El juicio político a la Corte Suprema, un boomerang para los legisladores

Luego de escuchar las acusaciones y el caluroso debate que se dio en el seno de la Comisión de Juicio Político para avanzar contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no podemos más que recordar aquella vieja embestida de Néstor Kirchner durante su presidencia que terminó con la renuncia de tres ministros de la Corte, y la remoción, mediante juicio político, de otros dos.

En un nuevo intento de Alberto Fernández por emular a su viejo jefe, el presidente sueña con lograr los mismos resultados que aquel. Sin embargo, debería darse un baño de realidad: así como los miembros de ambas Cortes no son lo mismo -recordemos que a los primeros se los conocía como los de la “mayoría automática”-, Alberto no es Néstor, las condiciones coyunturales no son las mismas de aquel entonces, y debe tomar conciencia de que no ha dejado de recoger fracasos en sus intentos de condicionar a la justicia.

Con 16 miembros de 31, el oficialismo tiene garantizado el “operativo desgaste” ante la Comisión de Juicio Político que ya fijó varias reuniones a fin de evaluar la “admisibilidad” del proceso. En pleno año electoral, podrá montar allí un show por tiempo indefinido que servirá de cobertura y distracción de los verdaderos problemas de los argentinos como los altos niveles de inflación, o el aumento de la pobreza y de la inseguridad, por solo nombrar algunos. Sin embargo, el oficialismo nunca llegará a los dos tercios necesarios en diputados para iniciar formalmente el juicio mediante la acusación ante el Senado.

Esta afirmación se sustenta en los números duros que no tiene el oficialismo en Diputados, pero también, en las razones de derecho que todos los diputados, incluidos los oficialistas, deberían evaluar al momento de votar si no quieren quedar incursos en causales de responsabilidad por mal desempeño al avanzar en contra de la ley. 

Los legisladores, como todos los funcionarios públicos, son responsables de las decisiones que toman. Votar a favor del inicio de un juicio político abiertamente contrario a lo que manda nuestra Constitución y las leyes, puede volverles en contra como un boomerang.

El artículo 53 de la Constitución, establece tres causales taxativas de juicio político: el mal desempeño,  la comisión de crímenes comunes o delitos en el ejercicio de las funciones. No existen otras causales. Avanzar por fuera de tales causales podría abrir la puerta a planteos de responsabilidad personal contra los diputados. Responsabilidad política, penal y hasta patrimonial. Basta recordar el fallo "Aguirre Roca" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dónde se le ordenó al gobierno de Fujimori no solo restablecer en sus cargos a los miembros de la Corte peruana sino a  reparar "integral y adecuadamente” a los magistrados.

Tengamos en cuenta que el oficialismo, para impulsar el juicio político, cuestiona, en primer lugar, el contenido de diferentes sentencias dictadas por la Corte Suprema.

Respecto de los jueces, se ha explicado que el mal desempeño implica una “actuación al margen de la razón, prudencia, discernimiento y buen juicio”, cuando “se pueda presumir que la opinión dada no corresponde al leal pensamiento del magistrado, sino que ella es interesada por pasiones o intereses económicos u otra razón que desvirtúe la magna función de impartir justicia".

Sin embargo, las cuestiones dudosas o las interpretaciones posibles dentro de un conjunto de opciones racionales de acuerdo con las pautas antes mencionadas integran el margen de libertad y consiguiente discrecionalidad propias de la función de juzgar.

Así, la pretensión de cuestionar en el ámbito de un juicio político las decisiones jurisdiccionales adoptadas por la Corte conforme a su leal saber y entender, implica una intromisión en funciones propias y exclusivas de otro poder y resulta violatorio de los principios constitucionales de división de poderes y de independencia judicial.

Si bien el juicio político pertenece a los mecanismos constitucionales de control parlamentario sobre las restantes Autoridades de la Nación, dentro del sistema de pesos y contrapesos, ello no implica constituir al Congreso en una nueva instancia de revisión de las decisiones judiciales. Si así fuera, se ubicaría por encima de la propia Corte Suprema, lo cual vulneraría lo prescripto en unos cuántos artículos de la Constitución.

Según normas internacionales del Derecho, en un Estado democrático, ni el parlamento ni ninguna instancia gubernamental puede tratar de influir indebidamente en las decisiones de la justicia. Esto no es para cuestionar la potestad del control parlamentario sino para ordenar sus alcances y así evitar que las mayorías circunstanciales parlamentarias tengan facultades de sometimiento, hostigamiento y persecución política. 

Por otro lado, el kirchnerismo pretende imputar a los ministros de la Corte otras causales, como supuestas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial -cuya responsabilidad fue desestimada por el fiscal que intervino- o la supuesta filtración de chats entre un colaborador del Dr. Horacio Rosatti y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, fruto de operaciones ilegales de inteligencia.

En síntesis, avanzar con el proceso de juicio político impulsado por el gobierno implicaría una desviación de poder, es decir, el ejercicio de competencias o potestades públicas para fines u objetivos ilegítimos. No es que sea la primera vez que lo intentan, pero esta vez se les puede volver realmente en contra.

*Jimena de la Torre es Consejera de la Magistratura de la Nación