Cristina Fernández de Kirchner, con la mirada en Casación
Antes de la feria de verano se cumple el plazo ordenatorio para que la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva los planteos de las partes en dos causas en las que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue sobreseída y espera que se confirme lo decidido por los Tribunales Orales 5 y 8 respectivamente. Esto no significa que los fallos puedan salir en lo que resta de 2022. Pero la atención está puesta ahora en lo que se resuelva.
Hablamos de las causas Memorándum con Irán y Hotesur / Los Sauces, cuyas audiencias se desarrollaron en el mes de noviembre y en las que los jueces Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone dieron lugar a que las partes se expresen oralmente o por escrito.
En una de ellas, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en las causas Hotesur / Los Sauces para que sean enviados a juicio oral, al rechazar la decisión del Tribunal Oral Federal 5 que en noviembre del año pasado sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito sin realizar el debate oral.
En mayo de este año Villar sostuvo la apelación presentada por su colega Diego Velasco y en el escrito presentado en aquel momento ante Casación dijo que "no hay ninguna prueba nueva que habilite analizar la posibilidad de un sobreseimiento" sin la realización del debate, por lo que solicitó “descalificar el fallo y ordenar la continuidad del presente hacia el juicio oral”. Asimismo manifestó que los dos jueces que decidieron que no se llegue al juicio oral, buscaron "cerrar la causa" sin "fundamentos" y dictaron una sentencia “arbitraria”, al tiempo que señaló que debe revertirse la resolución por errónea aplicación de ley penal y procesal penal y pidió el apartamiento de Daniel Obligado y Adrián Grunberg.
Las defensas por su parte pidieron confirmar lo resuelto por el Tribunal. Tal vez se trate de una de las causas que más preocupa a la vicepresidenta, porque los nombres de sus hijos aparecen en el expediente. Aunque probablemente el mismo terminará en la Corte Suprema.
En tanto en la causa Memorándum con Irán, sólo los abogados querellantes por familiares de víctimas del atentado a la AMIA y los de la DAIA pidieron que se revoquen los sobreseimientos dictados por el Tribunal Oral Federal 8 el 7 de octubre de 2021 en favor de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Eduardo Zuain, Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil y Allan Bogado, haciéndolo extensivo a quien en vida fuera Héctor Timerman. Los jueces consideraron que no existió delito.
En este caso el fiscal ante Casación Javier De Luca no sostuvo el recurso de su par ante los Tribunales Orales Marcelo Colombo, que había sostenido que debe realizarse un juicio oral. Las defensas pidieron confirmar lo resuelto por el TOF 8.
Con ese telón de fondo, la condena recibida por Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad también tendrá el mismo destino. Luego de que se conozcan los fundamentos el 9 de marzo de 2023, las partes estarán en condiciones de apelar lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 2. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola anunciaron que apelarán la decisión porque sostienen que hubo una asociación ilícita. “Ansiamos que, a partir de este caso emblemático, se siga construyendo una mayor conciencia ciudadana y se continúe fortaleciendo la Justicia como poder independiente del Estado", dijeron tras las condenas y algunas absoluciones.
A la vez que consideraron que “esta sentencia trascendental cumple con el objetivo de conocer la verdad real, restaurar la Justicia, restablecer el equilibrio social e institucional violentado y recomponer el Estado de derecho, severamente dañado por los abusos, las arbitrariedades y los actos de corrupción cometidos en la contratación pública durante 12 años”.
Mientras tanto la vicepresidenta, tras escuchar su condena y al hablar por redes sociales, sostuvo que “esto es más simple. No es Lawfare, ni Partido Judicial, es un Estado paralelo y mafia judicial". Ella seguirá insistiendo con esa teoría y con la idea de que buscan estigmatizarla y proscribirla.
Lo cierto es que el foco está puesto en Casación, en la sala IV, que en los próximos días deberá resolver también si confirma o revoca las condenas de la causa conocida como “ruta del dinero K”, en la que uno de los delitos precedentes fue el de las irregularidades en la obra pública que involucra nada más ni nada menos que al empresario santacruceño Lázaro Báez, la misma sala que revisará Vialidad.