La maldición que puede resurgir con la eliminación de una ley: la famosa leyenda

Ese padrinazgo no quedaba solo en un gesto ceremonial. La norma también reconocía una ayuda educativa para el ahijado o ahijada presidencial. Según los fundamentos del proyecto de Ley Hojarasca, toda persona apadrinada por el titular del Poder Ejecutivo Nacional tenía derecho a que el Estado asegurara la realización gratuita de sus estudios primarios, secundarios, universitarios o especiales en establecimientos oficiales.

Ese punto es uno de los argumentos que ahora usa el Gobierno para impulsar la derogación. En el proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la ley perdió sentido práctico porque la educación pública ya es gratuita en Argentina y porque existen otras políticas de asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo. De todos modos, el texto aclara que las personas que ya sean beneficiarias de la Ley 20.843 podrán optar por mantener esos beneficios.

La historia detrás de esa norma es mucho más antigua que su sanción. El origen de la costumbre llegó al país con inmigrantes provenientes de Europa del Este. Para esas comunidades, el padrinazgo de una autoridad funcionaba como una protección simbólica frente a la creencia de que el séptimo hijo varón podía convertirse en lobizón y la séptima hija mujer podía quedar asociada a la figura de una bruja.

El primer ahijado presidencial y el mito del lobizón

En Argentina, esa costumbre empezó a tomar forma en 1907, cuando Enrique Brost y Apolonia Holmann, una pareja de alemanes del Volga radicada en Coronel Pringles, tuvieron a José Brost, su séptimo hijo varón. La familia conocía una tradición de la Rusia zarista, donde el zar apadrinaba a los séptimos hijos varones como una forma de protección simbólica frente al temor de que pudieran convertirse en lobizones.

Con esa referencia, Enrique Brost le escribió al presidente José Figueroa Alcorta para pedirle que continuara esa tradición en la Argentina. El mandatario aceptó el pedido y así nació el padrinazgo presidencial en el país. La ceremonia se realizó el 20 de octubre de 1907 en la Iglesia Santa Rosa de Lima, en Coronel Pringles. Como el presidente no asistió personalmente, fue representado por una autoridad local.

A partir de ese primer caso, la práctica se mantuvo durante décadas y dejó de ser solo una costumbre familiar o religiosa. Con el paso del tiempo, el padrinazgo presidencial quedó incorporado a la vida institucional argentina hasta que, en 1974, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, esa tradición fue convertida en una ley nacional.

Diputados avanzó con su derogación

En los fundamentos de la Ley Hojarasca, el Poder Ejecutivo incluyó a la Ley 20.843 dentro del grupo de normas superadas por leyes posteriores o por cambios sociales. Para el Gobierno, la gratuidad educativa que garantizaba el padrinazgo ya no justifica la existencia de una norma especial para un grupo determinado de personas.

La del padrinazgo presidencial no es la única ley llamativa que aparece dentro del paquete. El proyecto también apunta a eliminar normas antiguas o curiosas, como la llamada ley de los azotes, dictada en el siglo XIX; el carnet de mochilero, que regulaba beneficios para quienes viajaban de esa manera; o el registro de palomas mensajeras, vinculado a competencias de colombofilia.

También figuran leyes relacionadas con descuentos para artistas teatrales, la definición oficial de qué géneros eran considerados “música argentina”, controles estatales sobre mapas y publicaciones, normas sanitarias antiguas sobre lepra y viruela, regulaciones sobre televisión color, microfilms y hasta sorteos del INCAA para entradas de cine.

Con ese criterio, el Gobierno busca depurar el marco legal y quitar normas que considera viejas, sin uso real o reemplazadas por legislación posterior. En ese grupo quedó incluida la ley de padrinazgo presidencial, una de las más conocidas por su origen ligado al mito del lobizón y a la tradición del séptimo hijo varón o la séptima hija mujer.