Uber, DiDi y Cabify: la Justicia porteña exige licencia profesional a choferes de apps

La disputa entre taxis y aplicaciones de viaje volvió a quedar en el centro de la escena judicial porteña. Un fallo de Cámara ordenó que los conductores que trabajan con plataformas como Uber, DiDi y Cabify cumplan con nuevas exigencias para operar en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión no implica una prohibición directa del servicio, pero sí marca un cambio de fondo. Para los jueces, mientras no exista una ley específica que regule esta actividad, las plataformas no pueden funcionar bajo reglas más flexibles que las exigidas a taxis y remises. El tribunal consideró que esa diferencia generó un desequilibrio entre prestadores que ofrecen, en los hechos, un mismo servicio: trasladar pasajeros a cambio de dinero.

Qué decidió la Justicia porteña

La Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad hizo lugar a un planteo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis, que desde hace años reclama mayores controles sobre las aplicaciones. El fallo sostuvo que el Gobierno porteño incurrió en una “omisión ilegítima” al permitir la convivencia de dos sistemas de transporte con cargas regulatorias muy distintas.

Uno de los puntos centrales de la sentencia es la definición jurídica de la actividad. Los conductores y usuarios de Uber habían planteado que se trataba de un transporte privado, regido por el Código Civil y Comercial, y no de un servicio sujeto a las normas del transporte público local. La Cámara rechazó ese argumento y entendió que las aplicaciones forman parte de una prestación de transporte de pasajeros. Para sostener esa mirada, también citó antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el rol de Uber como parte de un servicio global de movilidad.

Licencia profesional y seguros

A partir de ese encuadre, los choferes de plataformas deberán contar con licencia profesional y seguros específicos. La exigencia incluye cobertura para el vehículo, para el conductor, para los pasajeros y responsabilidad civil. Según el criterio de la Cámara, las aplicaciones no pueden operar en un vacío legal que les permita evitar estándares de seguridad que sí pesan sobre taxis y remises.

El fallo también dispuso medidas dirigidas al Gobierno de la Ciudad. Mientras persista el desequilibrio regulatorio, la administración porteña no podrá cobrar a los taxistas ciertos aranceles administrativos vinculados con trámites locales necesarios para operar regularmente. Además, deberá iniciar procedimientos para determinar y perseguir el cobro de Ingresos Brutos a las plataformas, ya que el tribunal consideró que desarrollan una actividad económica en la Ciudad.

El rol del Gobierno porteño

La sentencia cuestionó con dureza la postura del Gobierno porteño. Para los magistrados, hubo una conducta contradictoria: por un lado, se calificó a Uber como una actividad irregular o clandestina; por otro, se permitió su presencia y promoción en espacios públicos sin ejercer un control suficiente. En ese contexto, la Cámara ordenó fiscalizar la publicidad de las plataformas y realizar campañas para informar a los usuarios sobre los requisitos de habilitación y seguridad.

La Cámara aclaró, de todos modos, que no le corresponde al Poder Judicial legislar ni diseñar una política pública definitiva para las aplicaciones. Por eso, la equiparación de exigencias regirá mientras la Legislatura porteña no dicte una norma específica para la actividad. Si esa regulación llega, las condiciones impuestas por el fallo quedarán desplazadas por el nuevo marco legal. Hasta entonces, el mensaje judicial es claro: las plataformas podrán seguir operando, pero bajo controles más parecidos a los del resto del transporte de pasajeros.