Presión fiscal y Pymes: cuando las multas automáticas hacen que el sistema deje de ser justo

La reciente reforma del régimen sancionatorio tributario introducida por la Ley 27.799, lejos de corregir distorsiones, ha profundizado un problema estructural: la aplicación de multas automáticas desmedidas frente a incumplimientos meramente formales. Lo que se planteó como una actualización necesaria por inflación derivó, en la práctica, en aumentos que en algunos casos superan el 75.000%, afectando la razonabilidad del sistema.

Aplican multas automáticas

Hoy, una simple demora en la presentación de una declaración jurada puede implicar sanciones de cientos de miles de pesos, e incluso montos millonarios en incumplimientos informativos, aun cuando no exista perjuicio fiscal. Este punto es clave: estamos ante un régimen de naturaleza penal que debe respetar principios como la proporcionalidad, la razonabilidad y la culpabilidad, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. El impacto de este esquema es profundamente desigual. Las grandes empresas cuentan con estructuras que les permiten absorber estas sanciones o trasladarlas a precios. Las Pymes, en cambio, no tienen esa capacidad. Para muchas, una multa de este tipo no es un apercibimiento: es un riesgo concreto de cierre.

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El problema de fondo es la falta de graduación

Hoy se sanciona igual a un gran contribuyente que a una pequeña empresa o a un emprendedor, sin considerar capacidad económica, organización ni impacto fiscal. Este enfoque no solo es técnicamente incorrecto, sino también injusto. La solución no es eliminar sanciones, sino hacerlas justas. Es necesario avanzar en una ley que establezca criterios de graduación según el tamaño del contribuyente, contemple reducciones para infracciones formales sin daño fiscal e incorpore parámetros objetivos como facturación, ingresos y reincidencia.

Sin graduación, no hay equidad. Y sin equidad, el sistema pierde legitimidad. Corregir este desbalance no es solo una cuestión técnica, sino una decisión urgente para proteger a las Pymes y sostener el entramado productivo argentino.

* Elizabeth Piacentini. Empresaria – Movimiento Nacional Pyme.