Rodolfo Suarez pide celeridad a Alberto Fernández por Portezuelo y blanquea el “Plan B”

El gobernador mendocino Rodolfo Suarez presentó este martes los fundamentos y antecedentes de la postura provincial ante el proceso de laudo que solicitó al presidente Alberto Fernández para la concreción de Portezuelo del Viento. En la carta, el mandatario local pidió celeridad en la resolución de la disputa entre Mendoza y el resto de las provincias del COIRCO. Asimismo, explicitó el requerimiento de una autorización nacional para usar los 1024 millones de dólares en otras obras, en el hipotético caso de un fallo desfavorable contra la provincia.

Suarez mostró todas las cartas de Mendoza en la que pretende que sea la apuesta final para la realización de la represa hidroeléctrica proyectada en Malargüe. Con el patrocinio letrado del asesor de Gobierno Ricardo Canet y el fiscal de Estado Fernando Simón, expuso los antecedentes y fundamentos jurídicos de la provincia, ante el procedimiento de laudo presidencial que se activó semanas atrás.

En concreto, el presidente Fernández debe arbitrar en la disputa que enfrenta a Mendoza con las otras cuatro provincias del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO). La Pampa requirió en 2020 un nuevo estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca antes de avanzar con la construcción de Portezuelo. Obtuvo el acompañamiento de Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, mientras que Mendoza se opuso, entendiendo que los evaluación técnica y ambiental ya fue realizada y que este nuevo paso dilataría por años la concreción de la represa. Por este motivo solicitó un laudo presidencial para resolver el conflicto.

En el marco de esta pulseada Suarez presentó en las últimas horas los detalles de la postura mendocina ante el Jefe de Estado. Además de resumir el largo derrotero que ha tenido el proyecto hidroeléctrico, sostiene que debe ratificarse el laudo del expresidente Mauricio Macri que permitía avanzar con la construcción y solicita la máxima celeridad en la emisión del nuevo laudo.

Argumenta que, ante un contexto de crisis económica y energética que atraviesan el mundo y Argentina, la obra favorece la creación de empleo genuino y la generación de energía.

Asimismo, el gobernador mendocino explicita la intención del Gobierno provincial de avanzar con un “Plan B” en la utilización de los 1024 millones de dólares que hoy por hoy están asignados para Portezuelo, ante un eventual fallo desfavorable de Fernández. Se trata de algo de lo que se viene hablando desde hace bastante tiempo y por primera vez el mandatario lo plantea formalmente ante la Nación.

Fundamentos detallados

En el texto presentado, Mendoza pide que se reafirme la vigencia del Acta N.º 70 del COIRCO donde quedó asentado el laudo del presidente Macri de enero de 2018 y advierte que “cualquier decisión contraria a esta postura torna de imposible ejecución la obra Portezuelo del Viento”.

Por otra parte, “solicita al Sr. Presidente de la Nación en su carácter de árbitro, la máxima celeridad en la emisión del laudo requerido, toda vez que el proyecto Portezuelo del Viento se encuentra en condiciones de ser adjudicado, luego de tramitar un largo proceso licitatorio”.

En este sentido, el documento elaborado por la provincia argumenta que “la adjudicación e inicio de la obra implica en lo inmediato activar la creación de empleo genuino, pero fundamentalmente la generación de energía hidroeléctrica, crucial en el mundo que vivimos, con lo cual sin lugar a dudas es un aporte para evitar el calentamiento global y la reducción del uso de energías no renovables y altamente contaminantes”.

Pero uno de los puntos más significativos es que Suarez deja asentado que Mendoza tiene la intención de que los recursos que hoy están comprometidos para Portezuelo no queden inmovilizados y se puedan inyectar inmediatamente en otras obras, ante un fallo desfavorable a la provincia.

Concretamente postula que en el hipotético caso de que el laudo resulte contrario a la postura mendocina o que el Presidente considere que hay que realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional, solicita que se autorice a la Provincia a construir otras obras de generación de energía y también aquellas que permitan ampliar la capacidad productiva. Esto se debe a que el convenio firmado con Nación para envío de los 1024 millones de dólares establecía que los recursos solo se podía destinar a Portezuelo y a otras obras hídricas.

“Para el hipotético caso de que el laudo resulte contrario a lo peticionado por esta parte o que el Sr. Presidente entienda que hay que realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental Regional (…) solicitamos en ambas hipótesis autorice a la Provincia de Mendoza la construcción de obras de generación de energía así como las que permitan ampliar la capacidad productiva, optimizando el uso del agua u otras obras que persigan la misma finalidad, ello sin perjuicio de hacer reserva de avanzar en la concreción de otras obras hídricas según contempla el Acuerdo vigente según el Decreto Nacional N° 519/19 y la Ley Provincial 9170”, expresa el texto.

En tanto, sostiene que la realización del nuevo estudio implicaría “una dilación sin sentido” y traerá aparejado “la inmovilización de los fondos” con el grave perjuicio que eso significa.