Cómo es el "bono basura" de la Nación, que Horacio Rodríguez Larreta rechaza
Horacio Rodríguez Larreta anunció hoy que el jueves la Legislatura porteña tratará -y eventualmente aprobará- un proyecto enviado por el jefe de Gobierno porteño, por el cual se eliminará el impuesto al 1,2% a los Sellos para las compras con tarjetas de crédito.
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Con esto acelera su promesa de terminar con la carga impositiva que aplicó desde el año pasado, luego que el Gobierno nacional decidiera quitar parte de la coparticipación que le correspondía a la Ciudad; sabiendo que, como afirmó el propio Rodríguez Larreta esta mañana, "el Gobierno (nacional) decidió ignorar el fallo".
Según el precandidato presidencial por Junto por el Cambio, la posibilidad de financiar la eliminación del tributo que pagan todas las tarjetas de crédito emitidas en la ciudad (prácticamente todas las que circulan ya que la mayoría de los bancos están radicados legalmente en el territorio porteño), se financiará con una reducción en los gastos públicos de la ciudad. O, más cerca de la verdad, el alza de los ingresos por los efectos de la inflación en Ingresos Brutos.
Si se analiza la realidad, el problema de Rodríguez Larreta, y más allá de los ruidos verbales y políticos generados por los dichos de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa; el Gobierno nacional sí cumplió con el fallo de la Corte Suprema a favor de CABA. Y le está pagando los aproximadamente 88.000 millones de pesos. El problema es que lo hizo con una emisión de deuda en pesos con cotización de largo plazo.
Bonos TX31
Lo hizo el 1 de marzo pasado, con la ampliación de la emisión de los bonos TX31 por un monto equivalente a $ 98.500 millones; luego de la emisión de la Resolución Conjunta 9/2023 de las secretarías de Hacienda y de Finanzas de la cartera económica, cumpliendo lo ordenado por la Jefatura de Gabinete mediante la Resolución Administrativa 1282 del 26 de diciembre del año pasado.
Los bonos aún no se lanzaron al mercado, y se esperan sus regulaciones financieras finales para que comiencen a formar parte de la amplísima familia de deuda pública argentina en pesos, con el nombre oficial de los "Bonos del Tesoro Nacional en Pesos ajustado por CER 2,50% Vencimiento 30/11/2031", denominados TX31, por el total de Valor Nominal Original (VNO) de $ 65.382.679.179, según la norma oficial.
Como el valor técnico a la fecha de entrada en vigencia de la D.A. 1282/2022 fue de $ 1.506,5152 por cada mil pesos de valor nominal original, este tiene un valor equivalente a los $ 98.500 millones señalados. Se aclaró, además, que la dirección de Administración de la Deuda Pública (DADP) comunicará al Banco Nación el valor técnico diario de los Bonos TX31 para el período disponible en función de la información publicada por el Banco Central desde el 26 de diciembre de 2022, fecha de entrada en vigencia de la Decisión Administrativa 1282/2022.
Según la operatoria oficial, será -por cuestiones legales por ser entidad oficial- el Banco Nación calculará cada jornada el diferencial entre el 2,95% y el 1,4% de reducción de la coparticipación de la Ciudad, para ir enviando el monto de pesos diferencial, aplicando valores técnicos de mercado.
El dinero restante se girará a las cuentas de la Ciudad, donde habitualmente se depositan los fondos coparticipados que le corresponden según el criterio de la Nación y las leyes vigentes.
Historia de desencuentros
La ley que se aplicará es la 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos fue sancionada en enero de 1988, cuando aún la Ciudad de Buenos Aires no contaba con autonomía, por lo que -junto al por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego- no forma parte de la distribución secundaria, que establece las alícuotas correspondientes a las provincias.
El artículo 8 de la ley estableció que la Nación "entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987".
Sin embargo, una vez establecida la autonomía de CABA, su alícuota se dispuso por decreto y por fuera de la distribución secundaria, comenzando con un 1,4% que luego, en la Presidencia de Mauricio Macri fue elevada al 3,75% y posteriormente reducida al 3,50%.
Ésta fue la realidad, hasta que en septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández embistió contra los fondos coparticipados para la Ciudad, y los redujo del 2,32% al 1,4% de antes de la decisión de Macri. La decisión de la Corte volvió las cosas a su lugar e impuso volver al porcentaje final, con el porcentaje establecido del 2,32%.
Alberto Fernández amagó con incumplir el fallo, pero luego recapacitó y aceptó pagar. Pero con el bono TX31. Una operación que considera absolutamente legal. Para el Gobierno, el antecedente irrefutable para que CABA acepte el pago por esta vía es concreto, real y tiene el aval de la CSJ.
El caso Santa Fe
Fue cuando el 29 de junio del 2022 el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti anunciaron en el Palacio de Hacienda un acuerdo entre la Nación y esa provincia, avalado por el tribunal, por el cual el Tesoro entregó papeles por unos 151.873.185.902,46 pesos.
Ese día Guzmán, que ya tenía problemas de estabilidad que llevarían a su denuncia, anunciaba que "con este convenio se regulariza con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), sumándose Santa Fe al resto de las provincias, en lo que es el fortalecimiento de los servicios de recaudación", aseguró Guzmán.
Luego agregó que "consideramos que éste es un buen resultado para regularizar una situación que también era un compromiso del Presidente de la Nación y que servirá para seguir fortaleciendo la recuperación productiva que vemos que en Santa Fe es fuerte".
Por su parte, Perotti diría que la firma de este convenio es el cierre de varios meses de trabajo con todos los equipos de la provincia y del Ministerio de Economía, que se vino desarrollando a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo a fines del año pasado la forma en que debía establecerse la actualización de esos montos.
"En ese momento la deuda estaba en los montos que da el ministro. Eso se ha actualizado al día de hoy y ese monto llega a 151.800 millones de pesos, que serán cancelados a través de bonos actualizables por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)", explicaba Perotti.
El gobernador también dijo que la parte legal del Ministerio de Economía de la Nación redactará junto a Fiscalía de Estado de la provincia la presentación que harán ante la Corte Suprema para que valide el acuerdo alcanzado.
En la administración de Horacio Rodríguez Larreta se estudian alternativas legales. Se reconoce que la operación de Santa Fe tuvo el aval de la CSJ, con lo que tendría amparos constitucionales. El resquicio que se analiza, es que en ese caso se trataba de una deuda que la Nación mantenía con una provincia; mientras que el fallo por los puntos de la coparticipación que Alberto Fernández le quitó a la Ciudad es dinero que se debe liquidar hacia delante, ya que la decisión de la Corte no era retroactiva.