Sergio Massa va con Alberto Fernández a Washington, para buscar apoyo de EEUU ante el FMI
El ministro de Economía, Sergio Massa, se sumó ayer a la delegación oficial de máximo nivel que viajará a Washington el próximo miércoles 29 de marzo con una misión específica y concreta.
El titular del Palacio de Hacienda estará presente en la Casa Blanca para la cumbre entre los residentes Alberto Fernández y Joe Biden, a la que sumará algunos encuentros de agenda propia (eventualmente la Secretaría del Tesoro y la conducción máxima del Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de lograr el apoyo de los Estados Unidos a las negociaciones finales para el primer semestre del año con el organismo que conduce Kristalina Georgieva.
Massa recogió la certeza en las últimas reuniones que mantuvo con la titular del organismo, fundamentalmente la de fin de febrero en la Cumbre de ministros de Economía y titulares de Bancos Centrales del G-20 en la India, que el FMI podrá avanzar con la mayor voluntad posible en la flexibilización de las metas de reservas pactadas para el 2023.
Pero para cambios más radicales en el crédito de Facilidades Extendidas vigente, que incluyan alguna variación en las metas de déficit fiscal máximo de 1,9% y un tope de emisión monetaria de 0,6%, será el Board del FMI el que tenga que intervenir.
Lo mismo para conseguir líneas directas de DEGs (Derechos Especiales de giro), la moneda de referencia del Fondo, para ampliar las transferencias desde Washington a Buenos Aires, para fortalecer el apoyo de divisas en las reservas del BCRA.
Sabe Massa y su equipo económico que para que el Board avale estos cambios, un terreno siempre complejo y hostil para Argentina (gobierne quien gobierne), necesitará el apoyo explícito de los delegados de Estados Unidos.
Y esto solo se puede conseguir con una llamada y orden directa del propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, o de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Por esto, la reunión pactada en Washington es una oportunidad clave, que surgió casi sin estar en la agenda urgente de los dos países.
Hasta este jueves, y según la información que llega desde la sede del Fondo en Washington, varios de los países con peso específico (al menos oral) en el Directorio de la entidad que maneja Kristalina Georgieva, quieren más precisiones sobre la situación real de la Argentina.
También quieren un panorama de cuáles son las posibilidades concretas de que caiga el acuerdo en el corto o mediano plazo. Los embajadores presentes en el board, que representan a los estados accionistas de la entidad, leen y escuchan permanentemente las noticias que llegan desde Buenos Aires, que hablan de las dudas que existen en la Argentina, no solo ante la meta de aumento de reservas (ya anunciada su renegociación), sino del cumplimiento del déficit fiscal de 1,9% pactada para el 2023, y que para el staff técnico del FMI es irreductible.
Muchos de los países integrantes del Directorio, habían marcado en la difícil sesión del 25 de marzo del año pasado, cuando se aprobó el préstamo de Facilidades Extendidas, que Argentina volvería a caer en desgracia ante el FMI, y que otra vez habría que renegociar rápidamente.
Muchos de los integrantes del Directorio ya habían anticipado que ese momento llegaría este mismo año. En esta posición militaban, entre otros, Japón, los Países Bajos y Gran Bretaña; quienes en realidad siempre muestran posiciones duras contra el país.
En el otro costado, defendieron aquel día la posición argentina, Alemania, Francia y, en parte, Canadá. Luego fueron los Estados Unidos los que, sin intervenir verbalmente, definieron con su voto positivo la balanza a favor de Facilidades Extendidas.
La posición de este país, que con el 17% de los votos domina el organismo, era que debía aprobarse el acuerdo de Facilidades Extendidas, pero responsabilizando directamente al staff del FMI por la fiscalización del acuerdo. Aquel 25 de marzo había quedado en claro que el entonces director gerente para el Hemisferio Occidental, el brasileño-israelí Ilan Goldfajn(hoy al mando del Banco Interamericano de Desarrollo, BID), debería concentrarse en que Argentina no volviera a caer.
O, caso contrario, fiscalizar con marca hombre a hombre al país para informar al Directorio antes que a nadie, si el gobierno argentino tuviera dificultades serias de cumplir el acuerdo. Goldfajn ya no está. Su reemplazante, el chileno Rodrigo Valdes, asumirá los primeros días de mayo.
Los votos que definen
En el tema relativo a los votos del Board, la situación está marcada de manera clara. Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI, reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington. Cualquier acuerdo normal (Stand by o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%; pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica.
Recientemente, esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011. La necesidad de lograr ese porcentaje fue lo que le jugó en contra a la Argentina en 2001, cuando se desaprobó en el Directorio el último desembolso comprometido en el acuerdo vigente (US$ 1264 millones) ante la negativa de Estados Unidos de avalar la propuesta (por recomendación directa de la número dos de esos años, Anne Krueger); así como la aprobación del pacto de 2003 cuando Néstor Kirchner negoció directamente con George Bush un plan de cuotas por fuera de los tratados vigentes.
En el caso actual, también se hace imprescindible que el director norteamericano avale el pedido, ya que su voto a favor o en contra (o su abstención) definirá la suerte de la propuesta argentina. En total, el Board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.