Sergio Massa busca reavivar el blanqueo de capitales, pero no le será fácil

Pese a que parece un tema perdido, el Ministerio de Economía hará un nuevo intento. La gente del ministro Sergio Massa intentará que el proyecto de ley de blanqueo de capitales vuelva a la agenda legislativa; y que, pueda ser tratado (y obviamente aprobado) durante el primer semestre del año.

Según la visión del Palacio de Hacienda, hasta septiembre hay tiempo para aprobar el régimen, mes en el que el acuerdo de intercambio de información financiera con los Estados Unidos (el teórico justificativo del proyecto) comenzaría regir. Y cuando el blanqueo de capitales debería comenzar a cerrarse.

El motivo de la insistencia es simple y claro. Un sistema de este tipo aportaría dólares a las reservas del Banco Central, el insumo indispensable para que la estrategia económica del gobierno de Alberto Fernández pueda funcionar. 

Para que el blanqueo sea posible, Massa quiere ponerse al hombro la iniciativa. Buscará a través de sus funcionarios implicados y conocidos varios, ponerse en contacto con la oposición legislativa y privados para avanzar en el tratamiento del proyecto; el que debía haberse aprobado en enero. Al menos así estaba negociado desde el oficialismo.

Sabe el ministro que todo se complicó en enero, cuando en las legislativas extraordinarias el paquete de proyectos se bloqueó por la negativa pública de Juntos por el Cambio (JxC) de tratar cualquier intención legislativa mientras el Gobierno nacional insista en el juicio político a la Corte Suprema.

Y que, en consecuencia, al cambiar el clima irrespirable entre el oficialismo y la oposición legislativa fue imposible que el blanqueo tenga prioridad legislativa. Finalmente las extraordinarias terminaron, comenzaron las ordinarias y no hubo mayores novedades de actividad en Diputados y el Senado.

Sólo la aprobación de la moratoria previsional, un proyecto que Economía no avalaba ni rechazaba por razones políticas, pero que complicó la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Precisamente, fueron con las negociaciones recientes con el organismo que se habló del refuerzo de las reservas, como combinación posible con la reducción de los ingresos por la sequía.

Tal como adelantó MDZ, el Ministerio de Economía se ofreció ya en enero ante el Ejecutivo y los legisladores del oficialismo para encabezar personalmente Massa y otros miembros del ministerio las negociaciones con la oposición. Se menciona cerca del ministro la buena relación con Cristian Ritondo (líder del bloque de JxC) para comenzar el diálogo.

Sin embargo, se sabe que se necesitaría la intervención pública de Martín Lousteau. El senador por la Ciudad de Buenos Aires dijo que “hasta que el juicio político contra la Corte no salga de la escena, nada se puede debatir con el Gobierno”, cerrando cualquier posibilidad de diálogo hasta que la embestida contra el máximo tribunal no se desmantele o pierda fuerza política, dos cuestiones que están lejos de acontecer.

La amenaza real que esto suceda pone en alerta a Economía y altera la estrategia de mediano plazo de Sergio Massa y su equipo económico. Hay un motivo contante y sonante. El Palacio de Hacienda contabiliza la posibilidad de conseguir unos U$S 3.000 millones de piso de recaudación para el llamado a regularización de capitales financieros y reales no declarados, en un proyecto que según los tiempos y estrategias de la cartera económica, debería estar activa, reglamentada y analizada por los eventuales contribuyentes interesados hacia fines de marzo.

Ante este panorama, Massa ampliará su estrategia. Saben en el Palacio de Hacienda que el blanqueo no sólo es un proyecto que tiene el aval de Economía y el FMI, sino que desde los Estados Unidos también hay mucho interés en que la exteriorización de capitales se active; antes que comience en septiembre de 2023 el acuerdo entre la AFIP y el IRS de Estados Unidos, y reglamentariamente (según las reglas de ese país).

Según los técnicos norteamericanos que intervinieron en las negociaciones, siempre antes del comienzo de un acuerdo de este tipo, debe ocurrir un período de apertura de capitales; el que, además, debe durar no menos de cinco o seis meses entre la apertura de los registros y sus cierres.

También sabe Massa que son varias las cámaras empresarias argentinas que también apoyan el llamado y están más que interesados en su aprobación lo más rápido posible. La idea que se evalúa entonces en el ministerio es tomar contacto con el gremialismo empresario y con representantes diplomáticos públicos y privados vinculados con los Estados Unidos, para que intervengan también en el pedido a la oposición de tratamiento y aprobación (no sin negociación y cambio del proyecto original), más allá de lo que suceda con el pedido de Juicio Político a la Corte.

Economía tiene un escollo en la estrategia de sumar a los representantes privados al debate por el blanqueo. Tampoco las cámaras están cómodas con el embate del oficialismo ante la Corte. Algunas, incluso, lo hicieron público a través de comunicados distribuidos a los medios, donde se relaciona el pedido de juicio político al máximo tribunal con un atentado a las instituciones y una embestida que atenta contra la confianza institucional y, en consecuencia, el buen clima para las inversiones.

Recuerdan, además, en Economía que casi la totalidad de los privados, casi sin excepción, se mostraron contrarios a la decisión (luego recalculada por el propio presidente) de no aceptar el fallo de la Corte de restituir el dinero por la coparticipación a partir del conflicto entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. En síntesis, está claro que las cámaras empresarias y las embajadas más importantes, no se sienten cómodas con las embestidas del oficialismo presidencial y el kirchnerismo ante la Justicia.