Chile: la economía que viene con José Kast, del exceso de "permisología" a la baja de impuestos

A Sebastián Piñera le tocó asumir la presidencia de Chile, en su primer mandato, tras el terremoto del 2010 y a los pocos meses el derrumbe de la ya célebre mina San José (rescate de los 33 mineros). Un comienzo nada envidiable, aunque el nuevo presidente chileno, José Antonio Kast, parece no estar exento de esta clase de recibimiento.

Asumió en medio de una crisis global de la que aún se desconoce tamaño y duración. De todos modos, al jurar el cargo semanas atrás, no desaprovechó la oportunidad para cargar sobre la herencia recibida, señalando que había recibido el país en peores condiciones de lo que podía imaginar.

Por ello, prometió un gobierno de emergencia centrado en seguridad y economía. En los primeros días la reacción del empresariado chileno ha sido cautelosa siendo moderados con las expectativas de crecimiento para el primer año de Kast, en función del deterioro del escenario internacional y la estrechez fiscal. No proyectan un crecimiento de más del 2,5% este año.

Inversiones en la mira

Si bien el gobierno de Kast enfrenta varios desafíos, a la vista de los mercados financieros internacionales el más importante es volver a hacer atractivo al país para la inversión extranjera.

De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento del proyecto de Reconstrucción Nacional presentado por la nueva administración, el plan económico incluye rebajas tributarias, cambios a la gratuidad universitaria y reformas para agilizar permisos de inversión.

Cabe señalar que tras los anuncios no tardaron en aparecer las advertencias de los analistas sobre la estrechez fiscal heredada, lo que le pone presión al dilema entre reactivar la economía y ordenar las cuentas públicas.

Claro que las propuestas oficiales llegan en un contexto sensible para las finanzas públicas, ya que el flamante ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que el Estado cerró 2025 con una caja fiscal extraordinariamente baja, lo que obligaría a implementar un proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.

Por ello se instaló una especie de tensión en el mercado, ya que el plan incluye rebajas tributarias, exenciones y subsidios, mientras el propio gobierno ha advertido sobre la delicada situación fiscal heredada.

Claves del proyecto oficial

Uno de los pilares del plan apunta a reactivar la economía mediante incentivos tributarios, y al respecto, entre las medidas destacan: la reducción de la tasa corporativa desde 27% a 23%, la reintegración del sistema tributario, la eliminación del impuesto a las Ganancias de Capital, y la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por 12 meses.

También contempla otras medidas de apoyo a la inversión y financiamiento de la reconstrucción, entre ellas un régimen de repatriación de capitales, que busca incentivar el retorno de recursos desde el exterior para apoyar el financiamiento del proceso de reconstrucción y dinamizar la actividad económica.

Con esta especie de blanqueo apunta a impulsar la inversión privada y dinamizar sectores intensivos en empleo, como la construcción. Por otro lado, la rebaja del IVA a la vivienda busca además reactivar el mercado inmobiliario, que ha enfrentado un período prolongado de caída en la inversión y un alto stock de viviendas sin vender.

Costo fiscal

Según la nueva administración el paquete tributario busca recuperar el crecimiento económico bajo la lógica de que una mayor actividad terminará ampliando la recaudación fiscal.

Sin embargo, el efecto inmediato de varias de estas medidas es, precisamente, una reducción de ingresos tributarios en el corto plazo, lo que abre el debate sobre su impacto en el equilibrio fiscal.

Vale señalar que varias de estas medidas vienen del programa de campaña presidencial con que Kast llevó a La Moneda: la rebaja del impuesto corporativo, la eliminación de gravámenes a las Ganancias de Capital y el fin de las contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores.

Por ello, se piensa que el proyecto de reconstrucción funciona también como el primer vehículo legislativo para comenzar a instalar su agenda económica.

Hay también una serie de cambios y medidas que influyen sobre las familias y los individuos, entre las cuales se destacan además de la eliminación de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores, el subsidio para proteger el empleo formal, destinado a apoyar la contratación y evitar un deterioro del mercado laboral.

A la vez, el proyecto contempla ajustes a la política de gratuidad universitaria, como parte de las medidas para contener el gasto público. Entre los cambios propuestos se incluyen limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años; frenar la expansión del beneficio a nuevos deciles de ingresos; establecer una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema, con el objetivo de evitar una mayor presión fiscal asociada a la extensión de la gratuidad.

Estas modificaciones forman parte del eje de “reconstrucción fiscal” del plan, que busca generar espacio presupuestario para financiar otras prioridades.

Imán de inversiones

Pero hay otro eje central del proyecto que apunta a destrabar proyectos de inversión, que es uno de los diagnósticos recurrentes del sector empresarial sobre la economía chilena. Las medidas incluyen reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); reducción de plazos y trámites en permisos sectoriales; agilización de concesiones marítimas; mecanismos de compensación cuando el Estado anula resoluciones administrativas.

En Chile hay muchas críticas sobre lo que denominan un exceso de “permisología” a la hora de hacer negocios e inversiones. El gobierno sostiene que estas reformas buscan reducir la incertidumbre regulatoria y acelerar la materialización de proyectos en sectores como minería, energía e infraestructura.

Cabe mencionar que también el plan incluye medidas de gasto directo para enfrentar los efectos de los incendios, entre ellas se destacan una inyección adicional de 400.000 millones de pesos chilenos (unos US$440 millones) para la reconstrucción de viviendas.

Viviendas en agenda

El nuevo gobierno planteó que la prioridad será acelerar la entrega de soluciones habitacionales en las zonas más afectadas por los incendios forestales. Además, se contempla ampliar el Fondo de Emergencia Transitorio y facilitar mecanismos de financiamiento complementario.

Por ahora, el paquete de medidas revela la estrategia económica inicial del gobierno tendiente a combinar estímulos a la inversión con ajustes en el gasto para recomponer las cuentas fiscales. El desafío será equilibrar ambos objetivos en un contexto de estrechez fiscal y de crecimiento todavía débil, y en medio de una crisis petrolera que todavía no se sabe hasta dónde escalará.

Por lo pronto las calificadoras de riesgo, conscientes de la situación fiscal chilena, ponen reparos en los planes de Kast, sobre todo presupuestarios. Consideran que restablecer la credibilidad fiscal es clave para preservar la solidez del marco macroeconómico y fiscal del país y respaldaría la calificación de riesgo del país.

De ahí que Kast lanzara un plan de austeridad, de reducción del 3% en gastos ministeriales buscando ahorrar 3.000 millones de dólares en un año, con déficit fiscal para 2025 de 3,6% del PIB según gobierno saliente de Gabriel Boric.