Vuelven las clases públicas: la UBA protestará frente a Tribunales por la Ley de Financiamiento Universitario

En medio de una escalada en el conflicto por el financiamiento del sistema educativo superior, docentes, estudiantes y autoridades universitarias llevarán adelante este martes 26 de mayo una jornada de clases públicas frente al Palacio de Tribunales. La medida busca elevar la presión sobre la Corte Suprema de Justicia para que se expida de forma definitiva sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795).

La actividad se desarrollará de 11:00 a 17:00, frente al Palacio de Tribunales. Entre los protagonistas más destacados, se espera que, a partir de las 15:00, participen figuras como la abogada Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El conflicto por la ley de financiamiento universitario

La tensión entre el Gobierno Nacional y la comunidad universitaria alcanzó niveles máximos tras meses de desencuentros:

• La Ley Judicializada: Aunque la Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso, el Poder Ejecutivo ha optado por suspender su aplicación mediante decretos y apelar los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento, argumentando la necesidad de mantener el "equilibrio fiscal" y cuestionando la falta de especificación en la fuente de financiamiento de los gastos operativos y salariales.

• Paro general: El reclamo se enmarca dentro de un plan de lucha nacional que incluye una huelga general docente y no docente de una semana, motivada por la falta de convocatoria a paritarias y el deterioro de los salarios reales del sector, muchos de los cuales se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

• Situación operativa: Las universidades reportan un desabastecimiento crítico y fallas en infraestructura debido a la falta de asignación presupuestaria oficial, una situación que los gremios describen como "asfixia" del sistema.

¿Qué se espera de la Corte Suprema?

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó documentación ante la Corte Suprema, que actualmente se encuentra en condiciones de dictar un fallo definitivo. La jornada de clases públicas frente a los tribunales busca visibilizar el reclamo ante los magistrados, mientras la comunidad educativa sostiene que el ajuste actual —estimado por diversos sectores en un 45,6% frente a 2023— pone en riesgo el funcionamiento del sistema público nacional.