FMI: acuerdo suspendido y negociaciones furiosas para una oportunidad final

Desde ayer a las 14:35 horas, el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) está caído. O, como mínimo, suspendido; a la espera de la llegada de Gabriel Rubinstein, Leonardo Madcur y Marco Lavagna a la sede del organismo en Washington, lo que ocurriría mañana a última hora.

El viernes, el viceministro de Economía, el jefe de asesores de Sergio Massa y el encargado de las relaciones del Palacio de Hacienda con los organismos financieros internacionales, se sentarán frente a frente a la subdirectora gerente del Fondo Gita Gopinath y al delegado para el caso argentino Luis Cubeddu.

Los cinco, más algún que otro protagonista extra, tendrán la misión más importante de los últimos tiempos: cerrar un nuevo acuerdo entre el país y el FMI, que reemplace al acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 25 de marzo del año pasado, y que ya no tiene vigencia desde ayer.

Acuerdo caído

¿Por qué ya no está en funciones el acuerdo? Porque oficialmente el Ministerio de Economía le comunicó al organismo que utilizaría títulos en dólares emitidos en la reestructuración del canje de deuda de agosto del 2020 por Martín Guzmán para contener el tipo de cambio en los mercados del dólar MEP y el CCL, operación que comenzó a ejecutarse ayer llevando el tipo de cambio en el primer mercado a 447 pesos contra los 495 del cierre del blue.

Este movimiento de bonos hacia el mercado cambiario colocando bonos para contener un precio de la divisa, está estrictamente prohibido en el acuerdo con el FMI, con lo que la información de la gente de Massa hacia Washington de ayer por la tarde a minutos del cierre de la jornada financiera del martes implicó la suspensión unilateral de los compromisos mutuos.

No fue un rompimiento total, porque el compromiso de Buenos Aires era enviar a Washington a Rubinstein, Madcur y Lavagna para cerrar las negociaciones que hasta ayer se venían manteniendo vía zoom entre la sede del organismo y el Palacio de Hacienda; y que están por llegar a una propuesta concreta.

Ésta se cerraría en las próximas cinco jornadas de negociaciones frenéticas, que comenzarán el jueves y terminarán, en lo posible, antes que culmine el lunes primero de mayo, día feriado donde en Argentina no operan mercados. Para el martes, habrá definiciones, sí o sí. Y no se descarta que el propio Sergio Massa vuele a Washington si hay fumata blanca. 

Cambio de pantalla

¿Cuál sería ese acuerdo que reemplazaría, o reestructuraría el Facilidades Extendidas vigente? Pese a la complejidad de la situación, los puntos serían simples de explicar. 

1) No habría nueva deuda, sino una aceleración de los giros comprometidos hasta fin de año por parte del FMI. El organismo debía girar unos U$S 4.500 por trimestre hasta fin de año, lo que implica unos U$S 13.500 millones totales. Ese dinero, según el acuerdo vigente, debe usarse para pagar al propio FMI en los vencimientos trimestrales del Stand By, lo que implica pagos por unos U$S 3.500 millones.

En síntesis, esos 13.500 millones de dólares tienen que derivarse a las liquidaciones trimestrales de julio, setiembre y diciembre por un total de U$S 10.500 millones. El resto del dinero, unos U$S 3.000 millones corresponden a otros gastos generales que el país tiene con el FMI.

Lo que el organismo propone, es que los tres pagos comprometidos por el Stand By firmado en el gobierno de Mauricio Macri se corran a un nuevo cronograma que comenzaría en marzo del 2023; pero con la aceleración de la totalidad de los desembolsos a julio. O antes. Así, el Gobierno recibiría unos 10.500 millones de dólares, los que, al no tener que ser girados al FMI, quedarían para reforzar las reservas del Banco Central.

2) Argentina debería comprometerse a cambio a ejecutar políticas de contracción fiscal de manera inmediata, incluyendo la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, avanzar en el muy demorado revalúo inmobiliario, obra pública y otros frentes de gastos e ingresos. Se duda en el FMI de negociar la meta final de un déficit fiscal primario de 1,9% del PBI. 

3) Los 10.500 millones de dólares no pueden utilizarse para ejecutar política cambiaria para contener el valor actual de la divisa en los diferentes mercados, con lo que operaciones como la que comenzó a aplicar el Gobierno ayer en el MEP y el CCL estarían prohibidas. Queda para la negociación si, además, se reclama una devaluación del peso o algún tipo de intervención directa en los mercados cambiarios con estas divisas.

4) El FMI reclama acuerdos políticos. Esto incluiría algún tipo de apoyo de la oposición, dado que parte de la negociación implica el corrimiento de vencimientos de este año al próximo, cuando, algo seguro, ya no estará Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, sea de quién sea el color político que venza en las elecciones de este año.