Una entidad internacional condenó el decreto de Javier Milei que limita el derecho a huelga
Se trata de Internacional de la Educación que le pidió al Gobierno argentino que retire el decreto que incluye a la educación argentina como actividad esencial.
La IE expresa que el Gobierno Nacional con estas medida pone en peligro la educación pública y los derechos de quienes la apoyan.
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El comunicado oficial de la Internacional de la Educación sobre los decretos de Javier Milei.
Captura de pantallaTras el decreto emitido por el Gobierno de Javier Milei, la entidad Internacional de la Educación (IE), que tiene su sede principal en Bélgica, comunicó su rechazo ante la resolución 340/25. Este incluye a la educación argentina como servicio esencial.
Este decreto tiene como punto distintivo la limitación del derecho de huelga del profesorado y otros sectores públicos, a partir de que la educación fue declarada como servicio esencial en la Argentina. Es sobre este eje que la Internacional de la Educación condena la medida de Javier Milei.
Por otra parte, la IE, quien es presidida por el sudafricano Mugwena Maluleke, y quien reúne a sindicatos de docentes y otros trabajadores de la educación de todo el mundo, con 375 organizaciones adheridas en alrededor de 180 países, rechazó además la actualización del artículo 10 de la Ley 26.075.
Sobre este último dato, el objetivo del Gobierno Nacional se centra en ponerle fin a la participación del Estado en las negociaciones sobre el salario mínimo docente.
Qué dijo la IE sobre las resoluciones de Javier Milei
Ante los rechazos a las resoluciones del Gobierno de Javier Milei, la IE comunicó en su página web: “Nos solidarizamos plenamente con nuestras organizaciones afiliadas en el país: la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP)”.
En específico sobre el decreto 340/25 argumentaron en su condena: "Estas decisiones, que forman parte de la agenda regresiva de la administración de Javier Milei, representan un grave retroceso para los derechos laborales del profesorado en Argentina y socavan gravemente la cohesión social y la justicia en el país".
Por último, finalizaron el comunicado expresando que el Gobierno nacional con estas medida pone en peligro la educación pública y los derechos de quienes la apoyan.


