Presentaron un proyecto para reemplazar el testeo en animales de productos cosméticos
La iniciativa fue impulsada por la diputada nacional Gabriela Luciana Mabel Muñoz (LLA) y cuenta con el acompañamiento de otros catorce legisladores.
La diputada nacional Gabriela Luciana Mabel Muñoz (LLA) impulsó en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina una iniciativa legislativa que propone reemplazar de manera gradual las pruebas realizadas con animales en el desarrollo y evaluación de productos cosméticos.
La iniciativa, denominada "Ley Nacional de Sustitución Progresiva del Testeo en Animales para Productos Cosméticos: Hacia una Industria Cosmética Libre de Crueldad Animal", lleva además la firma de otros catorce legisladores. El objetivo central es reemplazar las prácticas de experimentación con animales por métodos alternativos que cuenten con validación científica, en línea con las tendencias regulatorias que avanzan en distintos países y bloques regionales.
¿Qué propone el proyecto sobre el testeo en animales?
El artículo 2° establece la prohibición de realizar ensayos en animales sobre productos cosméticos terminados, sus ingredientes o combinaciones de ingredientes.
El texto contempla como métodos alternativos aquellos procedimientos destinados a reemplazar, reducir o refinar el uso de animales en las evaluaciones. Entre las herramientas mencionadas aparecen las técnicas in vitro, los cultivos celulares, la bioingeniería de tejidos, los modelos computacionales y los sistemas predictivos de toxicología computacional avanzada. Todas deberán contar con reconocimiento de organismos científicos y regulatorios, tanto nacionales como internacionales.
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¿La iniciativa prohíbe vender cosméticos testeados en animales?
El proyecto no restringe la fabricación, importación ni comercialización de productos cosméticos dentro del territorio nacional. El alcance de la propuesta se limita a las prácticas de experimentación realizadas en el país. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, esta delimitación busca evitar obstáculos innecesarios para la actividad privada y respetar los principios de libertad económica y seguridad jurídica.
¿Quién estaría a cargo de aplicarla?
La estructura institucional quedaría bajo una autoridad de aplicación, cuya determinación corresponderá al Poder Ejecutivo Nacional. Entre sus funciones estarán promover la validación y adopción de métodos alternativos, mantener actualizados los estándares científicos y coordinar acciones con universidades, laboratorios y organismos técnicos.