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Argentina y los fondos buitres se enfrentaron con dureza

En la audiencia realizada en los tribunales de Nueva York, ambas partes argumentaron sus posiciones y se criticaron fuertemente.
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Finalmente, terminó la audiencia ante la justicia estadounidense, en la cual Argentina y los fondos "buitre" que exigen el cobro de bonos en default se enfrentaron con dureza y cruce de críticas.

La reunión en el Tribunal Federal de Apelaciones de Nueva York duró alrededor de dos horas y veinte minutos y ambas partes asestaron golpes a su adversario y por otra parte recibieron incisivas preguntas provenientes del panel de tres jueces, cuya sentencia definitiva demoraría hasta algunos meses.

El vicepresidente argentino, Amado Boudou, y al ministro de Economía, Hernán Lorenzino, estuvieron presentes en la audiencia, que atrajo a unas 200 personas (50 en la sala principal y otras 150 en otra sala que siguieron los debates a través de una pantalla), en una cifra poco usual para estos casos, según consignó La Nación.

"Argentina no va a ir más allá de sus políticas. Los gobiernos no pueden ser forzados a hacer algo que viola de manera fundamental sus principios", dijo el abogado defensor Jonathan Blackman, advirtiendo a los jueces que la administración de Cristina Kirchner no aceptará un fallo que beneficie a los fondos de riesgo, pero que está dispuesta a reabrir un canje como los de 2005 y 2010.

Por otro lado, el letrado de NML Capital y Aurelius Capital, Theodore Olson, afirmó que Argentina "nunca" buscó negociar y recordó las palabras de la presidente del año pasado: "A los fondos buitre, ni un dólar".

Los bonistas que canjearon sus títulos, agrupados en el Exchange Bondholders Group (EBG), y el Bank of New York Mellon (BoNY), encargado de los pagos de nuestro país, participaron en la audiencia como "interesados no parte", instando a los jueces a no afectarlos con el fallo que provoque un segundo default del país.

NML Capital y Aurelius Capital esperan que el tribunal ratifique la sentencia actualmente en suspenso del juez federal Thomas Griesa que obliga a Argentina a pagar 1330 millones de dólares de capital e intereses adeudados desde 2001. El magistrado les reconoció el pari passu (tratamiento equitativo), por el cual deben recibir el mismo trato que los tenedores de bonos canjeados a la hora de cobrar lo que se les debe.

Este fallo, avalado por el Tribunal de Apelaciones, mantuvo el peligro de que Argentina declare un default técnico. Pero el país apeló y logró la suspensión de la orden hasta que se dicte la sentencia definitiva.