La jueza Loretta Preska, más cerca de tomar una decisión final en la causa YPF

Ya en los momentos definitorios de la causa, Argentina y los dos fondos demandantes en el caso por el juicio que se inició en el Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York  por la manera en que se renacionalizó YPF en 2012, no pueden ponerse de acuerdo ni en los puntos burocráticos básicos.

Y para dilucidar cuestiones fundamentales para que se lleguen a decisiones terminales, la falta de acuerdos requerirá que sea la jueza Loretta Preska la que termine, otra vez, de resolver una traba instrumental, algo que, se sabe, molesta y mucho a la jueza.

El viernes pasado se conoció el dato que los abogados que representan al país y a los fondos demandantes Burford Capital y Eton Park, no se pusieron de acuerdo en la fecha en que debería comenzar la resolución final de la causa y la toma de una decisión económica por parte de Preska, con lo que la fecha será puesta por la magistrada.

Antes, en mayo, las partes tampoco pudieron ponerse de acuerdo en el monto y el eventual mecanismo de pago, con lo que ahora será la jueza la que definirá todas las cuestiones finales, en un gran fallo que la propia Preska presentará en sociedad en los próximos días. La estrategia argentina en esta cuestión es clara y política: estirar lo máximo posible la definición, hasta llevarlo, en lo posible, después de las elecciones de octubre. 

Por lo que se sabe, los fondos demandantes reclaman entre 5.000 y 7.000 millones de dólares, partiendo de la base de lo que es el corazón de la demanda, el pago a Repsol por la renacionalización de la petrolera y el no reconocimiento de los derechos del resto de los accionistas minoritarios a recibir la misma oferta de parte del Estado argentino. A ese monto deberían sumarse intereses acumulados, ahora se sabe, según la consideración judicial de la jueza Loretta Preska.

El papel de Kicillof

La posición del Gobierno argentino siempre será la de desconocer el fallo, insistir en la versión que oficializó el ahora gobernador de la provincia de Buenos Aires y exresponsable de la renacionalización, Axel Kicillof, sobre que todo se trata de un "absurdo jurídico" y una especie de conspiración internacional, y se buscará ganar tiempo para que los plazos de definiciones de Preska se extiendan lo más lejos posible.

Como para empezar, que el cierre de la primera etapa de la causa (la primera instancia) se extienda lo máximo, hasta que la apelación a la Cámara de Nueva York se concrete lo suficientemente lejos, para que sea el próximo gobierno el que deba resolver la cuestión. Y, eventualmente, culparlo por aceptar la sentencia.

El fallo de Loretta Preska es claro. Especialmente, al momento de determinar quiénes son los culpables de haber ignorado a los accionistas de YPF, que deberían haber recibido el mismo trato que la española Repsol, al momento de renacionalizar la petrolera en 2012.

Según la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, el Congreso Nacional al aprobar la ley correspondiente a la acción de toma de control de YPF y el Poder Ejecutivo que no tuvo en cuenta en ningún momento los derechos de los accionistas minoritarios, fueron quienes le otorgaron argumentos a los demandantes Burford Capital y Eton Park, para que éstos puedan reclamar ante los tribunales de Manhattan, al considerarse vulnerados sus derechos resguardados por los organismos reguladores de Wall Street.

Para Preska, siguiendo jurisprudencia histórica de los tribunales norteamericanos, las leyes locales son de inferior calidad en el otorgamiento de derechos que las regulaciones legales de la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, al considerar que es una elección particular de las empresas privadas (en este caso YPF) cotizar en la bolsa neoyorquina. Y que, al hacerlo, se aceptan las reglas locales.

Ninguna legislación particular de cada Estado independiente y soberano tiene mayor alcance que las normas del lugar, dado que la decisión de cotizar en Wall Street es un hecho voluntario.

En consecuencia, para el fallo de YPF, la ley de renacionalización del 2012 no vulnera el derecho anterior de los demandantes de haber recibido una oferta similar a la de recompra de Repsol. Y quienes avanzaron sobre estos derechos fueron el gobierno de entonces de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y principal operador del avance sobre las acciones del Repsol (51%), y el Congreso que aprobó una ley que vulneraba derechos anteriores.

Libera de cualquier responsabilidad legal o financiera, tanto a la petrolera como a los anteriores tenedores de las acciones, que fueron adquiridas por los demandantes y pertenecientes al Grupo Petersen, a través de Petersen Energía y Petersen Investment.
El único responsable fue el Estado argentino y, en consecuencia, será el que deba hacerse cargo de las responsabilidades del fallo.

Hasta ahora Preska no determinaba el monto a pagar, invitando a las partes a un acuerdo directo y negociado entre Argentina y los dos fondos acreedores, algo que, como se suponía, no llegó a buen puerto. Se estima que en las próximas semanas las jueza dará definiciones sobre monto y plazos de pago, pero allí se abrirá la instancia de las apelaciones, un proceso de no menos de cuatro años, que seguramente terminará en la Corte Suprema de los Estados Unidos. 

Antecedentes

La demanda fue iniciada por los fondos Burford y Eton Park, que reclaman por el inicio de proceso comenzado el 16 de abril de 2012, cuando culminaba reingreso del Estado en YPF, terminando con la gestión de Repsol en la petrolera.

Unos años después, y cuando ya el gobierno kirchnerista había cerrado la negociación para que los españoles expulsados no hicieran juicio y cobraran al contado su salida por unos U$S6.500 millones, el fondo Burford, especializado en litigios complejos, se enteró que en unos tribunales madrileños se encontraba una causa por quebrantos de uno de los socios privados de la petrolera.

Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos US$1.000 millones) a las arcas del fondo Burford.

Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. 

La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera.

El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la Justicia española y reconocida por los propios Burford, que desistieron de reclamarle a Petersen.

El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quien es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde finalmente el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, Burford anunció en junio de 2013 a sus accionistas la venta del 15% del juicio en US$66 millones.

En esa operación, el fondo de capitales ingleses, especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de US$440 millones, en lugar de los US$3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

Burford no es especialista en inversiones financieras ni en el mundo energético o petrolero, sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.

Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF, en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso.

Antes dejó claro que no podía seguir adelante sosteniendo ese porcentaje por la manera en que se decidió reestatizar la petrolera y la prohibición explícita del Gobierno argentino de redistribuir dividendos en la nueva YPF.

La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.

La apuesta de Burford

Lo que ofrece Burford es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio del 2013, con lo que pudo esperar una definición desde hace ya diez años.

El reclamo original del fondo es por los supuestos daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se le hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford le había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía S.A.U. y Petersen Inversora S.A.U. (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012.

Finalmente, el 11 de julio, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.

Al 30 de junio de 2018, Burford ya había vendido a inversores institucionales el 28,75% de los derechos de litigar contra YPF por US$136 millones”. Para todos será un gran negocio, en el caso que la Corte Suprema de Estados Unidos vuelque la balanza a favor de los litigantes. El fallo global podría llegar a los 2.000 millones de dólares de capital, más los intereses que fije el tribunal primario, más los gastos generados por toda la causa.

Según la jurisprudencia que quedó por el juicio a los fondos buitre, el dinero global podría llegar a los US$2.500 millones, o aún más. Ese dinero deberá ser pagado por el Estado argentino y no por la petrolera, ya que fue el Gobierno el responsable máximo de la operación de reestatización.