio real de los exportadores y, al menos, los pondría a pensar en la posibilidad de una liquidación. Dentro del gobierno hay también quien piensa que para acelerar los tiempos deberían abrirse negociaciones urgentes con CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales); quienes representan, al menos en la teoría, a los tenedores de esos 20.000 millones de dólares.

El dólar blue cerró a $338 la semana pasada.

Algunos creen, quizá con razón, que en la mesa deberían estar también sentadas las diferentes sociedades rurales del país y los referentes de los productos agropecuarios de base, dado que en muchos casos son ellos quienes retendrían sus bienes a la espera de una mejora del tipo de cambio. Como sea, para las "palomas" difusoras de esta alternativa no hay mucho tiempo. Al punto que Alberto Fernández debe llegar con novedades decisorias antes del martes, cuando vuelva al país Silvina Batakis luego de su gira por despachos de Washington.

La medida es apoyada además por varios gobernadores, representantes ejecutivos de provincias plagadas de productores primarios. De hecho ya se hizo pública esta posición de parte del cordobés Juan Schiaretti y el santafesino Omar Perotti, todos conocedores de sus territorios y sabedores que no hay margen político ni económico para un conflicto con el campo en sus provincias. Y que electoralmente, la única posición posible es la de apoyar al agro, sus productores, proveedores y comercios aledaños. Más sabiendo que se trata de dos provincias donde Juntos por el Cambios acecha y está a una elección de tomar el poder.

Qué piensa el kirchnerismo

Frente a estas "palomas" dialoguistas y ejecutivas que buscan medidas de mejora del tipo de cambio real del campo, aparecen los "halcones". Más específicamente, el kirchnerismo y el ala más de izquierda del oficialismo. El grupo plantea, directamente, pasar a la acción. Creen que se acabó y fracasó el tiempo del diálogo, una actividad propiciada por Alberto Fernández que ya habría dado muestras finales de fracaso. Y que sólo dilata el tiempo de decisiones más radicalizadas para terminar de cuajo el problema.

Esta posición estuvo clara durante todo el fin de semana cuando se distribuyeron de todas las maneras posibles imágenes tomadas por drones donde se mostraban múltiples diseños de silobolsas colocadas estratégicamente al borde de los campos productivos, a la espera de una devaluación que, de alguna manera, era propiciada por ellos mismos a través de un encarecimiento de los dólares financieros y el blue.

En este grupo se vive el evento como una presión inaceptable, que un gobierno nacional y popular no puede aceptar de ninguna manera, y que debe frenarse de cuajo. ¿De qué manera? Con todas las herramientas legales disponibles. Y, si es necesario, con algunas otras también. Se habla de aplicar leyes de abastecimiento, avances con fuerzas de seguridad, lanzamiento al espacio campestre de agentes de seguridad e impositivos y medidas de castigo.

Algunos incluso creen que llegó el momento de avanzar con la gran medida que siempre está disponible para generar una nueva "guerra contra el campo": suba de retenciones por decreto, llevando el impuesto a las exportaciones por arriba del 35%. Obviamente serían todas acciones que lejos de potenciar y acelerar la liquidación sojera, provocarían un conflicto casi terminal con el campo. Y con los gobernadores semioficialistas que por convicción u obligación política los defienden. Provocaría además una estampida dentro del propio gabinete de Alberto Fernández, con renuncias masivas de ministros clave que ante la embestida dejarían, sin mayores vueltas, sus cargos ante una derrota política segura.

Nuevamente la decisión entre las propuestas de las "palomas" y los "halcones" debe ser tomada por Alberto Fernández. Pero otra vez, como la reestructuración de la deuda o con el Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sin acuerdo con el kirchnerismo, lo cual agravaría la interna en la coalición oficialista. Pero, en esta oportunidad, podría ser la batalla final.

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