El Gobierno encara la negociación final del 2022 con el FMI, "orejeando" el 2023

El Ministerio de Economía  encarará desde este lunes en Washington la última fase de fiscalización de los números de la economía argentina durante el 2022, para que (seguramente), durante los primeros días de marzo se reúna el Board del Fondo Monetario Internacional (FMI) y apruebe las metas del año pasado del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente.

En la sede del organismo que conduce Kristalina Georgieva se debatirá, básicamente, que el país haya cumplido en tiempo y forma las metas de un déficit de 2,5% durante el año anterior, una emisión máxima del 0,8% y un aumento de las reservas en el Banco Central de no menos de US$ 4.800 millones.

Como los resultados fueron un desequilibrio fiscal del 2,4%; la emisión se mantuvo en el 0,8% y las reservas al 31 de diciembre pasado contabilizaron los US$ 5.200 millones; se especula con que no habría problemas en recibir la aprobación del 2022. 

El equipo de Massa que viaja esta noche a Washington lleva además un dato extra, sobre el comienzo del 2023, en cuanto a la evolución del gasto público. Según la información que se elaboró en el despacho del viceministro Gabriel Rubinstein, el panorama fiscal del arranque del año fue el siguiente: 

• En la primera semana de febrero cayó 24,3% contra el mismo período del 2022 y se ubica en el nivel más bajo desde la llevada de Sergio Massa al ministerio. 

• En los primeros siete días de febrero, el gasto primario se desplomó 41,4% con relación a la última semana de enero; con ajustes concentrados en la obra pública y las asignaciones familiares y por hijo.

Números sobre la mesa

Esta información apuntaría a mostrarle a los hombres y mujeres del FMI que el compromiso del 1,9% firmado con el FMI, está en sintonía con el arranque del año; sabiendo desde el Palacio de Hacienda que se trata de la meta más importante de las tres comprometidas con el organismo para que se cumplan, sí o sí.

El compromiso de Massa y Rubinstein ante el FMI es mostrarle al organismo que la política de ajuste del gasto se mantendrá en la misma línea durante todo el primer semestre del 2023; y que el resultado del desequilibrio entre ingresos y gastos se mantendrá por debajo del 1% durante ese período.

Seguramente, el Fondo aceptará las explicaciones y tomará como válidas las promesas que el oficialismo hará en Washington y recomendará sin mayores problemas seguir avalando la estrategia fiscal oficial. El tema complejo será cuando se debata el segundo semestre del año, período donde estacionalmente el nivel de gasto aumenta.

Situación que por razones obvias se complicará por ser año electoral; donde, en palabras del propio oficialismo, se juegan "dos modelos". El equipo económico considera que habrá margen para negociar con el FMI; ya que el crecimiento de la economía criolla superará este año el 2% comprometido ante el organismo (y el Presupuesto Nacional), y llegaría al 3%.

Esto le otorgaría mayor margen de maniobra en el momento de conseguir fondos para la campaña, aplacando las lógicas futuras y potenciales iras de la gente del FMI. 

Un punto más de crecimiento implicaría una libertad mayor de maniobra en cuanto a las dos primeras metas comprometidas con el organismo, y que fueron ratificadas en las últimas horas durante la misión que los funcionarios del organismo mantuvieron hasta el lunes de la semana pasada en Buenos Aires.

Los límites del acuerdo

Tanto el nivel de déficit fiscal de 1,9% para todo el año como el límite de emisión monetaria de 0,6% para el 2023 son metas que deberán respetarse a rajatabla, y que no podrán ser renegociadas bajo ninguna circunstancia durante todo el ejercicio. Para el FMI se pueden discutir condicionalidades y objetivos, pero no las metas firmadas el 25 de marzo del año pasado.

"Bajo ninguna circunstancia, según lo que la número dos del Fondo, Gita Gopinath, se lo dejó en claro en persona a Sergio Massa en el último encuentro que ambos mantuvieron en Washington en octubre del año pasado.

Sin embargo, y como se trata de dos variables atadas a la evolución del PBI; si el crecimiento del producto durante el 2023 es superior al 2% pactado con el organismo para este año; no habrá restricciones desde el Fondo para que el Gobierno disponga de la mayor recaudación proveniente de ese crecimiento extra, ni del mayor volumen potencial de emisión, siempre que se cumplan con el 1,9% de déficit fiscal y el 0,6% de emisión. En el primer caso, se podrían disponer de unos $1.000 millones extra, mientras que en el segundo caso, podría haber una emisión de unos 500.000 millones adicionales.

Para Economía esto es absolutamente factible, ya que se espera que el crecimiento para el año supere el 2% pactado; y que llegue al 3% final. Se recuerda en el Palacio de Hacienda que en realidad ese 3% era el porcentaje original calculado en el momento en elaborar las variables fundamentales del proyecto de ley de Presupuesto Nacional; pero que por cuestiones de prudencia fiscal, financiera y monetaria (y para que tenga mayores probabilidades políticas de ser aprobado en el Congreso Nacional), se eligió la vía de la prudencia y reducir en un punto porcentual la proyección de evolución del crecimiento.

Así, el 2% final fue una decisión casi personal de Sergio Massa, en el momento de cerrar los números y porcentajes del proyecto que se envió luego al Congreso. Finalmente, con la ley ya aprobada con cierto aval político de la oposición (algo utópico de pensar hoy), el número final fue negociado con el FMI para las primeras proyecciones para el 2023.

El Fondo lo avaló y los cálculos que hoy se manejan y negocian entre las partes para discutir el ejercicio 2023 parte del nivel de crecimiento de 2%, sin que los técnicos del organismo pongan en discusión que debe decidirse si el porcentaje crece más de lo ya cerrado.