Un adolescente reducido por un vigilador, una investigación, la ley vigente y el reparto de culpas

El caso del adolescente agredido brutalmente por un personal de seguridad del salón de fiestas Desert Gala, durante un cumpleaños de 15 el sábado por la noche, sigue generando conmoción en la ciudadanía y la situación se trasladó a la Justicia tras la denuncia penal de su familia.

Inmediatamente, el ojo se posó en la actuación del efectivo que continuó sometiéndolo a una reducción, a pesar de que el menor había perdido el conocimiento minutos antes y se mostraba indefenso, según el relato público de su madre. En ese sentido, también fue puesto a consideración el marco de legalidad mediante el cual estaba operando la propia empresa y el empleado.

Según fuentes del Ministerio de Seguridad, organismo de control sobre las empresas privadas por intermedio de la Dirección de Seguridad Privada (DISEP), la empresa contaba con todos los papeles en regla.

Esto quiere decir que tanto la empresa se encontraba inscripta en el Registro Provincial de Prestadores de Seguridad Privada Humana, Interna y Tecnológica, como los empleados intervinientes estaban trabajando en blanco, legalizados y con las respectivas credenciales. De hecho, señalaron que la empresa es una de las que menos inconvenientes genera en materia de controles.

El video del adolescente reducido

Cómo debe hacer una persona para ser seguridad privada

En Mendoza, toda persona que se desempeña como seguridad privada en un evento o custodia específica debe obtener una licencia habilitante, que se emite tras la realización de un curso de formación.

Son siete los institutos y universidades habilitados por convenio con el Ministerio de Seguridad y Justicia, entre los que se encuentra el propio Instituto Universitario de Seguridad Pública de donde se egresan los policías, además de reconocidas casas de estudios como la Universidad del Congreso, Aconcagua y el Instituto Superior Juan Vucetich.

Para obtener la habilitación, los aspirantes deben aprobar el curso básico de vigilador y presentar la documentación necesaria, con requisitos básicos como la mayoría de edad y el certificado de antecedentes penales, entre otros. Tampoco se admite a personas que fueron exonerados de una fuerza pública.

La búsqueda de un responsable y cómo intervienen las instituciones

El caso que rápidamente causó conmoción expuso el accionar del efectivo. El coordinador de la Seguridad en el Desert Gala, Lautaro Ambrosio, intentó defenderlo y este lunes en declaraciones a MDZ Radio señaló que no se trató de una “brutal golpiza” y sostuvo que fue una “maniobra de reducción”.

Asimismo, denunció que el joven anteriormente había golpeado a un vigilador (adjuntando fotos de las posibles lesiones) y justificó que la intervención del efectivo se dio “dentro del ámbito de riesgo permitido”.

Sin embargo, el mismo día el vigilante fue imputado por el fiscal Gustavo Stroppiana por lesiones leves y la Justicia ya sigue de cerca la investigación. Deberá probar que el vigilador incumplió la ley al hacer un uso excesivo de la fuerza en su accionar.

Seguridad privada de Desert golpeado

La ley que rige este tipo de actividad es la 9.578 que en su artículo 26 explica qué debe cumplir en su labor el personal de seguridad privada. “Adecuarse a los principios de proporcionalidad, integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias, actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles”, señala.

Es justamente este criterio de proporcionalidad o razonabilidad el que está en tela de juicio y es al que hizo mención el representante en Mendoza de la Cámara Nacional de Seguridad Privada, Carlos Aldecoa, quien dudó acerca de que este guardia en específico lo haya tenido.

“No hay una justificación para seguir haciéndole algún tipo de daño a una persona que está imposibilitada de defenderse. Independientemente del origen de la situación”, señaló a MDZ Radio. “Estamos ante una disparidad de fuerza y queda claro que no hacía falta. No es necesaria la fuerza con una persona que ya está inmovilizada o reducida. Esa persona no es una amenaza”, agregó.

De hecho, señaló que la mayoría de los casos de conflictos en eventos de esta naturaleza se solucionan “con diálogos asertivos”. “Es muy raro que se llegue a una instancia en la que hay que aplicar la fuerza. Por eso las personas que estén a cargo de este tipo de fiestas deben estar dotadas de herramientas de negociación y persuasión, técnicas adecuadas y suficientes para afrontar este tipo de situación”, expuso.

Aldecoa aclaró que hay técnicas que se utilizan para la reducción que no son violentas y está en la responsabilidad del personal y de los protocolos de la empresa utilizarlas. Y este segundo punto es clave para continuar en la búsqueda de responsables.

Consultado al Ministerio de Seguridad acerca de si hay un protocolo legal y centralizado para el ejercicio de la actividad, fuentes dentro de la cartera lo negaron señalando que la seguridad se aplica a diferentes contextos situacionales que suponen diferentes tipos de acción, por lo que no se puede aplicar un protocolo único. Esto fue corroborado en la ley, lo que exculpa a la pata gubernamental en el caso, teniendo en cuenta que los controles sobre la empresa fueron realizados.

A propósito, la ley obliga a establecer un protocolo de acción para el vigilador, tarea que le encomienda a la figura de director técnico de cada empresa, quien es el responsable de redactarlo, y la empresa prestadora de implementarlo, así como su personal.

Será éste también el foco de análisis por parte de la justicia para determinar responsabilidades más allá del vigilador, a quien le impusieron una fianza 500 mil pesos para recuperar la libertad, prohibición de acercamiento a la víctima y la familia y la obligatoriedad de presentarse en sede judicial.