El silencio no es negocio, ni para Edesur ni para AySA

Con seguridad, el desaparecido periodista Alberto Borrini encontraría abundante material como para reeditar aquel libro de 1983, ante una nueva realidad argentina, que en términos políticos es bien otra, ni qué decir del desarrollo de los medios y las nuevas formas de comunicación. Las empresas de servicios públicos operan en la vía pública y cuentan con millones de clientes que merecen, como tales, una respuesta oficial. Si no existe solución o paliativo, al menos un mínimo de certezas, empatía y consideración.

Es cierto que la crisis energética excede largamente los aspectos comunicacionales, sin embargo, el presente de Edesur revela que el problema de las empresas no es que desdeñen la comunicación, de hecho, la distribuidora cuenta con un gran equipo cuyos profesionales fueron distinguidos en innumerables ocasiones, sino que a la alta dirección parece guiarla el convencimiento de que en momentos de crisis es preferible no comunicar.

La reciente intervención de la distribuidora eléctrica, dispuesta por el Gobierno nacional, parece demostrar lo contrario. La política del avestruz que adoptó la empresa frente a los sucesivos y prolongados cortes de electricidad en su área de concesión, la dejó expuesta a cualquier aventura del poder de turno. Es cierto que el Grupo Enel, controlante de la compañía, ya manifestó su
intención de desprenderse del paquete accionario, pero ahora deberá hacerlo con el Gobierno sentado dentro de la distribuidora en la persona del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, un K de paladar negro muy hostil a las empresas privadas sobre todo a las que operan servicios públicos.

Adicionalmente, enfrenta una denuncia penal del Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por falta de suministro. Si la decisión de no hablar implicaba una estrategia para estar bien con Dios y con el diablo, la crisis fue tal que la hizo quedar mal con ambos. Ahora si algo mejora, probablemente producto de la llegada del otoño, será atribuido a la intervención del Gobierno. Si no es así, otra vez la empresa estará en el ojo de la tormenta y a merced de males mayores.

AySA es otra de las empresas de servicios públicos que adoptó la misma política. Hace más de cuatro años que no tiene un vocero y si alguna vez comunica es en cabeza de sus principales directores de carrera que, de tanto en tanto, se rebelan ante tanto silencio.

Hoy está siendo cuestionada públicamente por los medios y denunciada por un diputado nacional a raíz de una millonaria licitación. Lo curioso es que, aunque tiene argumentos a mano, no los usa. La licitación en cuestión está relacionada con la provisión de policloruro de aluminio (PAC) para la potabilización del agua. Sus detractores (leáse Ricardo López Murphy) aseguran que se trata de una licitación amañada para favorecer a un proveedor.

Transclor, la compañía del empresario Mauricio Filiberti, es la única capaz de proveer ese insumo en el volumen que AySA necesita. Quizás la acusación tenga fundamento o quizás no, pero lo increíble es que la empresa no informe que la planta de PAC, que funciona dentro del predio de la potabilizadora General Belgrano, se inauguró para evitar la importación de sulfato de aluminio a fines del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Eran tiempos de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio y de grandes restricciones para todo tipo de importaciones, que incluían productos químicos como el sulfato de aluminio.

Como antecedente se puede mencionar una fuerte discusión telefónica, que incluyó insultos por parte de Guillermo Moreno a una directora de compras de AySA, quien lo llamó para decirle que si no autorizaba la importación del sulfato de aluminio, millones de personas se quedarían sin agua potable.

Solo la intervención posterior del expresidente de la empresa permitió que esa partida saliera de la Aduana. Otro argumento contra los que abogan por la sustitución del PAC por el sulfato de aluminio (además de ciertas consideraciones técnicas) es que no hay grandes proveedores locales y habría que recurrir nuevamente a la importación del producto.

Durante 2016, el gobierno de Mauricio Macri intentó, sin éxito, desarrollar proveedores locales para hacer competir a la empresa de Filiberti. No lo logró por las fuertes inversiones que el negocio requiere y, sobre todo, porque las ventas dependerían casi exclusivamente de eventuales compras de AySA o de ABSA, las únicas dos grandes empresas de agua y saneamiento de la Argentina. Otra crítica es que se estaría comprando un 50% más de coagulante que en tiempos de Aguas Argentinas. En esa época, la empresa tenía dos grandes plantas potabilizadoras y servía a la Capital Federal y 17 municipios del Conurbano.

Hoy cuenta con tres plantas potabilizadoras y da servicio a CABA y 26 municipios. Nadie lo dice. En apenas un día, dos grandes casos de incomunicación empresaria. El silencio no es negocio, sostendría otra vez Borrini, con una mueca de "te lo dije”. Pero a
pesar de las evidencias, las empresas no hacen caso. Habrá que ver por qué.

* Diego Muñiz, Consultor en Comunicación, ex vocero y director de Comunicaciones de AySA (2017-2019)